En dos semanas el Pleno del Congreso de los Diputados habrá aprobado la derogación de la mayor parte de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) aprobada en 2013 por impulso del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, con lo que se eliminará el carácter presidencialista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), introducido por ella.
Y antes de final de año, la Cámara Alta la habrá aprobado, con lo que el nuevo mandato del órgano de gobierno de los jueces, que comenzará el próximo 3 de diciembre, se iniciará con un regreso a los orígenes.
Así lo acordaron ayer en la Comisión de Justicia el PP, el PSOE, Podemos y el PNV, según ha podido saber Confilegal.
Juntos suman 297 diputados de los 350 que componen la Cámara; un 84,8 por ciento de los votos; en el Senado, compuesto por 208 senadores, la suma es mucho mayor: 194 votos, el 93,2 por ciento.
Ciudadanos ha optado por mantenerse al margen al no estar de acuerdo con la forma de elección parlamentaria de los 12 vocales jueces, de los 20 que componen el Pleno del CGPJ.
La formación naranja defiende que sean elegidos por sus iguales, los 5.500 jueces y magistrados que conforman la carrera judicial en vez de que sea -como sucede desde 1985- el Congreso y el Senado los que los elijan.
La reforma, impulsada por una enmienda del PNV, contempla el regreso a la dedicación exclusiva de los 20 vocales, abandonando el sistema que impera desde diciembre de 2013, en el que 7 son a dedicación completa y los 13 restantes no.
Los 7 vocales «full time» en la actualidad componen la Comisión Permanente, que preside la máxima autoridad de la institución, la cual concentra en ella la mayor parte del poder, en detrimento del Pleno.
VUELTA A LA ESTRUCTURA COLEGIADA
En esa estructura, le corresponde al presidente la propuesta de la designación de sus 7 miembros, y el monopolio de las propuestas, lo que le confiere un poder que ninguno de los 8 presidentes anteriores había tenido jamás.
Con ello, el CGPJ volverá a recuperar su carácter de órgano colegiado y laminará el presidencialismo de la institución, que ha sido duramente criticado año tras año en todas y cada una de las comparecencias que Carlos Lesmes ha realizado ante la Comisión de Justicia por la mayor parte de los partidos políticos.
El texto final, ahora en proceso de redacción, se debatirá en la Comisión de Justicia la próxima semana y en la siguiente desembocará en el Pleno.
Una de las novedades que seguramente incluirá la reforma será la necesidad de que los nombramientos de los altos cargos judiciales -léase magistrados del Tribunal Supremo, presidente de la Audiencia Nacional y presidentes de Sala, presidentes de Tribunales Superiores de Justicia (TSJ), presidentes de Sala y magistrados de los TSJ y presidentes de Audiencias Provinciales- respondan de verdad a los criterios de mérito, capacidad y de paridad.
También se contempla la obligación de que el presidente tenga que comparecer obligatoriamente ante el Congreso cuando sea llamado, cosa que no sucede en estos momentos.
El acuerdo alcanzado por los cuatro partidos contempla la recuperación de los derechos laborales perdidos en 2012, con la crisis económica, mejoras en materia de conciliación, con permisos de maternidad y paternidad, y fijar incompatibilidades para endurecer las puertas giratorias.
Una de las reformas que permanecerán es la del promotor de la Acción Disciplinaria.
