El Ayuntamiento de Madrid ha solicitado a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo un aplazamiento para el abono de las costas a las que fue condenado al ejercer la acusación particular contra los funcionarios y particulares que resultaron acusados en el llamado caso “Guateque” alegando insuficiencia presupuestaria.
La tasación de costas se encuentra practicada desde el pasado 7 de septiembre y asciende a la cantidad de 104.279, 39 euros.
El Ayuntamiento ha solicitado la no aplicación de medidas coercitivas para su exacción, excusando haber iniciado un procedimiento de habilitación de crédito, ya que de no ser así afectaría a la actividad de los madrileños.
Sin embargo, al parecer, a día de hoy no se ha habilitado la partida correspondiente en el presupuesto del año 2018, ni tampoco esta obligación se ha tenido en cuenta en el presupuesto del año 2019.
El presupuesto del Ayuntamiento de Madrid fue aprobado en un pleno extraordinario y urgente celebrado el pasado día 21 de diciembre de 2018, ascendiendo el presupuesto de gastos a la cantidad de 4.823, 3 millones de euros.
En el momento de su aprobación las costas adeudadas eran firmes, no obstante, lo cual se ha obviado, lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley de Haciendas Locales sobre la suficiencia de créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles
Haciendo un poco de historia, sobre la actuación mantenida por el Ayuntamiento de Madrid en este lamentable proceso, siempre fue muy controvertida.
Ya en los inicios del proceso en el año 2007 planeo la recusación sobre el juez instructor Santiago Torres, debido a las reuniones con mesa y mantel con el vicealcalde Manuel Cobo y al contacto telefónico permanente.
Posteriormente resultaron imputados algunos ediles.
El Ayuntamiento se persono desde el principio en el procedimiento, ejerciendo la acusación particular como perjudicado.
Continuando en todas sus instancias, con temeraria y manifiesta inconsistencia.
En todo momento la actuación de sus servicios jurídicos se limitó a reproducir como un calco la acusación de la fiscalía, interponiendo finalmente un recurso indefendible ante el Tribunal Supremo, que le ha ocasionado la condena en costas.
La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid era absolutamente contundente y recogía una sucesión de negligencias que afectaban tanto a la guardia civil, como al juez instructor y a la propia Fiscalía.
Sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid pese al atropello ocasionado a lo largo de 10 años a 30 personas, no dudo en continuar con su acusación.
Durante todo este interminable proceso, dejo al margen el interés de los madrileños, que ahora pone como excusa para dilatar el pago.
Finalmente al parecer, había estudiado la posibilidad de interponer un recurso de amparo contra la sentencia del Supremo, lo cual no se ha producido
A día de hoy, tampoco ha devuelto las cantidades que adeuda a los funcionarios como consecuencia de las retenciones efectuadas en los expedientes de suspensión de empleo y sueldo. Por lo que de no dar una pronta solución a estas cuestiones, también le podría ocasionar la interposición de números recursos contenciosos
Pero si desde el principio todo ha sido una sucesión de incumplimientos y atropellos, que continua, el Ayuntamiento nunca con anterioridad había ejercido control alguno sobre la actividad de sus funcionarios para evitar irregularidades.
