La Fiscalía ha registrado un escrito este lunes ante el Tribunal Supremo en el que interesa la inadmisión «a límine«, es decir, de forma directa y sin más trámite, y en su caso, la desestimación de la recusación del presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, presentada por los encausados en el ‘procés’ Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Tull para apartarle del caso.
El escrito firmado por Fidel Cadena y Consuelo Madrigal inicia sus consideraciones señalando que el incidente de recusación «es extremadamente parco en argumentos», ya que el supuesto en el que se concreta es, según destaca la Fiscalía en “un interés directo o indirecto en la causa” de Marchena por su supuesta “vinculación con el partido político del PP que reclama severas penas contra los recusantes”.
Esa dependencia se infiera, recuerda el Ministerio Público, del contenido de un mensaje de ‘whatsapp’ enviado por el senador Ignacio Cosidó Gutiérrez «acerca de un acuerdo previo para la renovación
del CGPJ entre el PSOE y el PP».
Y ello, «sin ningún dato objetivo sobre la conducta o disposición del magistrado que permita fundar alguna sospecha».
«No se trata de primar los deseos o preferencias del justiciable respecto a la composición personal del órgano de enjuiciamiento, ni tampoco de atender sus dudas basadas en meras apreciaciones o
impresiones personales, sino que para que pueda afirmarse que un Tribunal puede no ser imparcial es preciso que las dudas sobre la imparcialidad estén objetivamente justificadas», añade.
De nuevo, «un tribunal a la carta»
Al igual que ya se manifestara en agosto pasado al oponerse a los 6 incidentes de recusación presentados por varios implicados en la causa del ‘procès’ contra el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena y los magistrados de esa misma Sala, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela y Antonio del Moral que juzgarán este asunto, la Fiscalía vuelve a concluir que el objetivo de este incidente no es otro que el de «alterar la composición del Tribunal legalmente constituido y conseguir un Tribunal a la carta para este proceso penal, con el propósito de retrasar la celebración del juicio oral».
En concreto, los líderes separatistas solicitaron que se apartase al magistrado después de que se filtrase un mensaje de ‘whatsapp’ que el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, envió al resto de senadores afirmando que designar a Marchena como presidente del Tribunal Supremo les permitiría controlar la Sala Segunda «desde atrás».
Parcialidad «inasumible»
La Fiscalía dice que no puede asumir la denuncia de parcialidad de Marchena porque no está referida a «ninguna acción, expresión o pronunciamiento del magistrado en el ámbito público de sus funciones, ni en privado de su vida personal».
Y en relación con estos mensajes, el escrito señala que «no puede hacerse depender del albur de un tercero que expresa o da publicidad a su propia opinión y expectativas individuales que constituyen no un hecho sino un juicio de inferencia, la facultad de sustituir ‘ad libitum‘ la composición de un Tribunal».
«Esto no solo equivaldría a la posibilidad de castigar al juez por el juicio de valor gratuito y frívolo de alguien interesado en la recusación, sino la posibilidad de configurar a capricho la composición del Tribunal».
Recalca el escrito que en relación a los ‘whatsapps’ «no estamos ante manifestaciones públicas
procedentes del juez recusado, sino de mensajes emitidos por personas no identificadas» que fueron reenviados por Cosidó a diversos senadores del PP.
«Al margen de cualquier valoración sobre su contenido y sobre si reflejan o no lo que ya se hallaba en la intención de los recusantes, los mensajes no pueden considerarse como elemento acreditativo del
interés de Marchena en un resultado concreto del proceso», añade.
El escrito incide en que «ni siquiera existe constancia y prueba sobre la veracidad o autenticidad» del objeto del comentario que el ‘whatsapp’ de Cosidó transmite.
Se trataba de explicar en el ámbito de un partido político el contexto que había justificado la elección anticipada de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), señalan los fiscales sobre los mensajes de Cosidó.
Explican que en dicho contexto político los señalado por el portavoz popular en el Senado «parece inspirar tranquilidad a los correligionarios y presentar el pacto acordado para la designación de vocales del Consejo como favorable». Presumir que ello deviene en «comportamientos ad futurum o afinidades presumidas en las «personas designadas, etiquetadas con absoluta frivolidad», nada tiene que ver con la realidad objetiva.
Aseguran asimismo los fiscales que «no existe dato alguno» ni tampoco lo mencionan los recusantes para atribuir al Partido Popular, no personado en la causa del ‘procés’ independentista ningún interés en la causa «fuera de la acción de la Justicia».
Marchena como defensor de la imagen de la Justicia
El escrito se refiere también a la nota que Marchena hizo pública con las razones personales de la renuncia, «favorablemente acogida en la generalidad de la opinión pública como un acto de generosa defensa de la imagen de independencia judicial, junto con el sacrificio personal que la renuncia comporta, evidencian por sí mismas, el alto nivel de honestidad ética e intelectual» del magistrado.
«No cabe un gesto de mayor desvinculación con las afinidades políticas que se «sospechan» que la renuncia al más alto honor en la carrera profesional de un magistrado, en salvaguardia, no de una independencia real, incuestionable y públicamente incuestionada, sino de su mera apariencia», añaden sobre el presidente del tribunal del ‘procés’.
Insisten en que «no existe el menor elemento corroboratorio de que las infundadas sospechas estén legítimamente justificadas», puesto que son otros los que emiten sobre él, con motivo del acuerdo parlamentario para elegir presidente del órgano de gobierno de jueces y magistrados, «auténticos e infundados juicios de valor o juicios de inferencia».
Además, no es posible atribuir a Marchena, «de forma especulativa -y sin un mínimo de seriedad- concretas ideas políticas o afinidades ideológicas que él mismo nunca ha expresado con dichos o hechos, y mucho menos en su quehacer judicial», concluyen.
