El juzgado de primera instancia e instrucción de Cazalla de la Sierra cuya titular es la juez Nuria Osuna Cimiano ha dirigido este fin de semana un operativo en coordinación con la Guardia Civil que se ha saldado con la detención de 22 personas por su presunta pertenencia a una organización criminal dedicada al robo de armas de fuego principalmente en chalets y casas de campo de la provincia de Sevilla.
Las armas robadas era introducidas posteriormente en el marcado ilícito relacionado con el narcotráfico y el contrabando de tabaco.
En el marco de la operación a la que la Guardia Civil ha denominado ‘Ablatus Armis’ se realizaron 21 registros domiciliarios, donde se intervinieron 10 armas de fuego largas, 1 escopeta, y 4 armas cortas, dos de fogueo y dos reales. Algunas de ellas estaban preparadas para ser disparadas.
Asimismo, se incautó dinero y joyas por valor de 70.000 euros, 50 teléfonos móviles, 3 vehículos de alta gama, y «gran cantidad» de objetos robados.
También se intervinieron 680 gramos de cocaína de gran pureza, 150 gramos de heroína sin cortar, 3,1 kilogramos de sustancia de corte como lidocaína y cafeína, 18 kilogramos de tabaco de contrabando, 2,9 kilogramos hachís, básculas de precisión y útiles para la elaboración de drogas, según informó este sábado el Instituto Armado.
El clan del ‘Peto’ vivía con fuertes medidas de seguridad
La Guardia Civil centró la investigación en el clan del ‘Peto’ con base en la localidad sevillana de Burguillos, porque «ejercía su actividad delictiva de manera perfectamente jerarquizada y estructurada». Incluso el mismo jefe del clan se hacía llamar “el patrón” entre sus subordinados.
Este clan proveía grandes cantidades de droga a pequeños traficantes de la provincia.La investigación se vio dificultada, según la Benemérita, debido a que los detenidos guardaban fuertes medidas de seguridad, como instalación de cámaras de videovigilancia de última tecnología que se visionaban las 24 horas del día desde un centro de mando situado en una de las viviendas del clan, desde donde también se coordinaba a un grupo de “aguadores” con la función de avisar de la presencia de la Guardia Civil.
Además, las viviendas tenían puertas blindadas, también llamadas “antiocupas”, así como personas vinculadas con la organización, cuya función era proporcionar tarjetas de telefonía a nombre de personas de nacionalidades extranjeras o incluso ya fallecidas con la finalidad de entorpecer la investigación.
Suministraban armas a los narcotraficantes
La operación se inició, cuando la Guardia Civil detectó varios robos -hasta 11 esclarecidos- cometidos en chalets y casas de campo cometidos en las comarcas de la Vega del Guadalquivir y la Sierra Norte de Sevilla donde sustraían las armas de fuego que había en el interior.
Los agentes pudieron identificar a los supuestos autores de esos robos como presuntos miembros de esta organización criminal que podría estar dedicándose a la venta ilegal de las armas sustraídas, que acababan en manos de narcotraficantes de heroína y cocaína de toda la provincia de Sevilla, con la finalidad de custodiar las viviendas utilizadas como almacenes y puntos de venta de drogas.
La operación se llevó a cabo por el Equipo Roca de la Rinconada, el Grupo Rural de Seguridad número 2, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Sevilla y personal de seguridad ciudadana de la Compañía de la Rinconada (Sevilla). Además se emplearon guías caninos y un helicóptero del Cuerpo.
