Evento reciente de Cáritas en Madrid donde se habló del derecho a la alimentación y causas del hambre.
5 municipios madrileños reclaman a Garrido que apruebe una ley que garantice el derecho a la alimentación
El número de personas en situación de pobreza rigurosa asciende a 505.000 en la Comunidad de Madrid
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26/10/2018 06:15
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Actualizado: 26/10/2018 00:23
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El Ayuntamiento de Madrid y los consistorios de Móstoles, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares y Valdemoro, presentaron este jueves en la Asamblea de Madrid una Iniciativa Legislativa Municipal en la que instan al Gobierno regional a aprobar una legislación que garantice en la comunidad autónoma el derecho a la alimentación.
De este modo, se da cumplimiento al acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Madrid en el que se aprobó el plan estratégico de derechos humanos.
La proposición fue presentada en el registro de la Asamblea de Madrid por representantes de los cinco ayuntamientos y por Acción contra el Hambre.
Nacho Murgui, que actuó en nombre de Madrid, explicó que lo que se pide con la propuesta presentada es una “ley que proteja el derecho a la alimentación para todos los madrileños y madrileñas”.
Así, Murgui destacó que en los últimos años el número de personas que sufre una situación de pobreza rigurosa en la Comunidad de Madrid se ha elevado considerablemente alcanzando en la actualidad las 505.000.
Por ello, según indicó el delegado, urge que las administraciones públicas puedan contar con una ley que tenga los instrumentos jurídicos necesarios para hacer frente a estas situaciones de una manera urgente y efectiva.
En la misma, proponen crear un fondo de emergencia alimentaria en la región, coordinado por la Comunidad de Madrid, así con un observatorio de la alimentación. En la justificación de la ley, recuerdan que casi medio millón de trabajadores en la región ganan menos de 378 euros y afecta a un 6,3 por ciento de los hogares.
Otros datos que avalan la necesidad de poner en marcha esta propuesta de índole social : la cuarta parte de las pensiones se sitúa por debajo de la pensión mínima de jubilación fijada por el Gobierno. El 10 por ciento cobra menos de la mitad de la pensión mínima, es decir, menos de 351 euros al mes, y esto afecta a 129.000 personas.
Por su parte, José Ramón González, de la Plataforma formada en el año 2014 por unas 40 organizaciones sociales que impulsaron la Carta contra el Hambre, aseguró que esta entidad trasladó a los ayuntamientos la necesidad de articular políticas públicas para garantizar el derecho a alimentación.
Desde su punto de vista “ya no se puede esperar más. La situación de emergencia alimentaria surge en el año 2010, tuvo su momento más crítico en 2013 y 2014 y, ahora, se ha hecho crónica y se ha empezado a invisibilizar. Cuando planteamos el derecho a la alimentación y que se regule por ley, queremos que esto no quede en el olvido. Son muchas las personas que reciben bolsas de alimentación de Cáritas y Cruz Roja», comentó.
Protección frente al hambre y la malnutrición
Los ayuntamientos instan a actuar al Gobierno regional para que todos los ciudadanos de la comunidad autónoma estén protegidos “frente al hambre y la malnutrición” y tengan acceso “físico y económico a alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de todas las personas respetando sus creencias culturales”.
Por ello, reclaman al Gobierno regional “una ley reguladora del derecho a la alimentación” que incluya “los medios e instrumentos jurídicos” que impulsen su cumplimiento por parte de las administraciones autonómica y local. De este modo, los consistorios consideran que se podrá hacer frente a “la insolvencia alimentaria” de una “forma organizada y estructurada”.
La proposición también solicita que la nueva ley cuente con algunos instrumentos como “un fondo de emergencia alimentaria” gestionado por la Comunidad de Madrid; planes municipales para atender las necesidades alimentarias de la población; y la creación de un observatorio de la emergencia alimentaria en la Comunidad que “facilite información sobre la situación alimentaria, evalúe los resultados obtenidos y permita difundir buenas prácticas sobre la alimentación”.
Además, en esta proposición se explica que esta iniciativa “complementa y refuerza” la norma que regula la Renta Mínima de Inserción y su aprobación permitirá dotar a los consistorios de “instrumentos jurídicos, recursos y capacidades suficientes y efectivas para que puedan hacer frente a la insolvencia alimentaria”.
Esta proposición fue presentada en el registro de la Asamblea de Madrid por el delegado del Área de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social y segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Nacho Murgui; el concejal del grupo municipal socialista del consistorio madrileño Ignacio de Benito; la concejala adjunta de Cooperación y Convivencia del Ayuntamiento de Móstoles, Beatriz Mogrovejo.
Junto a ellos el alcalde de Rivas-Vaciamadrid, Pedro del Cura; el delegado de Salud, Diversidad Funcional y Mayores del Ayuntamiento de Valdemoro, Manuel Zarza, y la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, Rocío Vicente Ruiz. Además, en el acto también estuvo presente el representante de Carta contra el Hambre que ha promovido esta iniciativa, José Ramón González Prada.
Por parte de la Asamblea recibieron a los representantes municipales los parlamentarios Miguel Ardanuy y Clara Serra, del grupo parlamentario de Podemos, y Mª José Navarro, del grupo socialista.
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