La falta de disciplina y la violencia escolar se muestran fenómenos crecientes en las aulas, situación que arrastra a algunos docentes a la ansiedad y la depresión y a otros a abandonar la profesión, cosa que hicieron 16 profesores el curso pasado.
Aumentan las agresiones de alumnos a profesores
Según se desprende del informe del Defensor del profesor del sindicato ANPE
|
03/12/2018 07:00
|
Actualizado: 03/12/2018 02:04
|
Hasta 2.179 profesores se pudieron en contacto durante el curso 2017-2018 con El Defensor del Profesor, un servicio de atención inmediata y gratuita del sindicato ANPE para docentes víctimas de situaciones de conflictividad y violencia en las aulas.
Según su último informe, las agresiones y amenazas de alumnos a profesores, que en el período 2016-2017 pasaron de un 3% a un 12 %, volvieron a crecer el pasado curso, un 1%.
El 44% de los casos que recibió corresponden a profesorado de Primaria, superando por primera vez a los de Secundaria (el 39%); el 7%, a profesores de Infantil y el resto se reparte en otras enseñanzas.
Sólo Madrid acapara más del 50% de los casos recibidos en todo el territorio nacional (1.169), seguido a mucha distancia le siguen Canarias (147) y Murcia (126), mientras que a la cola están País Vasco y Cantabria.
Esos datos suponen una leve reducción del 3% respecto al curso anterior. Sólo 70 profesores menos, “lo que indica que las situaciones de conflictividad están lejos de erradicarse en los centros escolares”, afirma el presidente de este sindicato, Nicolás Fernández.
De los problemas relacionados con los alumnos, destaca el aumento de las agresiones a profesores, del 12% al 13%; el aumento de las amenazas; del acoso, que pasa del 10% al 11%, y los problemas para dar clase, que aumentan un 1% en relación con el curso anterior, mientras que se reducen significativamente las situaciones de ciberacoso, de un 20% a un 10%.
También sufren faltas de respeto de los alumnos (se reducen del 23% al 22%), y daños a la propiedad, que se sitúan en un 1%, la mitad respecto al curso anterior.
Otras de sus denuncias están relacionadas con las conductas agresivas de alumnos hacia compañeros, que han disminuido del 10% al 9%.
“Empezó a gritar que era una hija de p*** y me lanzó una silla y su mochila”; “El alumno habla a media voz con su compañero de atrás y comienza a tirarme bolitas de papel cada vez que me vuelvo de espaldas (…) me dio un fuerte empujón contra la pared, levantando la mano para pegarme. Dos alumnos lo sujetaron. Sentí vergüenza, impotencia y miedo”; “Me arrojó con toda su fuerza un balón a la cara”; “Me amenazó con que me esperaría en la calle con sus colegas”; “Me dijo que acusaría de haberlo agredido”. Son algunas de las situaciones que viven los profesores en España relacionadas con los alumnos.
PROBLEMAS RELACIONADOS CON LOS PADRES
Los profesores también se enfrentan a conflictos con los padres de los alumnos. Un 26% ha denunciado faltas de respeto de los progenitores, lo que supone un aumento del 10% respecto al curso anterior.
El 28% ha denunciado que ejercen acoso sobre ellos, que ha bajado un 10%, y un 2% ha comunicado agresiones de padres, que han descendido considerablemente.
Alertan, además, de que los padres presentan denuncias contra ellos (se mantiene en un 19%); presionan para que cambien notas de sus vástagos ( continúan en un 8%); y hacen acusaciones carentes de fundamento (se mantienen en el 25%).
También sufren ciberacoso por parte de ellos (se mantiene en el 1%), principalmente a través de los grupos de whatsapp, donde «difaman, faltan al respeto y se meten en la labor del profesor», según ha explicado Carolina Fernández del Pino, vicepresidenta de ANPE Madrid.
Respecto a los casos relacionados con compañeros de profesión, se observa un aumento en los problemas con la aplicación del Reglamento de los centros y con los equipos directivos, que pasa del 12% al 13%.
Los conflictos con otros docentes se mantienen en el 12%; por apertura de un expediente disciplinario en el 4%; y los problemas con la Administración en un 19%.
Sin embargo, suben del 28 al 31 % los problemas con la dirección del centro.
EL 74% SUFRE ANSIEDAD Y UN 13% DEPRESIÓN
Estas situaciones de tensión, repetidas día tras día, en varias aulas sucesivamente, conducen al profesor a un estado de estrés permanente, que desencadena cuadros patológicos, tanto físicos como mentales, que le obligan en algunos casos a pedir la baja laboral, y en otros a sufrir cuadros de ansiedad y de depresión.
De los profesores atendidos en el curso 17-18 por el Defensor del Profesor, el 74% presentaba ansiedad, el 13% depresión y el 11% estaba de baja laboral.
