Hasta el momento, el Gobierno no ha adoptado ninguna de las medidas recomendadas por los Defensores del Pueblo y propuestas por los Consejos, Comisiones y Comisionados de Transparencia.
Curiosamente las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han ido en otro sentido, pero los hechos han sido otros.
De momento la transparencia no parece estar en la Agenda del Gobierno de Pedro Sánchez, es nuestro experto para analizar la actividad en transparencia de nuestro Gobierno actual.
“Tampoco ha tenido otros gestos en favor de la transparencia demandados por la sociedad civil: no ha ordenado el desistimiento de los recursos contenciosos-administrativos interpuestos por el anterior Gobierno contra las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG)”.
En este caso concreto hay que destacar al propio ente RTVE, tal y como indicaba nuestra publicación que tiene más de treinta recursos planteados a nivel de transparencia contra resoluciones del propio Consejo de Buen Gobierno y transparencia, un organismo que el propio Estado creo hará ahora cinco años “ Debería apostar por la transparencia de forma real la nueva administradora, Rosa María Mateo y revocarlos”, apunta Blanes,
También aclara “que falta por ratificar el convenio del Consejo de Europa del 2009 de acceso a los documentos públicos y si se va a mejorar la Ley de Transparencia, “de tal forma que el derecho al acceso se reconozca como un derecho fundamental de los ciudadanos”.
“Curiosamente RTVE litiga con abogados del Estado y consume recursos públicos mientras que el citado Consejo de Transparencia tiene que reclutar abogados externos para defender esos pleitos frente a la RTVE y otros con el consiguiente gasto”, una reflexión que hace Blanes y que llama la atención.
Al mismo tiempo recuerda que tampoco “ha propuesto a ninguna persona para ocupar la presidencia del mismo, vacante desde el fallecimiento de su anterior titular, Esther Arizmendi en noviembre del 2017-, ni se ha impulsado la renovación de los 3 vocales de la Comisión de Transparencia de dicho órgano que está pendiente desde 2016; no se ha incrementado los medios personales y materiales, es decir, el presupuesto del CTBG”.
En esta tesitura, por si no fuera suficiente “ además , se han declarado secretos varios viajes oficiales del Presidente con la finalidad de no facilitar información sobre los mismos, ni siquiera el coste económico”.
Hay que seguir peleando por la transparencia
¿Y qué se puede hacer para la transparencia de las instituciones públicas y el derecho de acceso a la información pública?
“Seguir luchando, no queda otra alternativa. Hay que solicitar información y reclamar cuando no se facilite, denunciando los casos ante los medios de comunicación y en las redes sociales», afirma Blanes.
También advierte que “no es fácil ni rápido eliminar la opacidad e instaurar una cultura de transparencia. Estamos ante una carrera de fondo que estamos seguros que vamos a terminar de forma exitosa”.
Blanes recuerda que “tanto los Defensores del Pueblo de España, como altos comisionados de los parlamentos para la protección de los derechos fundamentales de las personas, siempre se han encargado y se encargan de tramitar las quejas de la ciudadanía en materia de falta de transparencia de las instituciones públicas y del ejercicio del derecho de acceso a la información pública”.
Y rememora como “en las jornadas de Coordinación celebradas en octubre de 2017, aprobaron un total de 15 recomendaciones para que el Gobierno de España adoptara medidas de mejora. Sin embargo, desde entonces, nada se ha logrado”.
Al mismo tiempo destaca que “tampoco se ha aprobado el Reglamento de desarrollo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; el derecho de acceso a la información pública sigue sin reconocerse como un derecho fundamental; el silencio administrativo sigue siendo negativo y no se ha propuesto la modificación de la citada Ley 19/2013 para incorporar las restantes mejoras recomendadas por los Defensores del Pueblo”.
Otra cuestión que comenta es que “en septiembre de 2018, los representantes del Consejo estatal de Transparencia y Buen Gobierno y de las restantes instituciones autonómicas de transparencia, adoptaron conjuntamente la llamada ‘Declaración de Cádiz’, en la que propusieron la necesidad de acometer las siguientes reformas todas ellas plenamente coincidentes con las ya propuestas un año antes por los Defensores del Pueblo”
Se trataría de “consagrar el derecho de acceso como un derecho fundamental, la dotación de medios humanos y económicos suficientes para los órganos de garantía, el desarrollo efectivo de la potestad sancionadora, la mejora del procedimiento de acceso para hacerlo más sencillo y eficaz, mejorar la concreción de los límites de acceso y las causas de inadmisión, unificar en la medida de lo posible los regímenes de acceso y desarrollar una gestión documental y de archivos moderna que sirva como vehículo de todos estos cambios”.
De momento, los hechos son pocos pero la sociedad civil insiste en querer conocer la gestión de nuestros políticos y de las propias entidades públicas que inciden sobre ella.
“El derecho de acceso a la información pública debe consagrarse como un derecho fundamental”, explica el propio Miguel Angel Blanes.
