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Los 17 presidentes de los TSJ piden a los políticos que no desprestigien a los jueces y no deslegitimen el Poder Judicial

Sede del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares.
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La defensa de la Constitución, el respeto de los poderes públicos al Poder Judicial,  introducir en nuestra legislación una solución para los litigios masivos en referencia a las cláusulas suelo o conocer quién accede a las sentencias a través del Código Seguro de Verificación, son algunas de las conclusiones adoptadas por los presidentes de Tribunales Superiores de Justicia en las Jornadas Nacionales de trabajo.

Las mesas de trabajo que durante tres días han tenido lugar en Burgos se han reflejado en un documento de conclusiones suscrito por los 17 máximos representantes de los tribunales autonómicos.

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En esta 25 edición de las Jornadas, los magistrados advierten a los políticos de que necesitan más medios y recursos “para seguir cumpliendo con la misión de asegurar la aplicación de la fuerza razonada del Derecho para defender el orden constitucional”.

También recuerdan que se pueden criticar las actuaciones judiciales pero siempre que se haga “con respeto y ponderación” porque -añaden- “su descalificación general, a la que en ocasiones se añade el propósito de desprestigiar a los jueces, deslegitima al Poder Judicial y afecta a la confianza que los ciudadanos tienen en sus tribunales y en el conjunto del sistema democrático”.

Por eso, consideran esencial que “quienes representan a los poderes públicos actúen con lealtad, favoreciendo la credibilidad en el Poder Judicial y en el resto de las instituciones”.

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En referencia a los procedimientos por cláusulas suelo, los presidentes llaman la atención sobre la crisis de eficacia en la que se encuentra la protección judicial de los derechos de los consumidores reconocidos por el ordenamiento de la Unión Europea en cuanto a las dificultades de los ‘litigios-masa’ en la jurisdicción civil.

“Este fenómeno, que puede potencialmente producirse en cualquier jurisdicción, debe ser solucionado con medidas legislativas específicas”, solicitan.

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También se han referido a la necesidad de que las resoluciones judiciales se sigan comunicando públicamente pero teniendo en cuenta la protección de los datos personales. A este respecto han señalado que se debe reforzar la seguridad judicial electrónica, “garantizando en todo caso la custodia y reserva de los datos contenidos en el expediente judicial electrónico”.

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Para evitar lo que sucedió con la sentencia de ‘la manada’, piden que se incorpore un control de trazabilidad en los accesos a las sedes judiciales electrónicas donde se verifica la autenticidad e integridad de las resoluciones judiciales a través del Código Seguro de Verificación (CSV), de forma que “se identifique al usuario y se compruebe la legítima finalidad del acceso”.

Por lo que respecta a la cooperación judicial y la utilización de medios tecnológicos, los magistrados han acordado que el auxilio judicial para la práctica de los actos de prueba “deberá ser excepcional y requerirá en todo caso su adopción por resolución motivada en la que se justifique la necesidad del exhorto y, en su caso, también la imposibilidad de su realización mediante videoconferencia”

Asimismo, en su función de presidencia de las Comisiones de Garantías de Videovigilancia previstas por la LO 4/1997, constatan “la necesidad de una reflexión profunda sobre el paradigma social desde el que ponderar las exigencias de seguridad y las garantías de privacidad”. Sería “de utilidad -señalan- crear una base de datos que recopile de forma sistemática los informes emitidos por las distintas comisiones territoriales”.

Los 17 presidentes han hablado además de la oficina judicial y recuerdan “el riesgo de supeditación de ésta a las prioridades de las Administraciones prestacionales”, lo que en su opinión está produciendo “situaciones de efectivo y real desapoderamiento del juez en orden a asegurar que la oficina judicial actúe como real instrumento de la función jurisdiccional”.

Para asegurar ese carácter instrumental, proponen cambios normativos “que vinculen funcionalmente a los Secretarios de Gobierno a las directrices organizativas emanadas de los órganos de gobierno del Poder Judicial”.

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Precisamente, en cuanto al Estatuto de presidentes de TSJ reclaman que se clarifiquen las competencias directivas de los Secretarios de Gobierno sobre el personal adscrito, “que en todo caso deben quedar sometidas y ser ejercitadas con arreglo a las directrices, acuerdos y órdenes emanados de las presidencias de los TSJ”, matizan.

Y reivindican que la mejora de los derechos en la función pública se vincule automáticamente a la Carrera Judicial por ley. “Resulta fundamental una revisión del estatuto judicial que dé satisfacción a las legítimas aspiraciones de los jueces en materia de promoción, derechos profesionales, retributivos y de salud laboral, que evite el desencanto de sus integrantes, en particular de los más jóvenes”, concluyen.