Los más de 400 profesionales que se han congregado en la séptima edición del Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género celebrado en el Antiguo Salón de Sesiones del Senado han puesto hoy fin a sus sesiones de trabajo con una serie de propuestas en las que piden una mayor implicación institucional acompañada de medidas legales.
Entre ellas, la implementación de las unidades forenses de valoración del riesgo y la necesidad de que la agravante de género sea aplicada a todos los delitos cometidos contra la mujer.
Son peticiones con las que se busca una mayor protección para la víctima.
Entre las conclusiones, también reclaman la protección integral de las víctimas de trata y la implicación social para romper mitos y estereotipos en los delitos contra la libertad sexual, así como una mayor concienciación para considerar a los menores como víctimas directas de violencia de género.
Valoración del riesgo
Los asistentes han puesto de manifiesto su satisfacción con la medida anunciada este jueves por el ministro del Interior Grande-Marlaska en la apertura del Congreso en relación a la puesta en marcha de nuevos formularios para predecir tanto la reincidencia de nuevos episodios de violencia de género con preguntas más sencillas para mayor comprensión y captación de información relevante y mejorando las ponderaciones asignadas a algunos de los indicadores, como para la predicción de casos susceptibles de evolucionar en violencia muy grave u homicidio que incorpora la “Escala HOMICIDA” como segundo control.
Con la entrada en funcionamiento de esta Escala se eleva el nivel de riesgo final resultante de la valoración policial y, por tanto, hay un incremento de las Medidas de Protección.
También lleva aparejada la elaboración automatizada de Diligencia policial dirigida a la Autoridad Judicial en la que se hace constar que el caso concreto es de especial relevancia, recomendándose una Valoración Forense adicional de urgencia sobre la víctima que contemple aspectos más allá de la Valoración Policial.
Y han expresado la importancia de mejorar las valoraciones forenses del riesgo de las potenciales víctimas de violencia de género, para lo que han instado a las administraciones competentes a la implementación de las unidades forenses de valoración del riesgo donde todavía no existen “y a que las mismas sean suficientemente dotadas con los medios personales y materiales necesarios para su correcto funcionamiento”.
Las conclusiones, que han sido leídas al término del Congreso por la presidenta del Observatorio y vocal del Consejo General del Poder Judicial Ángeles Carmona, también hacen referencia a la necesidad de que la agravante de género sea aplicable en todos los hechos delictivos cometidos contra la mujer, independientemente de la vinculación entre víctima y agresor.
Contra la trata
Asimismo, los participantes en el Congreso consideran imprescindible, en aras de acabar con la trata de personas, trasponer a nuestro ordenamiento el Convenio para la represión de la trata de personas y de prostitución ajena, firmado en Lake Success, Nueva York, el pasado 21 de marzo, al objeto de poder arbitrar un sistema de protección integral de las potenciales víctimas.
También ponen especial énfasis en luchar contra algunos mitos y estereotipos anclados en la sociedad (“solo hay violación si hay lesiones”, “las víctimas tienen que estar anímicamente deshechas”…), que distorsionan la realidad e impiden una eficaz persecución de los delitos contra la libertad sexual.
Finalmente, el VII Congreso del Observatorio apuesta por reforzar la formación y concienciación social de cara a considerar a todos los efectos a los menores como víctimas directas de la violencia, incluso a pesar de no ser directamente agredidos, “entendiendo que la vida en un entorno de violencia influye directamente en su desarrollo físico y emocional”.
