El CERMI plantea que las familias con alguna persona con discapacidad tengan deducciones en el IBI
El columnista es Abelardo Moreno Jiménez, director de la Asociación Neurolegal.

El CERMI plantea que las familias con alguna persona con discapacidad tengan deducciones en el IBI

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30/9/2018 06:15
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Actualizado: 29/9/2018 19:24
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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha presentado un documento con propuestas dirigido al grupo de trabajo interministerial para el desarrollo de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, creado por el Gobierno

También ha planteado al grupo de trabajo interministerial para el desarrollo de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler que encabeza el ministro de Fomento, José Luis Abalos, una serie de medidas para garantizar el derecho a una vivienda accesible y social, en la que las personas con discapacidad tengan las mismas oportunidades de acceso.

En materia de accesibilidad universal, el CERMI propone reformar la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de vecinos no se puedan negar a realizar las obras pertinentes en las zonas comunes para garantizar que las personas mayores o con discapacidad puedan entrar y salir de su hogar de manera independiente, como sucede en la actualidad si el coste de las actuaciones supera un determinado número de mensualidades de la cuota de la comunidad.

La entidad también reclama crear una bolsa de viviendas accesibles para que las personas que adquieran una discapacidad puedan residir en ellas mientras realizan las adaptaciones necesarias en su vivienda o encuentran una segunda residencia.

Asimismo, pide promover fórmulas de vida inclusiva que fomenten la desinstitucionalización de personas con discapacidad, permitiendo que entidades del ámbito de la discapacidad puedan utilizar viviendas encaminadas a que estas personas puedan vivir en ellas de manera autónoma, recibiendo para ello los apoyos necesarios.

De igual modo, la plataforma representativa de la discapacidad en España solicita llevar a la práctica la concesión de ayudas económicas para realizar adaptaciones en viviendas de personas en situación de dependencia, como prevé el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.

Hay que recordar que CERMI editó a finales del año pasado una Guía sobre Accesibilidad Universal a Edificios de Viviendas.

Una publicación que analizaba las diferentes obligaciones de las distintas administraciones públicas en esta materia.

A este respecto, en dicha publicación se indica que las personas con discapacidad y sus familias pueden explorar la posibilidad de solicitar y demandar a estas el cumplimiento de  las condiciones de accesibilidad en las edificaciones donde habitan.

Es el caso claro cuando los mecanismos establecidos para las comunidades de propietarios (relaciones civiles sometidas al régimen de propiedad horizontal) fracasan o son insuficientes para lograr la accesibilidad universal y así garantizar el derecho a una vivienda digna, que pasa pro que esta sea accesible.

En la citada publicación se analiza que administraciones pueden verse compelidas por la citada obligación

  • Por un lado, las Comunidades Autónomas, que deben regular sobre la materia del informe de evaluación de edificios y que deben crear o señalar un organismo que registre esos informes.
  • Y por otro, las Entidades Locales, principalmente los Ayuntamientos, que como administración más cercana a la ciudadanía, le corresponde el control y fiscalización del cumplimiento de esas obligaciones derivadas de los informes de evaluación en las comunidades de propietarios, por medio de las autorizaciones y licencias y en caso de incumplimiento con los mecanismos de sanción que correspondan.

Desde esta perspectiva, las personas propietarias de una vivienda en un inmueble en el que la accesibilidad no esté garantizada, pueden dirigirse a estas Administraciones e instarlas a cumplir con la normativa referida, con el fin de garantizar la accesibilidad universal en esos inmuebles de viviendas.

Y antela contestación (o el silencio) de la Administración, la persona interesada podrá utilizar los recursos que procedan en vía administrativa y en caso de persistir la discrepancia, y siempre que exista base de defensa, en vía judicial en la Jurisdicción contencioso-administrativa para la defensa de sus derechos.

Mejoras en la fiscalidad

En el capítulo impositivo, el CERMI insta a incorporar una deducción fiscal en el IRPF para las aportaciones realizadas por las familias o comunidades de vecinos que tengan que hacer reformas de adaptación de viviendas o zonas comunes para dotar de accesibilidad universal a estos espacios.

Además, en la regulación del impuesto de bienes inmuebles (IBI), la entidad plantea introducir una deducción para los hogares en los que resida una persona con discapacidad, así como una deducción durante cinco años tras la ejecución de reformas en una vivienda. Este último punto se debería aplicar también cuando las obras se realicen en zonas comunes por parte de la comunidad de vecinos.

En esta línea, el CERMI aboga por establecer en la regulación fiscal estatal de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados un repertorio de exenciones, bonificaciones o deducciones cuando la adquisición la realice una persona mayor o con discapacidad, o una familia que cuente con un miembro de estas características.

Por otro lado, el CERMI apuesta por incorporar en la Ley de Arrendamientos Urbanos el principio general de no discriminación en sentido amplio (incluidos expresamente los motivos de discapacidad o edad), pues se dan casos de que no se acepta a personas con discapacidad o mayores como arrendatarios de viviendas por temor del arrendador a tener que realizar obras o actuaciones de accesibilidad si alquila esa vivienda a estas personas.

En este sentido, pide establecer la obligación del arrendador de llevar a cabo las actuaciones de accesibilidad solicitadas por el arrendatario con discapacidad o mayor que las precise por causa de discapacidad sobrevenida, siempre que exista ayuda pública para tales fines que sufrague al menos el 70 % del coste.

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