La Fiscalía Anticorrupción ha pedido hoy al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, instructor del ‘caso Gürtel’, la imputación del expresidente valenciano Francisco Camps (PP) por presuntos delitos de prevaricación y fraude en los contratos de la Generalitat valenciana con empresas de la trama.
También ha solicitado la citación en calidad de investigadas de cerca de una decena de personas que habrían tenido diferentes responsabilidades en la adjudicación de esos contratos, entre ellas el líder de la trama corrupta, Francisco Correa; el considerado ‘número dos’, Pablo Crespo; el responsable de las empresas de la Gürtel en la comunidad valenciana, Álvaro Pérez, ‘el Bigotes’; y la exdirectora general de Promoción Institucional de la Generalitat Dora Ibars.
La Fiscalía también pide al magistrado que cite en calidad de testigo al exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa por las revelaciones que hizo en el juicio que se celebró a principios de año en la Audiencia Nacional y por el que fue condenado por la financiación irregular de este partido.
El pasado 7 de noviembre, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desestimó el recurso presentado por la defensa del considerado ‘número dos’ de la trama Gürtel, Pablo Crespo, contra la reapertura de esta pieza, la 5 del ‘caso Gürtel’, dictada a finales de septiembre, dando así luz verde al magistrado.
El juez De la Mata va a indagar sobre quién ordenaba dichas adjudicaciones, tras las revelaciones de Francisco Correa, Ricardo Costa y Álvaro Pérez, ‘el bigotes’, durante el juicio por la financiación irregular del PP valenciano, que apuntaban directamente al expresidente valenciano Francisco Camps.
La Fiscalía Anticorrupción solicitó en julio la reapertura de esta pieza para que el magistrado investigue las eventuales indicaciones que podría haber recibido la exdirectora general de Promoción Institucional de la Generalitat Dora Ibars para la adjudicación de determinados contratos a la mencionada empresa del Grupo Correa.
Si en su calidad de directora general de Promoción Institucional habría sido quien adoptó las decisiones finales en lo relativo a la contratación directa de Orange Market o como apuntan los magistrados de la Sección Segunda, “tal decisión fue adoptada por otras autoridades superiores jerárquicamente a la acusada, a las que se refirieron los acusados en el juicio”.
El Ministerio Público dio este paso después de que el pasado enero, en el juicio por la presunta caja ‘b’ del PP valenciano, el exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa asegurara que fue su antiguo jefe y expresidente valenciano Francisco Camps quien decidió contratar a Orange Market para organizar los actos de campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y que éstos se financiasen en parte con “dinero negro”.
El ‘cabecilla’ de la Gürtel, Francisco Correa, había afirmado en ese juicio que estos contratos fueron ordenados por altos cargos del PP valenciano, mientras que Álvaro Pérez, el responsable de las empresas de la trama en la Comunidad Valenciana, también mencionó el nombre de Camps.
Correa, y su ‘número dos’, Pablo Crespo, afirmaron que fue Costa el que les indicó que si “querían cobrar” los servicios prestados por Orange Market, debían facturar a terceros empresarios. Nueve de éstos reconocieron los hechos.
Dora Ibars, que declaró en calidad de testigo, aseguró que no se reunió “con ninguna persona de Orange Market para tratar asuntos relacionados con campañas electorales ni con nadie del PP ni del Gobierno valenciano para hablar de presupuestos».
La Sala de lo Penal ordenó reabrir esta pieza en la que se imputaba a Ibars la contratación directa de la sociedad Orange Market en 2005 para la elaboración de la Guía de la Comunicación de la Generalitat y un pen drive que se iba a utilizar como regalo institucional.
Un procedimiento en el que, para sustraerse del control administrativo, las partes habrían acordado la emisión de varias facturas hasta alcanzar el valor del precio cobrado por Orange Market, de 88.975,59 euros, de los que se llegaron a pagar 58.580 euros.
Francisco Camps asegura que las adjudicaciones a Orange Market fueron “correctas” y que su Gobierno actuó “bajo el imperio de la ley”.
