Paco Morote, coordinador de la Plataforma Afectados por la Hipoteca de Murcia.
PSOE y Podemos olvidan afrontar los desahucios en su proyecto de Presupuestos 2019
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14/10/2018 06:15
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Actualizado: 14/10/2018 01:02
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El próximo 17 de octubre acaba el plano de enmiendas para la propuesta de Ley de Vivienda de la PAH en el Congreso. Una de las derivadas de este acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado del 2019 tiene que ver con la vivienda.
Sobre la mesa una futura Ley de Vivienda, inexistente en nuestro país y políticas para frenar la burbuja del alquiler, con contratos de 3 a cinco años.
Sin embargo el problema de los desahucios, ya al nivel de la crisis, no se ha abordado.
Tampoco se dice nada sobre las viviendas vacías.
La primera valoración que recibimos es de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que lograron recientemente que su Ley de Vivienda se tuviera en consideración en el Congreso.
Ahora hasta el próximo 17 de octubre se ha abierto un periodo de enmiendas.
Para Paco Morote, su portavoz nacional “es un punto de partida que hay que valorar este acuerdo sobre vivienda pero insuficiente. Esperamos ser un elemento activo para que realmente este país tenga una política estatal de vivienda”.
Desde esta plataforma de la sociedad civil que lleva nueve años luchando por frenar la especulación inmobiliaria y los desahucios se pide a ambos partidos políticos que tengan en consideración la Ley de Vivienda de la PAH “para desde ese texto normativo trabajar en una Ley que reconozca los derechos y deberes de los ciudadanos”.
Para Morote es clave que el debate sobre vivienda se active lo antes posible “antes de la llegada del invierno y que se logra una norma que proteja a los más desfavorecidos”. Es, pues el momento de negociar con el Gobierno y los partidos políticos.
Para este colectivo, los contenidos en materia de Vivienda contenidos en el Acuerdo para los PGE de 2019, constituyen avances en materia de alquileres, algunos de los cuáles están incluidos en la Ley de Vivienda de la PAH (LVP), aunque otros quedan muy por debajo.
“Estamos a punto de cerrar 2018 con 70.000 desahucios lo que constituye una muy mala noticia para este país. Estamos llegando a las cifras de antes de la crisis ”, aclara nuestro interlocutor.
Morote califica este asunto con un oximorón: «Es un estruendoso silencio»
«Ni una sola mención a los desahucios en el acuerdo, cuando sólo en los 6 primeros meses de 2018 se han producido 33.059, si no se adoptan medidas ya”.
Y se pregunta, «¿Cómo se puede omitir esa mención y medidas para resolverlo en un pacto que pretende mejorar el acceso a la vivienda?».
Morote recuerda que por enésima vez, “tenemos que recordar que el Comité DESC [Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU] de Naciones Unidas, emitió un dictamen condenatorio a España hace más de un año, y que ni el gobierno de entonces, ni el de ahora han hecho nada al respecto”
El portavoz nacional de la PAH advierte que “en el pacto ni se menciona, ni se plantea medida alguna para frenar los desahucios. La Ley de Vivienda de la PAH sí contiene una moratoria contra los desahucios, que lamentablemente, llegará tarde para muchas familias».
Curiosamente señala “que existe un mandato constitucional, y otro mandato legal que obliga al cumplimiento de los tratados internacionales válidamente suscritos por España, como el PIDESC, que el propio Tribunal Supremo ha recordado esta obligación en una sentencia del pasado mes de julio, y que, en consecuencia se está vulnerando la Constitución y la ley 25/2014 de Tratados internacionales y el propio pacto, suscrito por España en 1976, y vuelto a ratificar en su protocolo facultativo en 2013″.
Sin embargo pese a lo que dice el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Morote señala que “se sigue desahuciando a familias, sin darlas ninguna solución habitacional. Solo se habla en el acuerdo de conectar a estas personas con los servicios sociales, que no vale para nada por desgracia, pero lo que es más grave es que en este país no hay parque de vivienda social que pueda ayudar a estas familias cuando pierden su vivienda”.
Paco Morote flanqueado por Pedro Saura, secretario de Estado de Fomento -izquierda- y José Luis Ábalos ministro del ramo.
