La Sección Territorial de Cataluña de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) denunció este lunes a través de un comunicado los ataques contra edificios judiciales en Cataluña.
En concreto en Girona, en los de las localidades barcelonesas de Vilanova y la Geltrú, Manresa, Mollet del Vallès y Rubí, en Solsona (Lleida), Tarragona y Tortosa (Tarragona) donde los denominados Comités de Defensa de la República (CDR) vertieron estiércol y basura a las puertas de estos juzgados, en alusión a que «el poder judicial en el estado español es una mierda”, como señalaron en sus perfiles de twitter.
La APM insta tanto al Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña que dirige Miquel Buch como al Ministerio del Interior, encabezado por Fernando Grande-Marlaska que adopten las medidas necesarias para evitar nuevos ataques como los perpetrados por
«En un Estado de Derecho, resulta intolerable e insostenible que tales ataques puedan desarrollarse con total libertad, aprovechando la falta de vigilancia de los edificios judiciales en horas nocturnas», señalan los jueces catalanes en su escrito.
También reclaman «de quienes tienen la obligación de asegurar la integridad de todos ciudadanos», que garanticen la seguridad, no solo de los edificios judiciales, sino «sobre todo» de jueces, magistrados, fiscales y resto del personal al servicio de la administración de justicia, para que pueden desempeñar sus funciones «con libertad y sin presiones externas».
Y es que alertan de que «los sectores más radicales del independentismo han situado al Poder Judicial en el epicentro de sus acciones violentas, actuaciones que hace tiempo que dejaron de ser anecdóticas».
De hecho, algunos de estos juzgados ya sufrieron otros ataques hace menos de un mes, «lo que refleja que no se trata de un acto aislado -dicen- sino de actos organizados y cada vez más habituales, situados extramuros de cualquier acto de crítica legítima».
Se quejan, además, de que los CDR «reivindican descaradamente» su autoría a través de las redes sociales.
«El ejercicio de la función jurisdiccional, como servicio público de todos los ciudadanos, debe desarrollarse en condiciones de sosiego y dignidad, deviniendo tales actos de hostigamiento un ataque frontal al Poder Judicial y a todas las personas que lo conforman», añaden.
Concluyen su escrito pidiendo a todos los representantes públicos, «la firme condena, sin ambages ni condiciones», de dichos actos que califican «de persecución» y que «únicamente contribuyen a contaminar el normal funcionamiento de cualquier sociedad democrática y a degradar la pacífica convivencia de todos los ciudadanos».
