«Por mucho que se diga, lo sucedido las escuchas realizadas al empresario investigado Juan Miguel Villar Mir y a su abogado no son lo mismo que lo que sucedió con el caso de Baltasar Garzón en la investigación del comienzo del caso Gürtel. Y la diferencia es muy importante: En el de Garzón éste ordenó las escuchas a clientes y abogados en la prisión con el fin de conocer su información y sus estrategias. Manuel García Castellón se ha encontrado con ellas. No las buscó. Fueron fruto del azar. Y eso es muy importante porque indica que no hubo prevaricación«.
De esta forma explicaban a Confilegal, fuentes cercanas a la Audiencia Nacional su visión sobre la querella presentada contra el magistrado y el secretario judicial de ese Juzgado, por cuatro delitos, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
«Las intervenciones telefónicas se autorizan con el fin de descubrir quién ordenó el pago de una comisión ilegal, supuestamente en el extranjero. En ese proceso se mete el abogado telefónicamente y, como cliente y abogado no saben que están pinchados, hablan abiertamente del caso. Se estaría vulnerado ese derecho de defensa si esas escuchas sirvieran de prueba y desvelaran la estrategia de defensa. Y no parece ser el caso, porque, al parecer, han sido eliminadas», añaden.
«Siempre que en la fase de instrucción esas grabaciones desaparezcan y el tribunal enjuiciador, que será el que dicte sentencia, no se vea contaminado e influido por el conocimiento de esas escuchas, el proceso quedará preservado. García Castellón ha hecho su trabajo bien. No quería conocer las estrategias. Se las encontró sin querer. Por eso lo lógico es anular las escuchas en fase de instrucción, que es lo que se ha hecho», remachan.
