El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha citado como testigos a 10 antiguos altos cargos del gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón en la Comunidad de Madrid para que declaren como testigos en el marco de la investigación por la compra supuestamente irregular de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II.
Se trata de las personas que el 29 de noviembre de 2001 ocupaban el cargo de secretarios de gobierno en las consejerías de Presidencia, Hacienda, Justicia y Administraciones Públicas, Economía, Obras Públicas, Educación, Medio Ambiente, Artes, Servicios Sociales, Sanidad y Trabajo».
Cabe destacar que el juez también investiga el patrimonio del excalde madrileño y dos de sus exconsejeros, imputados por la compra de Inassa, según se conoció ayer.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha convocado para el próximo 13 de noviembre, a las 10 de la mañana, a Patricia Lázaro, Concepción Crespo y Ángeles Huerta, exsecretarias generales técnicas de Presidencia, Hacienda y Justicia, respectivamente.
Para el día siguiente ha citado, a la misma hora, a los exsecretarios generales técnicos Casilda Méndez (Economía), Jesús Mora (Obras Públicas), Carmen Díaz (Educación) y Eugenia Castro (Artes).
El 15 de noviembre deberán acudir a declarar, también a las 10 de la mañana, Francisco Panadero, Adoración Muñoz y Gerardo Ravassa, los respectivos exsecretarios generales técnicos de las consejerías de Servicios Sociales, Sanidad y Trabajo.
La citación se produce después de que ya hayan pasado por el juzgado todos los investigados por la compra de Inassa, la pieza 1 del conocido como ‘caso Lezo’, entre ellos el expresidente Alberto Ruiz-Gallardón (PP), los que eran sus consejeros en 2001 y todos los miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II aquel año.
Están imputados todos aquellos que dieron el visto bueno a la adquisición de la empresa colombiana, una operación que se llevó a cabo por 73 millones de dólares y que, para la Fiscalía Anticorrupción y el magistrado instructor, presentó un «cúmulo de irregularidades».
Según el juez, en esta operación pudo existir «una sobrevaloración claramente perjudicial» y se realizó a través de una «compleja estructura societaria» que contravino «de plano» los acuerdos del Consejo de Administración del Canal y de la Comunidad.
