La Mesa del Congreso ha rechazado hoy admitir a trámite una proposición no de ley registrada por el PDeCAT con la que pretendía que la Cámara Baja reprobara al Rey y pidiera la «abolición» de la Monarquía.
El partido del presidente catalán Quim Torra y del huido Carles Puigdemont argumentaba que el Parlamento catalán ha aprobado una resolución en este sentido. La iniciativa a la que se refiere fue presentada por En Comú, salió adelante con los votos de los comuns, JxCat y ERC (69), la abstención de la CUP (4) y contó con el rechazo de PP, PSC y Cs (57), y ha sido impugnada por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional.
IU pretende que dicha resolución se extienda por toda España. “Más del 1.000 municipios van a ver cómo registramos mociones de reprobación a la Monarquía”, anunció el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, el pasado 27 de octubre.
Anunciamos la moción que presentaremos @iunida en más de 1.000 ayuntamientos para reprobar a la corona, exigir un referéndum sobre la monarquía y la investigación de los posibles delitos fiscales del ciudadano Juan Carlos de Borbón. #RepruebaLaCorona pic.twitter.com/HPMxHS3J8O
— Alberto Garzón? (@agarzon) 27 de octubre de 2018
El órgano de gobierno del Congreso ha rechazado admitir a trámite la proposición del PDeCAT siguiendo el criterio de los letrados de la Cámara que recuerdan que, según el artículo 56.3 de la Constitución, «la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad», por lo que tampoco es objeto de control parlamentario.
En la proposición, firmada por la diputada Miriam Nogueras, se pedía una condena expresa «del posicionamiento del Monarca, su intervención en el conflicto catalán y su justificación de la violencia ejercida por los cuerpos policiales el 1 de octubre de 2017″.
Los independentistas también reclamaban que el Congreso manifestase «su compromiso con los valores republicanos» y, «superando el carácter monárquico de la Constitución» de 1978, llamara a la abolición de la Monarquía tachándola de «institución caduca y antidemocrática».
Además, censuraba las amenazas de aplicación del artículo 155 de la Constitución y de ilegalización de partidos separatistas.
RECHAZA DE NUEVO ADMITIR A TRÁMITE LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL REY EMÉRITO
Por otra parte, la Mesa del Congreso ha rechazado de nuevo admitir a trámite la creación de una comisión de investigación impulsada por Izquierda Unida sobre las actividades del Rey Juan Carlos desde su abdicación.
El PP, el PSOE y Ciudadanos han aplicado el mismo criterio de los letrados para rechazar el escrito de Unidos Podemos pidiendo corregir la negativa del pasado septiembre a tramitar su petición -también presentada por ERCV y el Grupo Mixto- para crear una comisión de investigación sobre el Rey emérito al hilo de una conversación grabada por el excomisario José Manuel Villarejo a Corinna zu Sayn-Wittgenstein.
En esa conversación, que tuvo lugar en 2015 en un hotel de Londres, la consultora germano-danesa revelaba a Villarejo y el empresario Juan Villalonga que Don Juan Carlos tenía cuentas en Suiza y cobraba comisiones.
La Mesa del Congreso alegó en septiembre que la petición de esa comisión de investigación carecía de encaje constitucional, conforme al criterio reiteradamente expresado por los servicios jurídicos de que el Legislativo controla al Ejecutivo, pero no a la Jefatura del Estado, sobre la que no tiene competencias.
La portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ione Belarra, ha calificado como «un ejemplo de mala salud democrática» que la Mesa del Congreso haya vuelto a rechazarlo.
En una rueda de prensa en el Congreso, ha insistido que los ciudadanos tienen derecho a «saber si el Rey emérito es o no un defraudador» y ha criticado que el PSOE se oponga a esa investigación.
«Nadie puede estar por encima de la ley, ni el Rey emérito ni ninguna persona», ha señalado Belarra.
Lo cierto es que la pieza judicial de las revelaciones de Corinna fue archivada el pasado septiembre por el magistrado Diego de Egea y Torrón, que instruye el ‘Caso Tándem’, atendiendo la petición de la Fiscalía Anticorrupción.
El juez destacó en un auto que no hay “datos” ni “documentaciones” que prueben las afirmaciones que hizo Corinna zu Sayn-Wittgenstein sobre el Rey emérito.
El magistrado cree que ésta inculpó al Rey Juan Carlos por la ruptura de la amistad.
