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El 75% de los secretarios judiciales ha secundado el primer paro convocado hoy

Secretarios judiciales a las puertas de una sede judicial en Granada.
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El primer paro parcial convocado para este martes entre las 10.00 y las 12.00 horas por las 4 Asociaciones ha sido secundado por el 75% de la plantilla a nivel nacional, según ha comunicado el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia.

Además, desde las 10.30 hasta las 11.00 horas, han salido a las puertas de las sedes judiciales para escenificar sus reivindicaciones.

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Rafael Lara Hernández, presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, considera que con estos datos la convocatoria se puede calificar de «éxito». Y advierte de que van a continuar en esta línea mientras no reciban respuesta de la ministra de Justicia, Dolores Delgado.

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En los juzgados, «se ha notado que hemos parado. Ha sido una llamada de atención de nivel razonable en relación al problema existente», señala Lara.

En cuanto a qué medidas van a adoptar a corto y medio plazo, Lara responde que van a esperar a finales de esta semana por si se produce la llamada de la titular de Justicia.

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«Por pura responsabilidad de Gobierno, con el seguimiento que ha tenido este primer paro, si yo fuera la ministra llamaría inmediatamente y les propondría una reunión», afirma.

En función de que se produzca esa llamada o no, las 4 asociaciones se reunirán y decidirán las próximas medidas a adoptar.

La portavoz de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), Lidia Urrea, destaca que el seguimiento del paro en las grandes ciudades ha sido «masivo» y como forma de ejemplificar las consecuencias de esta protesta entre los directores de la oficina judicial, explica que en dos horas se dictan por media unas 90.000 resoluciones en toda España.

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«Esperamos poca cosa de la clase política», lamenta Urrea y «hemos tenido que llegar a este punto extremo de movilizarnos». Lo mínimo que pide la UPSJ es abrir una negociación.

Mañana, en el acto de entrega de despachos a la nueva promoción de letrados judiciales que tendrá lugar en el Centro de Estudios Jurídicos, la portavoz asegura que aprovecharán para abordar al secretario de Estado de Justicia, Manuel Dolz, para reiterarle sus peticiones.

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Como consecuencia directa de esta jornada de protesta, se han suspendido alrededor de 6.000 actuaciones judiciales.

Urrea recuerda que los señalamientos «son personas a las que se les ha provocado un grave perjuicio». Incluso Messi se ha quedado con su juicio suspendido en una demanda por incumplimiento de contrato en los juzgados de primera instancia de Girona.

Asimismo, durante las dos horas que ha durado el paro, se han dejado de expedir mandamientos de pago por valor de 7.000.000 de euros, como por ejemplo fianzas o cantidades fijadas en sentencias o resoluciones.

En cuanto a datos concretos de seguimiento, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, la convocatoria ha sido secundado por el 68% de los anteriormente denominados secretarios judiciales.

En la Comunidad Valenciana el porcentaje de seguimiento se ha cifrado en el 82%.

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Almería

El Egido (Almería)

Ciudad Real

Torrelavega (Cantabria)

Lena (Asturias)

Palencia

Reconocimiento retributivo

Los secretarios judiciales recuerdan que llevan más de 8 años esperando la mejora de la situación presupuestaria y ejerciendo “nuevas y mayores responsabilidades con solvencia profesional y sin defraudar la confianza depositada por el legislador en nuestro Cuerpo”.

Los letrados judiciales desde la LO 7/2015 asumieron en todo el territorio del Estado tareas no vinculadas estrictamente a la función jurisdiccional, lo que supuso un aumento de sus funciones pero, y aquí radica su reivindicación, “sin la correspondiente adecuación salarial, que quedó aplazada a la mejora del escenario presupuestario”.

Por eso piden un reconocimiento retributivo que reduzca “la discriminación salarial” que dicen padecer respecto de otros funcionarios de la Administración de Justicia del mismo grupo de titulación A1.

También solicitan una nueva oficina judicial “moderna” en la que, precisan, son “directores”, y en la que “se rectifiquen las disfunciones advertidas”.

Reivindican, además, un Registro Civil “público, moderno y gratuito a nuestro cargo”, sistemas de gestión procesal compatibles en todo el territorio nacional e insisten en la implantación y desarrollo del expediente digital electrónico.