El magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6, Diego de Egea y Torrón, que instruye el ‘Caso Tándem, ha archivado la pieza denominada ‘Carol’ -abierta tras la revelación de las conversaciones entre la princesa Corinna y el comisario jubilado José Manuel Villarejo-, atendiendo la petición de la Fiscalía Anticorrupción.
De Egea ha destacado en un auto que no hay «datos» ni «documentaciones» que prueben las afirmaciones que hizo la consultora germano-danesa sobre el Rey emérito en una conversación en 2015 con Villarejo y el empresario Juan Villalonga, en un hotel de Londres.
También argumenta el archivo de la causa porque no ve «indicios racionales» de la comisión de los delitos investigados de revelación de secretos y cohecho atribuidos a Villarejo, el único investigado en esta pieza.
Respecto a la presunta revelación de secretos, el juez tiene en cuenta que el comisario jubilado está en prisión provisional desde el pasado noviembre, por lo que es «muy improbable» que hubiera sido él quien hubiera filtrado a los medios de comunicación las cintas con la conversación con Corinna.
Sobre el cohecho, referido a la supuesta petición que la empresaria hizo a Villarejo para que ayudase a un amigo suyo británico que tenía problemas con la Hacienda española, el magistrado destaca que el comisario «en ningún momento acepta el encargo, ni se compromete ni siquiera a una mera proyección especulativa».
CREE QUE CORINNA INCULPÓ AL REY JUAN CARLOS POR LA RUPTURA DE LA AMISTAD
El magistrado Diego de Egea indica que la única base de los hechos que se imputan al monarca es el relato que hace Corinna, «naturalmente deducidos del desarrollo de su relación de amistad», cuya ruptura en 2009 «pudo haber motivado» sus manifestaciones contra él ante Villarejo.
Además, el juez cuestiona que Corinna no aportase «ninguna documentación en la que pudiera fundamentar las alegaciones efectuadas en la conversación».
Señala que en el disco duro intervenido en la casa del socio de Villarejo, Rafael Redondo, tampoco se encontró «ningún dato añadido que justifique las manifestaciones» de la empresaria acerca de «unos actos que supuestamente había llevado a cabo» el Rey emérito entre 2009 y 2012.
Asimismo, hace hincapié en que la empresaria tampoco relató de forma «detallada, concreta y concisa» los actos en los que, según ella, fue utilizada como testaferro por Don Juan Carlos.
«Corinna pone de manifiesto la entrega de cantidades de dinero que pudo recibir, así como la titularidad de algún bien inmueble, actos en los que ella tuvo que llevar a cabo necesariamente una actitud activa, entregas de dinero y de algún bien inmueble, que bien podían estar justificadas y aceptadas de mutuo acuerdo en base a su relación de amistad. Siendo destacable que Corinna vive en Mónaco, país con importantes beneficios y exenciones fiscales», explica el magistrado.
El juez expone que a esto se suma, además, que las cintas de la conversación fueron grabadas en mayo de 2015 y que los hechos de los que se habla no fueron denunciados por Corinna y se conocieron tres años después cuando fueron publicadas por diversos medios de comunicación.
En todo caso, el magistrado recuerda, como ya había hecho Anticorrupción en su informe solicitando el sobreseimiento, que Don Juan Carlos fue Rey hasta junio de 2014 y que, por tanto, «en todos sus actos y acciones hasta dicha fecha, es inviolable y no está sujeto a responsabilidad».
Previamente, el Ministerio Público había presentado un informe ante el juzgado pidiendo el archivo de esta pieza, y había emitido una nota de prensa informando que no ve que las revelaciones sobre las actividades del Rey Juan Carlos I sean «susceptibles de investigación en sede penal».
No obstante, ha señalado que se reserva la posibilidad de investigar las transacciones financieras internacionales sobre las que se habla en esa conversación, especialmente las relativas al supuesto cobro de comisiones por la construcción del AVE a la Meca, si bien ha recordado que en aquel momento el Rey gozaba de inviolabilidad.
LA MESA DEL CONGRESO RECHAZÓ EL MARTES UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
El pasado martes, la Mesa del Congreso de los Diputados también rechazó crear una comisión de investigación sobre el Rey emérito.
Con los votos del PP, el PSOE y Ciudadanos, tumbó tramitar la comisión de investigación que pidieron a finales de julio Unidos Podemos, ERC y el Grupo Mixto.
La Mesa alegó que carece de encaje constitucional, conforme al criterio reiteradamente expresado por los servicios jurídicos de que el Legislativo controla al Ejecutivo, pero no a la Jefatura del Estado, sobre la que no tiene competencias.
EL GOBIERNO DICE QUE NO HUBIERA PERMITIDO QUE LA PRINCESA CORINNA VIAJARA CON UN EMBAJADOR
La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, se ha pronunciado sobre este caso en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
Lo ha hecho tras ser preguntada por una información publicada esta semana por el eldiario.es acerca de que un embajador de España acompañó a la princesa Corinna en una reunión celebrada en 2007 en Riad, capital saudí, en la que la empresaria se presentó ante un príncipe saudí como «representante» del entonces jefe del Estado.
Celáa ha asegurado que el actual Ejecutivo no hubiera permitido «de ninguna de las maneras» que Corinna zu Sayn-Wittgenstein viajara junto a un embajador español a Arabia Saudí para cerrar negocios. En aquel momento gobernaba el socialista, José Luis Rodríguez Zapatero.
No ha querido pronunciarse sobre la petición de la Fiscalía de archivar la pieza sobre Corinna y del hecho de que no vea las revelaciones de la princesa sobre Juan Carlos susceptibles de investigación. Después de la rueda de prensa ha trascendido que el juez ha archivado la pieza y ha dicho que no hay pruebas de las afirmaciones sobre el Rey emérito.
