El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no abrirá de oficio una investigación por los comentarios de algunos magistrados sobre el procès vertidos en el chat interno del órgano de gobierno de los jueces, «porque la posible comisión de una falta disciplinaria está prescrita y porque los autores no están identificados«.
Así lo han explicado fuentes del CGPJ que también hacen referencia a que este tipo de faltas tienen un plazo de prescripción de seis meses.
Los comentarios intercambiados en el chat interno contra los políticos independentistas se publicaron cuando tuvo lugar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Las citadas fuentes han precisado que, en el caso de producirse una queja formal, el Consejo podría abrir diligencias para investigar si los hechos son motivo de acción disciplinaria, aunque en cualquier caso estarían prescritos.
Asimismo, defienden que los comentarios en dicho chat corporativo están amparados por la libertad de expresión y recuerdan que es privado, aunque consideran que «los jueces deben extremar la prudencia y mantener siempre una posición neutral».
Reacción unánime de las 4 asociaciones judiciales
El pasado 20 de septiembre, los representantes de las 4 asociaciones de jueces respondieron de forma unánime en un comunicado conjunto a las manifestaciones del presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, Quim Torra, en las que pedía la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial Carlos Lesmes tras conocer las opiniones vertidas por algunos jueces hace ahora un año.
Todos ellos calificaron de «desproporcionada» la reacción de Torra.
“El foro electrónico en el que se han volcado los mensajes aludidos no está sometido a ningún tipo de control ni censura por parte del Consejo General del Poder Judicial”, afirmaban desde la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco Vitoria, Juezas y Juezas para la Democracia y Foro Judicial Independiente.
Señalaban, al igual que lo hace ahora el CGPJ, que son correos electrónicos privados que, por lo tanto, “expresan la opinión personal de sus autores, y que por esta misma razón no comprometen al conjunto de la carrera judicial, y menos a los integrantes del órgano judicial que en la Sala Segunda del Tribunal Supremo debe enjuiciar el sumario instruido, quienes en ningún momento se han pronunciado en los mismos”.
“Absolutamente ninguna de las garantías inherentes al referido proceso resulta, ni remotamente, afectada por estos hechos. En todo instante, todos los implicados en ese proceso judicial cuentan con los derechos y garantías proclamadas en la Constitución así como en el resto de las leyes que la desarrollan”, añadían.
También recordaban que «los magistrados que hasta ahora han intervenido en el proceso aludido se han expresado a través de las resoluciones judiciales, susceptibles, en cada caso, de recurso de acuerdo con nuestro sistema procesal, facultad que los afectados han ejercitado libremente”.
Los líderes judiciales concluían destacando “el compromiso inequívoco del Poder Judicial español con la Constitución, y por lo tanto con los valores irrenunciables de independencia, imparcialidad y efectiva tutela de los derechos fundamentales e intereses legítimos de todos los afectados. Siempre desde la única sumisión a la ley y con pleno respeto a tales derechos fundamentales”.