Es significativo que 16 profesores se han visto obligados a dejar la profesión.
‘O LO DENUNCIA O HABRÁ FIRMADO SU SENTENCIA’
ANPE alerta de que si el docente siente miedo, y renuncia a denunciar los hechos o a tomar medidas habrá firmado su sentencia, ya que ante los ojos de estos adolescentes habrá perdido toda autoridad, dando pie a que otro grupo de alumnos los secunde.
Este sindicato puso en marcha el Defensor del Profesor en 2005, como primera medida de apoyo ante la indefensión del profesorado y como llamada de atención sobre la problemática de la violencia escolar.
Desde entonces ha atendido 34.717 casos. En el curso 2009-2010 fue cuando más consultas recibió: 3.998. El curso 2016-2017 marcó un cambio en la tendencia descendente que venía produciéndose en los tres últimos cursos, y en este último informe se observa un ligero descenso en el número de casos.
En su mayoría, los profesores se ponen en contacto con este servicio por teléfono, aunque también pueden hacerlo por correo electrónico y acudiendo a sus sedes. Las actuaciones que más demandah son el asesoramiento y el apoyo.
Dispone de la información de contacto pinchando aquí.
Son atendidos por un psicólogos, asesores jurídicos, pedagogos y docentes con experiencia en estas situaciones, que les informan de qué pasos dar para detener el problema.
El servicio garantiza la confidencialidad de datos y puede resolver el problema conservando el interlocutor su anonimato.
En los casos más graves indican la necesidad de que sean atendidos por un facultativo médico y/o denuncien los hechos ante Policía Nacional o Guardia Civil.
El docente en el ejercicio de su función es autoridad pública, como establecen los artículos 24 y 550 del Código Penal. Eso quiere decir que muchas de estas actuaciones de padres y alumnos no serán consideradas como faltas, sino como delitos de atentado contra la autoridad.
“Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas. En todo caso, se considerarán actos de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas”, especifica el artículo 550.1.
Y el 550.2 dicta que “los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad”.
La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación, establece en sus artículos 4.2.f y 6.4 que corresponde a los alumnos y a sus padres la obligación de respetar la autoridad del profesor y seguir sus indicaciones, cumpliendo las normas de organización, convivencia y disciplina del centro educativo.
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, recoge en su artículo 124 las normas de organización, funcionamiento y convivencia, donde reconoce que los profesores serán considerados “autoridad pública” y que los hechos constatados “tendrán valor probatorio y presunción de veracidad”.
La Ley de autoridad del profesor se desarrolla en Aragón, Asturias, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia. Tiene cuatro aspectos básicos: la consideración del docente como autoridad pública, la presunción de veracidad, la asistencia jurídica y la reparación de daños.
Siete comunidades no tienen dicha ley, tampoco Ceuta y Melilla, y en Cataluña sólo se reconoce como autoridad a la dirección educativa.
ANPE RECLAMA UN PLAN ESTRATÉTIGO DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
ANPE y El Defensor del Profesor reiteran un año más la necesidad de elaboración de un Plan Estratégico de Mejora de la Convivencia Escolar, que debería ser “liderado y coordinado” por el Ministerio de Educación.
Según explica, debería contar con la reactivación del Observatorio estatal y los Observatorios autonómicos de Convivencia Escolar; y la “ineludible obligación” de los equipos directivos, ante el conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito, de informar a la dirección provincial de Educación correspondiente, así como al Ministerio Fiscal.
También, con un programa de prevención de acoso escolar que contemple la aceleración de los protocolos de protección a las víctimas; un plan de detección precoz de los problemas de convivencia en los centros educativos; la actualización y cumplimiento de los Decretos de convivencia, los Planes de convivencia y los Reglamentos de los centros.
Ese plan debe incluir, además, según ANPE, el establecimiento de protocolos de actuación ante agresiones al personal docente de los centros sostenidos con fondos públicos; un plan específico de formación del profesorado para la prevención y detección de conflictos relacionados con la convivencia escolar; y que se oferte la asistencia jurídica y psicológica gratuita para los docentes agredidos, como ya ocurre en algunas comunidades autónomas, mediante convenios de colaboración con los Colegios profesionales de abogados y psicólogos, para los profesores víctimas de acoso.
ANPE reclama, asimismo, el reconocimiento de la ansiedad, la depresión y el estrés como enfermedades profesionales de los docentes siempre que se deriven de situaciones de acoso, estableciendo estas situaciones como accidentes laborales.
Además, pide compromiso por parte de la administración para el tratamiento rehabilitador y educativo de los alumnos agresores.
El presidente del sindicato lamenta que la futura reforma de la Lomce no se refiera al desarrollo de la ley de autoridad y «no trate a fondo el problema del acoso y violencia contra los docentes».
Noticias Relacionadas:
