No fue un jarro de agua fría. Los representantes de las 4 asociaciones de jueces, que junto a las 3 de fiscales, se reunieron ayer por la tarde con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y su equipo, en la sede del Ministerio, eran conscientes de que los números no salen. La democracia, al final de todo, es una cuestión matemática, de sumas restas.
PP y Ciudadanos cuentan con 169 votos, de los 176 necesarios. Necesitarían que tanto PNV, que tiene 5 diputados, como Coalición Canaria, que tiene 1, votaran con ellos.
Y, además, sería fundamental que un diputado del resto de los grupos se abstuviera, votara con ellos o se ausentara durante la votación.
Y eso, lo intuyen todos, no va a ocurrir.
Por ello, Delgado alentó a sus interlocutores –Álvaro Martín y Juan José Carbonero, por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Raimundo Prado y Natalia Velilla, por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV); Diego Gutiérrez, por Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD); Concepción Rodríguez, por Foro Judicial Independiente (FJI); Cristina Dexeus, por la Asociación de Fiscales (AF), Emilio Fernández, por la Unión Progresista de Fiscales (UPF); y Salvador Viada, por la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF)- a retomar el proceso de renovación iniciado el pasado 4 de agosto y paralizado tras la renuncia del magistrado Manuel Marchena a presidir el órgano de gobierno de los jueces y el Tribunal Supremo.
PRIMERA REUNIÓN DESPUÉS DE LA HUELGA
Fue el primer encuentro que mantuvieron después de la huelga de jueces y fiscales del pasado 19 de noviembre, que se saldó con el reconocimiento, por primera vez en la historia, de ese derecho para ambas carreras por parte del Ministerio. Un derecho que quedó establecido con el anuncio de que, por primera vez en la historia, se detraerían de los salarios de los que hicieron huelga las cantidades correspondientes a ese día.
El objetivo que animó la reunión, a la que también asistieron el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Viejo; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Esmeralda Rasillo y la directora general de Modernización de la Justicia, Sofía Duarte, era el de retomar el diálogo con ambos colectivos tras la huelga.
En ese encuentro, Delgado explicó que, ante la ausencia de Presupuesto para 2019, había conseguido poner sobre la mesa una propuesta para incrementar el sueldo de los jueces de las últimas promociones y de los fiscales de quinta categoría -908 fiscales y 789 jueces; 1.697 en total- en 777 euros brutos anuales para cada uno, abonables en una sola paga o 54,49 euros brutos divididos en 12 mensualidades.
Es una partida del 0,2 por ciento (1.318.427,18 euros) que corresponde al Presupuesto vigente.
Una oferta que tienen que discutir y dar el visto bueno las asociaciones.
Sobre las retribuciones para la totalidad de ambas carreras, el Ministerio dijo encontrarse en plenas negociaciones de los presupuestos con intención de alcanzar un incremento de la masa salarial que se pueda destinar a aspectos propios de las carreras judicial y fiscal, como son retribución variable, guardias y grupos de población.
SE RECUPERAN LOS PERMISOS, LICENCIAS DE PATERNIDAD E INCAPACIDADES TEMPORALES
Por otra parte, la directora general Duarte recordó que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se aprobará previsiblemente hoy en el Congreso de los Diputados recupera otros derechos laborales de jueces y fiscales como permisos, licencias de paternidad e incapacidades temporales.
Respecto de las vacaciones anuales, la nueva ley contempla la recuperación de los días adicionales por razón de antigüedad. También se recuperan los días de permiso para asuntos propios. En el caso del permiso de paternidad, se equipara al del resto de funcionarios y empleados públicos extendiéndose hasta las cuatro semanas.
También se establece una cláusula residual para que cualquier mejora laboral aprobada para las Administraciones públicas se traslade de manera automática al ámbito judicial.
En el ámbito específico del Ministerio Público, la ministra se comprometió a reconocer el derecho de los fiscales que ocupan plazas de categorías superiores a la suya a obtener el complemento de destino del puesto que efectivamente desempeñan.
Por ello, el Ministerio anunció que dará orden a la Abogacía del Estado para que desista de los recursos presentados por el Gobierno contra las sentencias que dieron luz verde a esas retribuciones en casos concretos, lo que previsiblemente tendrá efectos extensivos a otras muchas situaciones de este tipo.
Sobre la eliminación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece los plazos mínimos y máximos par ala instrucción, Delgado explicó que «había escollos parlamentarios que lo impedían».
La ministra Delgado emplazó a todos los colectivos a una próxima reunión el 10 de enero para seguir avanzando en el estudio de sus reivindicaciones salariales.
