Una menor con discapacidad del 100%, indemnizada con 17.000 euros después de sufrir daños en su centro escolar: «mi hija gritaba de dolor»

18 / 12 / 2025 05:39

El Defensor del Paciente ha conseguido que la Consejería de Educación de La Rioja reconozca su responsabilidad patrimonial ante las lesiones sufridas por una menor con discapacidad en el CEE Marqués de Vallejo. Una resolución en la que la administración, sin embargo, no reconoce los daños morales sufridos por la niña.

Patricia (nombre ficticio) sufre parálisis cerebral y una discapacidad del 100%. Razón por la que la menor acude al Centro de Educación Especial Marqués de Vallejo, en Logroño. Un lugar donde, el 18 de febrero de 2025, se producía un accidente que provocaba que la mejor tuviese que ser intervenida quirúrgicamente poco después.

«Al finalizar la sesión de fisioterapia que se realiza en una colchoneta, dos ATES acuden a recogerla. En la transferencia de dicha colchoneta a la silla de ruedas, escuchan un «chasquido», y Patricia chilla. De ahí la trasladan al baño, que está en el mismo pasillo, para observar al tumbarla si le sucede algo. Perciben un abultamiento en la pierna, y van a buscar a la fisioterapeuta. También acuden las enfermeras, al escuchar un llanto no habitual en ella».

Una lesión que llevaba a la menor a ser atendida en el hospital, donde se le diagnosticó una fractura ósea de fémur izquierdo, y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.

Caso ante el que la madre de la menor, representada por la abogada Emma Pallardó, de la asociación El Defensor del Paciente, presentaba una reclamación ante la Consejería de Educación de La Rioja.

El daño moral de la menor con discapacidad

Reclamación ante la que la Consejería dictaba resolución, reconociendo parcialmente las pretensiones de la familia. Y así, reconociendo la negligencia del manejo de la niña por parte del centro educativo, estipulaba un pago de 17.000 euros a la menor con discapacidad. Sin embargo, la administración negaba indemnización alguna por daño moral.

Una negativa ante la que la familia ha decidido recurrir esta resolución, de la mano de la asociación y la abogada Emma Pallardo, especialista en derecho Sanitario.

«Me duele profundamente que se diga que mi hija no ha sufrido daño moral. Mi hija gritaba de dolor, y nadie supo explicar cómo se fracturó el fémur. Hoy en día, le cuesta conciliar el sueño, y necesita ayuda para dormir», lamenta la madre de la menor.

Una realidad aún más dura, debido a la situación médica de la niña. «Mi hija no puede habar», reconoce su madre. Algo ante lo que ésta ha decidido convertirse en su voz, para evitar que «esto le vuelva a pasar con un niño con discapacidad».

«Los niños más vulnerables merecen más que palabras. Este caso no es aislado, sino la punta de un iceberg preocupante», destacan desde el Defensor del Paciente. «Estos niños no pueden elegir ni defenderse; dependen del sistema. Y el sistema les está fallando. La protección de estos menores no es opcional: es un deber legal y ético», valoran.

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