"Selfie" de los independentistas, debidamente tapados para no ser reconocidos, poniendo estiércol en la entrada de uno de los edificios judiciales. EP.
La Asociación de Fiscales, primero, y el Consejo Fiscal, después, reiteran el compromiso con la legalidad
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13/12/2018 06:15
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Actualizado: 13/12/2018 01:49
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Primero fue la Asociación de Fiscales (AF) y después el Pleno del Consejo Fiscal, el órgano que asesora a la fiscal general del Estado. Ambos se pronunciaron en la misma línea: la defensa de la legalidad.
Fue la respuesta a los acontecimientos acaecidos en Cataluña este fin de semana, y que llevaron a cabo los llamados Comités de Defensa de la República, más conocidos como CDR, grupos separatistas de acción popular, los cuales bloquearon una carretera durante más de 15 horas un día y al siguiente abrieron los peajes para que los vehículos circularan sin pagar, así como los ataques a las sedes fiscales y judiciales, sembrando sus entradas de excrementos de animales.
«La Asociación de Fiscales ante la actual situación en que se encuentra sumida la Comunidad Autónoma de Cataluña, quiere poner de manifiesto su renovado compromiso en la defensa de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución», dijo en un comunicado.
«La Constitución Española, que en estas fechas cumple 40 años, ha permitido la convivencia pacifica de los españoles y el desarrollo de España como un estado social y democrático de primer orden».
Y remachaba la nota recordando que «Incumbe al Ministerio Fiscal la misión de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, función que viene desempeñando eficazmente en esa Comunidad como en el resto del territorio español, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 124 de la Constitución Española«.
El Pleno del Consejo Fiscal, por su parte, condenó, en un escueto comunicado, los ataques que se produjeron en las últimas semanas a las sedes fiscales y judiciales de Cataluña en las últimas semanas a las sedes fiscales y judiciales de Cataluña.
«Rechaza cualquier tipo de presión en el ejercicio del servicio público que prestan Fiscales y Jueces, cuya principal perjudicada es la propia ciudadanía, y reafirma su compromiso con la defensa del orden constitucional, el principio de legalidad y, por consiguiente, los valores democráticos de la sociedad española», concluyeron.
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