Lo dijimos ayer: «a cara de perro». Y es lo que está resultando el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Son, como nos contaban fuentes jurídicas, «28 capitanes generales» debatiendo, y eso lleva su tiempo. No son discursos cortos sino de calado, precisos, plagados de matices.
En la jornada del unes intervinieron 9 de los 28. Sobre la mesa tres recursos presentados por la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas-Vaciamadrid contra resoluciones anteriores del Tribunal Superior de Justicia que fallaron a favor de las entidades bancarias. La misma a la que le dieron la razón la Sección Segunda de la Sala, que preside Nicolás Maurandi.
Precisamente tanto Maurandi como su compañero, Francisco José Navarro Sanchís, defendieron el cambio de rumbo de 180 grados, la nulidad del artículo 68.2 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones y Actos jurídicos Documentados (ITP y AJD), por lo que el sujeto pasivo que debía pagar ese impuesto eran los bancos y no los compradores, como venía ocurriendo hasta ahora.
Cuatro magistrados secundaron la postura.
Y cinco se mostraron en contra de confirmar la nueva doctrina, defendiendo que lo lógico es volver a la situación previa: que sean los compradores los que paguen el IAJD.
RETROACTIVIDAD
La retroactividad sigue siendo del nudo gordiano a resolver. ¿Serán cuatro años?, que es el plazo que establece Hacienda a los ciudadanos para rectificar una autoliquidación, salvo que Hacienda la revisa, la confirme o la ratifique. O será ilimitada.
El gran peligro que se presenta es que es un territorio que corresponde a la jurisdicción civil. Un artículo declarado nulo es nulo desde su origen.
Una salida sería que la Sala de lo Contencioso-Administrativo planteara una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, «porque al final eso se va a tener que resolver en Europa», según fuentes jurídicas consultadas.
En la deliberación no están 3 magistrados: Rafael Fernández Valverde, de viaje; Segundo Menéndez; y Octavio Herrero, que ha declina intervenir por tener unos familiares propiedades en Rivas-Vaciamadrid.
