Chaves y su abogado Pablo Jiménez de Parga, a su llevada a la Audiencia de Sevilla, donde se celebra el El juicio de la pieza política del caso ERE. / EP
Chaves comparece hoy en el Senado por los ERE
LA FISCALÍA PIDE PARA ÉL 10 AÑOS DE INHABILITACIÓN POR PRESUNTA PREVARICACIÓN
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15/11/2018 10:38
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Actualizado: 15/11/2018 10:43
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El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves comparece hoy en el Senado en la Comisión de investigación de la financiación de partidos, donde el PP le preguntará por el caso ERE, en el que está Chaves está acusado de presunta prevaricación, y la Fiscalía pide para él 10 años de inhabilitación.
El próximo 29 de noviembre, tres días de las elecciones en Andalucía, pasará por la comisión el expresidente andaluz José Antonio Griñán, para quien el Ministerio Público reclama 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación por presunta prevaricación y malversación.
Chaves y Griñán son dos de los 21 exaltos cargos de la Junta acusados de prevaricación y malversación por el procedimiento específico de concesión de ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.
Durante más de una década, entre 2001 y 2010, el Gobierno andaluz repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a mercantiles. Según ha concluído la Fiscalía Anticorrupción en su informe final del juicio, estos fondos permitieron “un enriquecimiento de empresas y terceros”.
También serán citados a comparecer en la comisión de investigación del Senado el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, para quien la Fiscalía reclama 10 años de inhabilitación por el caso ERE, y el exdirector general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero, para quien solicita ocho años de cárcel y 30 años de inhabilitación por los presuntos delitos de malversación y prevaricación. Todavía no hay fecha.
DÍAZ: ELUDE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN EL CASO DE LOS ERE: ‘NO TENÍA COMPETENCIAS’
La semana pasada compareció en la comisión la presidenta andaluza, Susana Díaz, candidata del PSOE a los próximos comicios andaluces, quien protagonizó un rifirrafe con el portavoz del PP en la comisión, Luis Aznar.
En la sesión, que se prolongó durante cinco horas y media, Díaz eludió cualquier responsabilidad en el ‘caso de los ERE’ y en la concesión de subvenciones fraudulentas para cursos de formación. «No tenía competencias», expresó en referencia a que ella accedió a la presidencia de la Junta en 2013, en sustitución de Griñán, y los hechos investigados en el ‘caso ERE’ se produjeron antes.
Díaz reiteró que «no hay causa abierta sobre financiación ilegal» del PSOE de Andalucía, y dijo que el hecho de que la llamasen a comparecer en el Senado responde a un «acto preelectoral» de cara a las elecciones andaluzas.
El popular preguntó a Susana Díaz por las sedes que comparte el PSOE con UGT en la comunidad andaluza y donde se realizaron cursos de formación. Destacó que según la UCO, se dio un «triángulo defraudatorio» para desviar el dinero destinado para cursos de formación, un «negociete».
El senador manifestó que esas sedes han sido un «gran agujero negro» en las cuentas del PSOE y que la Junta concedía cursos de formación a la fundación Ifes, de la UGT, lo que dio pie a que se creara un «triángulo defraudatorio».
Díaz reiteró numerosas veces que Aznar había lanzado «insidias» e «infamias» en sus preguntas, fruto de «la desesperación» del PP, criticó que hable de «tinglados, tramas de alquileres o negocietes», y le pidió que si ve delito acuda a los tribunales.
En la comparecencia, Aznar sacó los puestos de trabajo de varios familiares de la presidenta de la Junta para denunciar un «sistema de enchufe permanente» en el PSOE.
Se refirió al marido de Díaz, José María Moriche, y dos de sus cuñados (Felipe Gallardo y Anaís García), que trabajaron para el ente de UGT que se encargaba de impartir los cursos de formación.
Unos cursos que, según el PP, fueron pagados con dinero que recibían de las subvenciones de la Junta. Díz lo negó y que los populares pretenden contrastarlo con información oficial procedente de la Junta.
La presidenta andaluza replicó que su familia ha tenido puestos humildes e ironizó sobre la sorpresa que eso pueda causar en el PP, porque «no comen con Villarejo ni llegan a casa en Jaguar». Dijo que el único «pecado» de José María Moriche es «ser su marido», que éste cobraba entre 700 y 1.200 euros cuando trabajó en UGT, y que aquello fue antes de que ella fuera presidenta.
El senador del PP también criticó a Díaz por haber «renunciado al ejercicio de la acción civil» en el procedimiento de los ERE, lo que supone «renunciar a recuperar todo el dinero defraudado».
«Usted no se enteró de nada, pero aunque lo quiera olvidar y no haya hecho ninguna averiguación de lo que ha pasado esto lleva su firma«, afirmó Aznar refiriéndose a la «retirada» del ejercicio de acción civil en la causa de los ERE ya que, según él, la Junta «pidió el archivo» de dicha causa.
La presidenta andaluza respondió que eso «no es verdad» y que la Junta hizo una «reserva» sobre este caso en un procedimiento específico y eso no se puede «confundir» con la causa general. También dijo que la Junta se ha personado en «todas» cuando ha sido necesario y que en el tema de los ERE, la Junta «no está retirada».
Entonces Aznar replicó que el Gobierno andaluz «se negó» a entregar documentación a las autoridades sobre los expedientes de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), que presuntamente utilizaba tarjetas black.
De nuevo, la presidenta de la Junta insistió en que la afirmaciones de Aznar «no son correctas». «Entregamos la documentación, portátil y códigos para la Udef y los juzgados, para que pudieran tener acceso», dijo Díaz, a lo que el popular respondió que la Junta entregó «ordenadores que justifican 16.000 euros de las tarjetas, pero el resto hay que buscarlo en prostíbulos», un «resto» que, según el senador, se corresponderían con 80.000 euros.
El popular expresó que la presidenta andaluza «no es la artífice» de nada, pero durante su mandato ha «mantenido un sistema para desactivar controles sobre el dinero público».
«Hay un tufillo justificado por la falta de control que aportan tarde y mal a las causas por falta de determinación en impulsar procesos y también por la forma en la que quiere controlar a los peritos», espetó, y remachó que la Junta «no está colorando con al justicia como debería».
Díaz recordó al senador que «la contabilidad del PP está en los juzgados» dentro del caso Gürtel, al contrario que sucede con las del PSOE que «se pueden consultar».
EL PP SOLICITA DOCUMENTACIÓN SOBRE LAS SEDES DEL PSOE
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha solicitado a la Mesa de la Comisión que reclame al PSOE de Andalucía la documentación por la que preguntó a Susana Díaz durante su comparecencia.
Le piden el número y localización de las sedes del partido en la región, así como la titularidad de las mismas y en qué casos las comparten con otras organizaciones como el sindicato UGT.
También requieren que el PSOE presente listado de los convenios que tiene firmados con UGT para el uso y gestión de locales y los contratos de arrendamiento suscritos por el partido en Andalucía.
Además, el PP solicita a la Junta de Andalucía el listado de centros colaboradores de formación profesional para el empleo desde 2002 y las concesiones de subvenciones por la Junta desde 2002.
Según Aznar, el PP ha tenido acceso a informes policiales que apuntarían a un posible «triángulo defraudatorio», en palabras del senador popular, para desviar el dinero destinado para cursos de formación, y esas sedes compartidas podrían ser usadas para tal fin.
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