La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha acordado mantener la fianza de 18 millones de euros impuesta al expresidente de Bankia Rodrigo Rato –en prisión por un delito continuado de apropiación indebida en el uso de las ‘tarjetas black’ de Caja Madrid– cuando se inició la investigación por el origen de su patrimonio, en mayo de 2015.
En un auto fechado a 18 de diciembre, al que ha tenido acceso Confilegal, los magistrados Rosario Esteban Mieland, Celso Rodríguez Padrón (ponente) y María Luisa Álvarez-Castellanos señalan que la cantidad fijada como responsabilidad civil ante una eventual condena ya ha sido estudiada en ocasiones anteriores y que ya entonces han explicado que la competencia para valorar y fijar la fianza la tiene el instructor.
En la anterior resolución, rechazaron la pretensión de Rato de rebajar los 18 millones e instaron al juez Serrano Arnal a que concretase dicha cantidad «a la luz de la evolución de la causa».
En este nuevo auto, difundido hoy por el TSJ de Madrid, el tribunal ha desestimado el recurso de Rato contra la decisión adoptada el pasado 5 de noviembre por el juez Serrano Arnal de rechazar la rebaja o eliminación de la fianza.
Además, ha vuelto a advertir al magistrado Antonio Serrano Arnal, titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, que debe justificar de forma «ponderada e imparcial» por qué considera que esta cuantía es la proporcional con los delitos que se imputan a Rato.
Los magistrados le piden que realice una «valoración jurídica» detallada sobre el examen y análisis de las pruebas e informes aportados a la causa por todas las partes durante los casi cuatro años de instrucción.
«Debe dar respuesta concreta, motivada, detallada, analítica, ponderada e imparcial de cuanto se le plantea, justificando sus conclusiones con razones apoyadas en los datos concretos que han ido accediendo a la causa, y no sobre validaciones genéricas«, señalan.
Añaden que no «alcanzan» a comprender cuál es la «sencilla operación aritmética» que el juez instructor indica que es «bastante» para justificar la «prudencia» con la que se fijó la cuantía en 2015 porque «no se especifican las cantidades a sumar por cada uno de los delitos y conceptos» por los que se mantiene abierta la causa.
Respecto a una de las alegaciones de la defensa sobre la inexistencia del delito de blanqueo de capitales externo por el que está siendo investigado Rato, señala que no es ahora el momento de pronunciarse sobre «el curso de la investigación, sino revisar el ajuste a Derecho de las que ha de adoptar el titular del Juzgado de Instrucción».
RATO CONSIDERA LA FIANZA ‘DESPROPORCIONADA’
La defensa de Rato alegó en el recurso que la fianza es «desproporcionada» porque las «cuotas presuntamente defraudadas alcanzan un montante muy inferior» y que la cuantía «estaría muy alejada de la cantidad calculada en los primeros momentos de la instrucción».
Subraya que el instructor acordó la fianza basándose en el informe inicial de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), que siempre ha rechazado el expresidente de Bankia y por los que contrató a unos peritos para defender su inocencia.
El denominado ‘caso Rato’ está dividido en una decena de piezas en la que se investigan delitos fiscales y otros de corrupción relacionados con sus actividades y negocios que podrían haber favorecido a la fortuna familiar.
El juez Serrano Arnal acordó el pasado 28 de noviembre la prorroga de esta investigación hasta junio de 2020.
Rato está en la cárcel desde el pasado 25 de octubre cumpliendo la condena de cuatro años y medio de prisión por el uso fraudulento de las tarjetas ‘black’ de Caja Madrid y Bankia.
Está interno en Soto del Real.
Se enfrenta a otros cinco años de prisión por su presunta responsabilidad en la salida a bolsa de Bankia, hechos por los que declarará la semana. Hay hasta 31 exdirectivos acusados de supuestas irregularidades del salto al parqué, por las que la Fiscalía sólo acusa a los cuatro antiguos administradores.
