La Justicia española ha emitido dos sentencias firmes de prisión contra distribuidores de dispositivos de videojuegos por vulnerar el sistema de protección de consolas. Los condenados distribuían estos dispositivos por medio de naves industriales y de anuncios en portales web de compraventa entre particulares.
La Asociación Española de Videojuegos (AEVI) valora positivamente los avances en la aplicación de la legislación en defensa de la propiedad intelectual. Anualmente se pierden más de 1.500 puestos de trabajo directos y el Estado deja de ingresar más de 50 millones de euros de la industria de los videojuegos por culpa de la piratería en España.
AEVI seguirá actuando contra la producción y distribución de cualquier nuevo dispositivo o software «que rompa la protección y permita utilizar videojuegos ilegalmente adquiridos en las consolas de última generación».
Para Andy Ramos, abogado experto en propiedad intelectual e industrial y asesor jurídico de AEVI, la situación es compleja porque en nuestro país se venden chips y cartuchos para piratear consolas de videojuegos. “La intervención penal trata de parar este tipo de prácticas ilícitas que vienen reflejadas en el artículo 270.6 del Código Penal”.
Este experto recuerda algunos comentarios en diferentes manifestaciones públicas vertidos por el actual ministro de Cultura, José Guirao quien ha señalado de forma directa que el videojuego es cultura y que su departamento trabajaría por tanto en la protección de esta actividad cultural frente a la piratería. “En todos los países más avanzados es un sector estratégico. Así pasa en Canadá, Filipinas, Corea o Japón donde se protege esta industria”, señala Ramos.
De acuerdo a los datos del Observatorio de la Piratería, publicados por la Coalición de creadores, durante 2017 se produjeron 241 millones de accesos ilegales a videojuegos por valor de 5.622 millones de euros, con un lucro cesante de más de 242 millones de euros.
Los tribunales sancionan estas prácticas
La primera sentencia, dictada el pasado 22 de octubre por el Juzgado de lo Penal número 2 de Móstoles (Madrid), condena al acusado a una pena de prisión de seis meses, además de al pago de multa, indemnización y costas legales.
El acusado era administrador único de una empresa dedicada a la venta al por mayor y arrendatario de la nave en Fuenlabrada que fue inspeccionada por agentes de la Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid, donde se incautaron, entre otros productos de diferentes marcas, alrededor de 1.000 tarjetas R4 que rompían las medidas de protección de la consola Nintendo DS para jugar a videojuegos pirata.
La segunda, dictada el pasado 30 de octubre por el Juzgado de lo Penal número 4 de Alcalá de Henares, condena al acusado a una pena de prisión de ocho meses, además de al pago de multa, costas legales y a una significativa indemnización de casi 15.000 €.
El acusado, mediante anuncios en portales web de compraventa entre particulares como Milanuncios.com, se dedicaba a la reproducción y distribución no autorizada de copias de videojuegos compatibles con diversas consolas como la Nintendo DS o la Nintendo 3DS, así como a la distribución de dispositivos destinados a vulnerar las medidas de protección de las mencionadas consolas, tales como el R4 Gold Pro o el Sky 3DS.
Sentencias de conformidad
Ambas sentencias son firmes al haberse alcanzado la conformidad entre las partes y haber manifestado éstas su deseo de no recurrir. Dicha conformidad supone confirmar los hechos y cooperar con la justicia lo que supone una reducción de la pena importante.
“Se trata de la elusión en ambos casos de medidas tecnológicas que viene recogido en la Directiva de 2001, que no se va a modificar en dicho punto de las elusiones por la nueva Directiva de Copyright que se está ultimando su aprobación”.
La AEVI ha valorado positivamente el esfuerzo conjunto del Poder Judicial y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en combatir la piratería.
En palabras de José María Moreno, su director general, “los derechos de propiedad intelectual contribuyen a salvaguardar la creación, el desarrollo de la cultura y a fomentar la innovación tecnológica”.
La piratería es «el primer obstáculo en la consolidación del sector de los videojuegos en España con la generación de empleo y la captación de talento asociada a ello. Por ello, es importante asumir el valor que aportan los creadores de videojuegos y seguir trabajando conjuntamente para avanzar en esta materia aplicando de forma eficaz la normativa vigente”.
Estos procedimientos judiciales como algunos otros que AEVI está empujando como acusación particular, tienen el inconveniente de la complejidad de su investigación por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado, lo que puede hacer que se alarguen en el tiempo. Pese a ello, la vía penal es la más fiable para que un titular de derechos pueda perseguir dichas prácticas. Estos dos asuntos ahora con sentencia firme han supuesto dos años entre instrucción e investigación.
Para Andy Ramos, al igual que para otros expertos y la propia industria tecnológica audiovisual, la puesta en marcha de una Fiscalía Antipiratería, una medida apoyada en su momento por el ministro de Justicia en aquel entonces, Rafael Catalá, y ahora pendiente de que se ponga en marcha con su dotación presupuestaria adecuada, «sería ideal para la lucha contra la piratería de la industria. Creo que harían los procedimientos más sencillos. Una fiscalía especializada sería una gran ayuda para combatir esta lacra».
