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Cuando el profesional de Justicia pasó a llamarse “proveedor”

Cuando el profesional de Justicia pasó a llamarse “proveedor”
06/10/2018 06:15
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Actualizado: 04/2/2021 13:45
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Fue noticia hace unos días  que unos ancianos durmieron en el parque dos noches, desahuciados, por no poder costear su vivienda a pesar de que cumplían las condiciones para que los servicios sociales le buscaran una opción digna.

En un procedimiento judicial hay al menos dos profesionales a favor, y dos en contra, abogados y procuradores, y un entramado judicial de gestores, tramitadores, auxilio, letrado de la Administración de Justicia (LAJ) y magistrado.

¿Y nadie percibe la situación de vulnerabilidad que se padece?

Podemos encontrar un principio de respuesta en una diligencia de ordenación que me notificaron ayer en la que reza el siguiente texto: «se hace saber al presentante que debe abstenerse de presentar escritos dirigidos a procedimientos que conste su terminación porque, como sin duda le consta, estas actuaciones conducen al colapso de los Juzgados”.

Esta advertencia se leerá por su destinatario sin rubor, eso que antaño era inaceptable, era una tacha en el expediente. Y será así porque ese profesional es un mero proveedor que, en el contexto de una crisis económica, ha aceptado llevar procedimientos a resultado, y como no puede invertir en estructura (que sería en tiempo de profesionales de calidad que estudiaran los procedimientos) invierte en mecanismos informáticos que “escupen” los escritos. Sin vacilar.

En términos económicos es producto de bajo coste en el que la calidad es el último elemento a tener en cuenta, el abogado y el procurador son ahora “unidades de productividad”.

He visto escritos en estos últimos tiempos que vulneran las más elementales normas de la deontología, escritos que piden “entrégueme dinero si lo hay y si no busque bienes y si los hay embargue, y si no infórmeme de si hay piedras y si no ….”

Los LAJ no salen de su asombro. Y lo peor es que son cientos, y con una mera orden en los sistemas informáticos de que ante la ausencia de respuesta los “escupan” de nuevo, y la orden se mantiene en el tiempo, y el colapso se aumenta potencialmente.

Y ¿cuándo empezó a surgir esto?

El sector legal en el mundo, a diferencia de otros sectores, fue reacio a la bajada de precios. Hoy sin embargo, se ha tenido que adecuar al mercado.

En Nueva York, los despachos tienen equipos destinados a la fijación de precios, es una parte de su marketing, y una necesidad porque el consumidor compara precios y decide a quién acudir , aunque cuentan con una clientela más sensible al valor del servicio prestado; atienden a la especialidad, el proyecto, el trabajo; fíjense que los salarios de abogados neoyorquinos parten de los 90.000€, los franceses de 60.000, los ingleses 85.000 y los españoles 30.000.

Así que ante el panorama de una abogacía en España insatisfecha, la banca y las aseguradoras entraron  exigiendo bajadas de precios, y sumieron  a los profesionales en una gran crisis. Estructuras que se cayeron porque era imposible adecuarse a los precios que se ofertaban. Pero “siempre hay un roto para un descosido” y cuando entraron nuevos que admitieron esos productos, los otros tuvieron que claudicar.

El resultado, una justicia de low cost gobernada por la informática que a golpe de agenda “escupe” y colapsa.

Lo peor está por llegar. Los últimos mazazos a la banca preconizan nuevos momentos de colapso en la justicia. Esta vez quien copia el sistema y se beneficia son los abogados de los consumidores que demandan a la banca, y reclaman profesionales-proveedores de bajo coste (o a resultado) . Y la banca se extraña y se pregunta por qué la demandan tanto.

Y la respuesta es porque el proveedor profesional jurista es barato, tal y como ellos lo crearon.

Los procuradores hemos de cobrar por arancel –que ya de por si es barato- , lo han confirmado nuestros Tribunales, lo ha confirmado Europa; y si no obviamos la aplicación de una Ley, que por otra parte está prohibido, podremos mantener una justicia de calidad, garantista y eficaz.

Quizás si todos percibiéramos retribuciones adecuadas, también sería una técnica disuasoria para que no demande quien no tiene que hacerlo.

Y quizás los Tribunales deberían omitir las condenas en costas, que tanto motivan a demandar, sin pasar por la intención de acuerdo previo.

Si dejamos de ser “proveedores” para seguir siendo profesionales, dejaremos de presentar escritos que colapsen la justicia, y eso generará que el presupuesto público no tenga que empeñarse en poner más medios para atender demandas inconsistentes, y al final el ciudadano podrá verse beneficiado con menos impuestos, o mejor repartidos.

Al final, volvería el profesional (no proveedor) que ante una situación de especial vulnerabilidad deja de ser invisible y recibe toda la ayuda de la sociedad que merece por su dignidad como persona.

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