Los jueces decanos apoyan la advertencia de huelga de las asociaciones al Ministerio
La mesa de representantes de jueces decanos durante la rueda de prensa en la que han leído las conclusiones; de izquierda a derecha, Santiago Pedraz, juez decano de la AN, Mercedes Caso, de Barcelona, Fernando Portillo, de Melilla, María Jesús del Barco, Madrid, y Pedro Viguer, juez decano de Valencia y portavoz de los Jueces y Juezas Decanos.

Los jueces decanos apoyan la advertencia de huelga de las asociaciones al Ministerio

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17/10/2018 15:36
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Actualizado: 11/4/2019 14:16
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Es una de las conclusiones de la 33ª Jornadas Nacionales de Juezas y Jueces Decanos de España celebradas entre el lunes y hoy en Melilla: Apoyan la advertencia de movilizaciones y huelga que hicieron al Ministerio de Justicia las 7 asociaciones de jueces y fiscales si el próximo 31 de octubre no comienzan a verse avances en la negociación que se está llevando a cabo con los Ministerios de Hacienda y de Justicia.

«A pesar de la buena voluntad del nuevo equipo ministerial, y de las promesas del CGPJ, instamos a las Asociaciones Judiciales y Fiscales a consensuar un nuevo calendario de movilizaciones, huelga incluida, para el caso de que, en un breve y prudencial plazo, no se den pasos firmes en la consecución de dichas reivindicaciones», afirman los Jueces Decanos con toda claridad.

¿Nuevos tambores de guerra? Tiene toda la apariencia.

Entre los miembros de las carreras judicial y fiscal existe el convencimiento de que han sido dos de los colectivos más castigados por la reciente crisis económica.

«Se nos han aplicado las mismas condiciones que al resto de la función pública, incrementándose en este ejercicio nuestras retribuciones en un 1,50%, y desde el 1 de julio un 0,25% adicional, cuando el recorte salarial en 2010 fue de alrededor del 10%, muy superior al resto de la función pública. Esto supone no una recuperación sino una pérdida de poder adquisitivo, dado que el IPC interanual se sitúa en el mes de agosto en el 2,19%», explican.

Por ello, recuerdan, «urbi et orbi», que la convocatoria de la Mesa de Retribuciones «no es una finalidad en sí misma» sino que tiene que garantizar un «sistema retributivo objetivo, equitativo, transparente y estable, que reconozca adecuadamente su responsabilidad y dedicación, y el estricto régimen de incompatibilidades».

Y señalan que, a título de ejemplo, «un juez de guardia en muchas poblaciones cobre 0,80 céntimos de euros la hora». Lo que «no es de recibo».

LICENCIAS Y PERMISOS

Los jueces -y juezas- decanos también muestran su cansancio ante las repetidas promesas no cumplidas, por parte de los partidos políticos, de devolverles las licencias y permisos recortados en 2012.

«Se eligió la vía de la proposición de ley como la más adecuada para llevar a efecto esta reforma con mayor celeridad. Pero ésta ha tenido un devenir parlamentario que ha hecho muy compleja su aprobación antes de fin de año. Y ello fue debido a las cincuenta enmiendas presentadas por propio partido que inició el trámite, el Partido Popular, y las otras cuarenta y siete presentadas por los demás grupos parlamentarios. Dichas enmiendas exceden el ámbito inicial de la proposición de Ley, y afrontan una reforma en profundidad de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de la que no ha podido informar el Consejo General del Poder Judicial dada la vía elegida», dicen.

Y reclaman su «inmediata recuperación».

CARGAS DE TRABAJO

En lo relativo a las cargas de trabajo, los jueces -y juezas- decanos le dan un «zasca» público al Consejo General del Poder Judicial, en vía de salida por cumplimiento de mandato, por «incumplir su obligación» de fijarlas.

Por ello, califican de «insólita» la situación.

«No existe un módulo oficial que determine lo que debe ser la carga de trabajo de cada Juzgado; a diferencia de lo que sí ocurre en la inmensa mayoría de sectores profesionales», cuentan.

«Reiteramos, por ello, la petición de que fijen,  de  una vez, nuestras  cargas  de  trabajo, en la doble perspectiva de la salud de los jueces y en la de posibilitar una calidad en las resoluciones judiciales, superando el criterio cuantitativo».

Recuerdan, en este sentido, la propuesta elaborada por los representantes de las cuatro asociaiones judiciales en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud, de fecha 20 de abril de 2016 en la que se planteaba «fijar,  con  carácter provisional, como carga de trabajo de la que eventualmente pudiera derivarse un riesgo para los integrantes de la carrera judicial, una horquilla entre el 90% y el 100% del tiempo de dedicación (módulo de salida) del sistema provisional de medición de la función jurisdiccional aprobado por el CGPJ en el año 2010”, que parte de los módulos anulados del año 2006 pero que se sigue utilizando para la inspección de los Tribunales».

En ningún caso puede hacerse recaer en los integrantes de la carrera judicial «la inoperatividad del CGPJ en la determinación de las cargas de trabajo».

ELECCIÓN DE LOS 12 VOCALES JUECES DEL CGPJ

Los jueces -y juezas- decanos vuelven a reiterar en sus conclusiones su apoyo a que la elección de los 12 vocales jueces que forman parte de su órgano de gobierno sean elegidos por los 5.500 miembros de la carrera judicial de forma secreta y directa.

«Somos conscientes que se han iniciado un nuevo proceso de renovación que ha desatendido esta reclamación. Pese  a ello no cejaremos en nuestro empeño de seguir denunciado un sistema que nos aleja de los estándares europeos y que ha sido duramente criticado hasta en dos ocasiones por el Consejo de Europa», afirman.

Desde su punto de vista, «es el miedo de los partidos polítcios a perder el control sobre el CGPJ» lo que impide este tipo de elección.

«No tendremos un poder judicial independiente si nuestro órgano de Gobierno no es independiente».

NO EXISTE EL DERECHO AL INSULTO

Los jueces -y juezas- decanos admiten con toda claridad que «no son infalibles», pero que para eso están los sistemas de recursos, que permiten llegar hasta las más altas instancias españolas y europeas.

Y no existe es el derecho al insulto.

«Nuestras decisiones pueden y deben ser objeto de crítica como expresión del derecho constitucional a la libertad expresión reconocido en el artº 20.1 de la CE. Pero dicha  libertad de expresión, como todos los derechos y libertades, tiene también sus límites. La CE no reconoce el derecho al insulto y las críticas desmedidas y carentes de fundamento a un Juez en el ejercicio de sus funciones no sólo pueden llegar a afectar a su honorabilidad profesional sino también a la confianza misma en la Justica».

Y hacen una llamada a la responsabilidad, a todas las instituciones e instancias políticas y sociales, así como demandan el «respeto a nuestra función jurisdiccional, y del CGPJ una mayor contundencia a la hora de censurar los ataques a jueces/zas en el ejercicio de aquellos. Es intolerable los ataques a la independencia judicial que se producen desde todos los ámbitos, incluso desde otros Poderes del Estado».

En esa línea, para conseguir una mayor transparencia y claridad, y favorecer el derecho a la información de todos los ciudadanos, «proponemos que un Magistrado/a se incorpore a todos los Gabinetes de Prensa de los TSJ».

MELILLA CONCLUSIONES DE LAS XXVIII JORNADAS NACIONALES DE JUEZAS Y JUECES DECANOS DE ESPAÑA

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