Laura Cánovas, especialista en Educación Especial y funcionaria en prácticas tras superar una oposición para personas con discapacidad, ha sido cesada por el Gobierno de Canarias. La Dirección General de Personal y Formación del Profesorado justificó su decisión, emitida el 27 de noviembre de 2024, en un informe médico que la declaró “no apta” para el puesto por su condición de persona sorda, sin valorar ajustes razonables que permitirían su desempeño.
Cánovas que se dedica a la docencia inclusiva, con un enfoque específico en la atención educativa para estudiantes con discapacidad es un ejemplo de cómo adaptar la enseñanza para responder a la diversidad en el aula.
Sin embargo, el citado criterio médico ignora el desempeño de Cánovas durante cinco años en los que no recibió quejas de sus superiores ni del centro educativo, y contradice las normativas nacionales e internacionales que promueven la inclusión laboral. La Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España, exige que se adopten medidas para garantizar la accesibilidad y el derecho a trabajar en igualdad de condiciones.
“Solo pido que se cumpla la ley, y que se tengan en cuenta mi experiencia y capacidades”, declaró la afectada, quien ha presentado un recurso de reposición y cuenta con el respaldo de organizaciones como la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias (FASICAN), la Asociación de Personas Sordas de Tenerife (ASORTE) y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que han calificado la situación de discriminatoria.
En este sentido, Patricia Mora Ruiz, asesora jurídica de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), indica que «la administración actuó de manera formalista y poco sensible. No evaluaron integralmente su experiencia profesional ni los méritos acumulados durante cinco años de servicio. Además, se omitió un análisis del impacto positivo que Laura ha generado en su puesto, lo cual es esencial en decisiones que afectan a personas con discapacidad».
Subraya además, que «en este caso, la administración parece haber priorizado la aplicación literal de las normas sobre los principios de equidad e inclusión, ignorando la obligación de realizar ajustes razonables que exige tanto la legislación nacional como la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad».
Un caso emblemático en la lucha por la inclusión laboral
La decisión de cesar a Laura Cánovas no solo afecta a su trayectoria personal, sino que representa un golpe a los avances logrados en materia de empleo inclusivo. Según las organizaciones de apoyo, el incumplimiento de los ajustes razonables perpetúa una barrera estructural que impide a las personas con discapacidad acceder y mantenerse en el empleo público.
Por todo ello, las distintas entidades que apoyan a esta trabajadora exigen «a las administraciones públicas para cumplir con sus obligaciones legales y éticas”. Además, recalcan que la resolución no solo vulnera derechos fundamentales, sino que envía un mensaje desalentador a otras personas con discapacidad que aspiran a una carrera profesional en igualdad de condiciones.
Por una administración pública inclusiva y sin discriminación
El caso de Laura Cánovas simboliza la lucha colectiva por la igualdad de derechos en el empleo público: “No por ser sorda tengo menos derechos que el resto de las personas opositoras’, apunta la maestra.
Su resolución no solo impactará a una persona, sino que podría sentar un precedente crucial para garantizar que el talento y la experiencia sean valorados por encima de cualquier diferencia física o sensorial.
Organizaciones y defensores de los derechos humanos instan al Gobierno de Canarias a rectificar esta decisión y a adoptar medidas para asegurar una inclusión laboral real y efectiva.
Por ello, desde el equipo jurídico de la CNSE, (que acompañado a Laura en el proceso de recurso administrativo), Mora Ruiz, asegura que si la administración mantiene su postura, existen varias alternativas legales: como un recurso Contencioso-Administrativo: Llevar el caso ante los tribunales para que evalúen si la decisión vulneró los derechos fundamentales de Laura, incluyendo la obligación de realizar ajustes razonables.
Igualmente, pueden «solicitar el amparo por vulneración de derechos fundamentales: Argumentar que la decisión de la administración ha discriminado a Laura y ha incumplido los principios de igualdad y no discriminación o solicitar el apoyo del Defensor del Pueblo, la Oficina de Atención a la Discapacidad, la Fiscalía de Discapacidad u organismos similares para que medien en el caso».
Y, «en última instancia, presentar el caso ante organismos internacionales, como el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para garantizar que se respeten las obligaciones derivadas de la Convención de la ONU».
«Nuestro objetivo es no solo defender los derechos de Laura, sino también sentar un precedente que refuerce la inclusión del colectivo de personas sordas y la equidad en el acceso al empleo público», concluye.
