El Sindicato de Justicia UGT-SP ha dirigido una petición formal al Ministerio que dirige Félix Bolaños para que se transfiera el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia a las Comunidades Autónomas con competencias transferidas para mejorar la eficiencia de este servicio público en dichas Comunidades.
Este cuerpo de funcionarios de alto nivel, formado por 3.549 titulares y 693 sustitutos (en total, 4.395), depende directamente del Ministerio de Justicia a diferencia de los cuerpos de gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y administrativa y auxilio judicial, que dependen de las 12 Comunidades Autónomas a las que se transfirieron las competencias en Justicia: Madrid, Cataluña, Cantabria, Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana, País Vasco, Navarra, La Rioja, Asturias, Canarias y Aragón.
Las cinco restantes, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Murcia, Islas Baleares, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla así como la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo son administradas directamente por el Ministerio de Justicia.
“No es lógico que una Comunidad Autónoma sea responsable de la Oficina Judicial y, a la vez, no pueda ejercer competencias sobre el director técnico de esa oficina, que es el Letrado de la Administración de Justicia. Solicitamos el traspaso para poder dotar de coherencia y unidad de gestión al servicio público de Justicia», dice en su misiva al secretario de Estado, Manuel Olmedo, Jesús Vicente Santos Ruiz, responsable del sindicato de Justicia UGT-SP.
La transferencia de estas competencias permitiría a cada Comunidad Autónoma una coordinación eficaz, porque, por una parte, alinearía las políticas de personal de los letrados de la Administración de Justicia con las del resto de funcionarios de los cuerpos generales de la Administración de Justicia, garantizando una mejor planificación de recursos humanos.
Por otra, adaptaría las plantillas y la organización de los servicios a las necesidades concretas y la realidad sociolingüística de cada territorio y contribuiría a impulsar de forma más efectiva los proyectos de modernización judicial, como la implantación de la Nueva Oficina Judicial que presta servicio al Tribunal de Instancia al contar con todos los actores bajo una misma dirección.
El Sindicato de Justicia UGT-SP también ha hecho un llamamiento a los gobiernos autonómicos para para iniciar las negociaciones en el marco de las Comisiones Mixtas de Transferencias, con el objetivo de lograr una solución que beneficie a la ciudadanía, mejorando el servicio público de justicia y a los profesionales de la Justicia.