El peligro de la burbuja de alquiler
La ampliación de la duración mínima de los contratos y la mejora en las prórrogas, con respecto a la reforma de la LAU que hizo el PP en 2013, mejoran la situación, a juicio de este experto “pero resultan claramente insuficientes para pinchar la actual burbuja de precios y dotar de estabilidad los proyectos de vida más largos y de estabilidad. La ley de Vivienda de la PAH establece 10 años de contrato y 5 de prórroga”.
Otra de las carencias de este pacto es que “no se incluyen medidas para movilizar la vivienda vacía, o su uso temporal como parque público, que sí contiene la Ley de Vivienda de la PAH, y que son imprescindibles para pinchar las actuales burbujas en marcha”.
Desde su punto de vista, “es positivo que se defina legalmente qué es una vivienda vacía, y quienes son grandes tenedores de vivienda, así como el enunciado de medidas a adoptar tras estas definiciones, es fundamental que se hagan rápido ambas cosas, con fin de poder disponer a nivel público y gravar fiscalmente a esas viviendas en manos de especuladores que las retiran del mercado para incrementar artificialmente los precios tanto de alquiler como de compra”.
Recuerda que el parque público de viviendas en España es del 2% cuando en otros países del entorno esta por el 20%.
Sobre el plan de 20.000 viviendas en 4 años, que esbozo el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en su comparecencia en el Congreso “es claramente insuficiente, y su llegada, aunque positiva, no aliviará la situación actual. Se habla de un nuevo Plan de Vivienda, aunque no se dice nada de derogar o modificar el actual del gobierno anterior, y desde la PAH consideramos imprescindible, como mínimo la modificación del actual, en la dirección de que el importante gasto público que genera, sirva para ir creando Parque Público tanto para alquiler como para vivienda social”, subraya Morote.
Lo que parece claro es que se ha abierto un diálogo entre Abalos y la PAH “Sobre el cumplimiento del dictamen DESC de la ONU nos remitió al Ministerio de Justicia, respecto a la futura ley de Créditos inmobiliarios nos ha recomendado que hablemos con el Ministerio de Economia y Empresa que lleva esta norma y por la cuestión de la pobreza energética acudiremos al Ministerio de Transición Energética”.
Necesidad de alquiler social
Se habla de establecer un plan de colaboración de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) para destinar vivienda a alquiler social, es positivo si mejoran las condiciones actuales de los convenios, ya que apenas aportan más que gastos a las Administraciones Públicas.
Sin embargo, no se dice nada de Bankia, de prohibirles expresamente que sigan vendiendo casas y suelo, que pueden ser utilizados para Parque Público, así como de su función como Banca Pública para la financiación de los diferentes proyectos de Vivienda Pública.
En cuanto a la protección de las familias hipotecadas, ahora mismo hay dos posibilidades: las contenidas de la Ley de Vivienda PAH, como la dación en pago retroactiva, muchas familias asumieron un proceso judicial con una legislación ilegal, según ha ido ratificado los diversos pronunciamientos del TJUE [Tribunal de Justicia de la Unión Europea]. A estas personas hay que compensarlas de alguna forma”. Tambien plantean la inembargabilidad de los avalistas como otra medida de choque.
Otra cuestión que pone sobre la mesa es la limitación de la responsabilidad limitada al bien hipotecado, y las contenidas en el bloque de enmiendas que Unidos Podemos presentó, a propuesta de la PAH a la ley de crédito inmobiliario, que entre otras, impide el blanqueo de cláusulas abusivas como la de vencimiento anticipado, que “si se mantiene como en la propuesta de De Guindos, podría reactivar los cientos de miles de ejecuciones actualmente suspendidas. Ambas están actualmente en trámite parlamentario y su implementación sería muy rápida”.
Para Morote estas cláusulas siguen siendo abusivas “nos preocupa la moderación que se quiere hacer de la cláusula de vencimiento anticipado y que se apruebe con celeridad porque dicha norma viene de una Directiva del 2014 que se está trasponiendo tarde y eso puede generar sanciones económicas para nuestro país. La amenaza de avalancha de desahucios está ahí, por desgracia”.
Por último cree que “es positivo que las socimis empiecen a pagar impuesto de sociedades, debieran hacerlo al mismo nivel que las demás sociedades, incrementando sus impuestos por número de casas injustificadamente vacías, una vez sea definido el concepto”.
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