La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares presidida por Antonio José Terrasa García e integrada por los magistrados Carlos Gómez Martínez y Antonio Montserrat Quintana, ha admitido a trámite la querella presentada el pasado 14 de diciembre por Europa Press y el Diario de Mallorca contra el juez Miquel Florit Mullet por ordenar la incautación de los móviles y ordenadores de dos periodistas de estos medios para rastrear sus fuentes en el caso ‘Cursach’.
Asimismo, según se desprende del auto al que ha tenido acceso Confilegal, ha nombrado a una instructora para la causa, la magistrada Felisa Vidal Mercadal, a quien corresponde por turno.
El TSJ de Baleares ha declarado secretas las actuaciones para investigar los presuntos delitos de prevaricación judicial, inviolabilidad del domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista.
El caso ‘Cursach’
Florit como titular del juzgado de instrucción número 6 de Palma investiga un supuesto delito de revelación de secretos relacionado con la difusión de noticias sobre este caso que instruye el juzgado número 12 de Palma sobre una presunta trama corrupta liderada por el empresario de ocio nocturno Bartolomé Cursach para el que la Fiscalía ha pedido este martes 8 años y medio de cárcel.
Según el escrito del Ministerio Público, desde el año 2000 hasta el 2016, Cursach dio instrucciones y órdenes para que se llevase a cabo la práctica habitual de regalar a diversos funcionarios públicos que tenían competencias en temas y cuestiones que podía afectar a la marcha de los negocios del Grupo Cursach.
En la trama estarían involucrados empleados de sus discotecas, policías locales de Palma, funcionarios del Ayuntamiento de la capital y de Calvià, y la exdirectora general de Turismo del Govern, Pilar Carbonell.
El pasado martes, el juez Florit, con el visto bueno del Ministerio Fiscal, ordenó la incautación de los teléfonos móviles de los periodistas José Francisco Mestre y Blanca Pou, el registro de las redacciones de Europa Press en Baleares y del Diario de Mallorca y la aprehensión de ordenadores y documentación de la agencia de noticias.
