La Asociación de Fiscales (AF), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) están a favor de la implementación de la figura del Fiscal Delegado Anticorrupción para las provincias de A Coruña y Pontevedra y en contra del sistema de Fiscal Autonómico, la otra opción que está sobre la mesa del Consejo Fiscal, por «la conexión diaria que suele tener la figura de dicho Fiscal con los altos cargos de las eventuales investigaciones, y el riesgo de que quede en un puesto testimonial y nada ejecutivo».
En la última reunión del Consejo Fiscal, que tuvo lugar el 10 de octubre pasado, el consejero Álvaro García Ortiz, de la UPF, defendió la propuesta conjunta, explica la APIF en un comunicado.
Si, además, al Fiscal Delegado Anticorrupción se le dotara de la máxima efectividad, con acceso a las unidades centrales de Policía Judicial, asumiera en exclusiva los asuntos de Anticorrupción, o a lo sumo de especialidades conexas como delincuencia económica y/o urbanística y medioambiental, el visado del Fiscal Jefe Anticorrupción, etc., los resultados no se harían esperar.
AUSENCIA DE RESULTADOS CONTRA LA CORRUPCIÓN
«La ausencia de resultados en la lucha contra la corrupción [en las provincias de A Coruña y Pontevedra] es patente: no hay presos por causas de corrupción, ni provisionales ni sentenciados; no hay cultura de recuperación de activos procedentes del delito; no hay una relación destacable con la Policía Judicial, porque tienen un gran número de fiscales a los que dirigirse; no hay protocolos claros de actuación o ciertas decisiones podrían ser tomadas como cuestionables (como mandar a fiscales sustitutos a juicio contra personas que habían sido aforadas hasta que se dirigió la investigación contra ellas); se dilapidan recursos porque la formación, muy específica, se disemina entre compañeros que quizás no vayan a tramitar ninguna de esas causas, etc. Por otro lado, se desconoce la existencia de causas abiertas por la Fiscalía Especial, más allá de las relativas a las prejubilaciones millonarias en las Cajas de Ahorros», dice la APIF.
«La Unión Europea cada vez reclama un mayor esfuerzo a los estados miembro en el sentido de crear unidades más robustas anticorrupción (véase en este sentido la Directiva 2018/843/UE en materia de prevención de blanqueo de capitales, apartado 44 del Preámbulo). Asimismo, en 2020 va a entrar en funcionamiento la Fiscalía Europea y esto va a conllevar, necesariamente, un deber de coordinación para determinados asuntos que, consideramos, no puede quedar diseminado entre toda una plantilla», añaden.
Y señalan que la Inspección Fiscal, en su reciente acta de inspección de la provincia de A Coruña, se hacía eco de esta demanda y proponía la creación de un fiscal delegado para esa provincial.
Ahora le corresponde a la Fiscalía General del Estado decidir cuál es la más apropiada.
