Opinión | ¿A quién defiende el Defensor del Pueblo?

Decía Carlos Bilardo que todo individuo que pase por la calle con 1,90 metros de estatura podría ser un buen delantero centro o un buen defensa. Entre estos, entre los defensas, todo buen aficionado al futbol sabe que los hay, al menos, de dos tipos: el defensor con clase y el defensor tronco.

El primero defiende con elegancia, evitando las faltas y sacando el balón jugado. En definitiva, construyendo juego. A todos se nos viene como ejemplo el recientemente desaparecido Beckenbauer.

Por el contrario, el defensa tronco embarra, hace faltas y, en general, juega al despeje, al patadón, cuanto más alto mejor, incluso intentado sacar la pelota del estadio. Y vuelta a empezar.

El Defensor del Pueblo de España, si se tratase de fútbol, pertenecería a esta segunda clase de defensas. En su informe para el año 2023, ha reclamado al Consejo General del Poder Judicial que aplique las herramientas legales disponibles con el fin de evitar actuaciones dilatorias de mala fe por parte de los abogados, ya que perjudican el derecho a la justicia sin dilaciones indebidas.

Aparte de fijarse en los árboles y no en el bosque, debemos pensar que esa afirmación es debida a falta de información, lo que supone una negligencia inexcusable en su importante tarea, o a que, simplemente, es un defensa tronco, cuya misión es echar balones fuera, lo que no supone defensa en su misión, sino confusión de los ciudadanos.

Sin duda el Defensor del Pueblo, catedrático de Universidad y ministro de Educación en su día, conoce más de ese campo, en el que Ortega decía que hacer cambios era como remover cementerios. De la Administración de Justicia, aunque también son complicados los cambios, no parece conocer nada.

O no quiere conocerlo.

Hace ya siglos alguien acuñó la frase “vuelva Usted mañana” referida, entre otras cosas a la Administración española y la dificultad para resolver con celeridad asuntos importantes.

Cuando se defiende al pueblo se debe estar mejor informado de la situación de la Administración de Justicia en nuestro país, al menos para intentar ser más certero en las recomendaciones, y, sobre todo, no señalar a quien pasaba por allí.

LO QUE SE HA OLVIDADO EL DEFENSOR: UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SIN MEDIOS

Desde hace décadas, todos los integrantes de la Administración de Justicia, jueces, fiscales, letrados y funcionarios en general, vienen denunciando la escasez de medios materiales y humanos para la resolución de los asuntos en una colapsada administración. La Abogacía viene pidiendo un Pacto de Estado por la Justicia desde no se sabe cuándo.

En esa Administración paralizada también influyó, seguro que al Defensor del Pueblo le consta, una pandemia, que colapsó más con nuevas formas de trabajo y citas previas que se han mantenido hasta hace poco.

Quizá le conste también al Defensor del Pueblo las huelgas en Justicia en 2023, que supusieron una paralización, y un retraso superior, de al menos 6 meses en la práctica totalidad de asuntos. Sólo la Abogacía, la Procura y los Ciudadanos han sufrido en carne propia los retrasos por tal causa.

Si le interesara al Defensor del Pueblo, la Abogacía le podría informar cómo se ha normalizado que una reclamación superior a 6.000 € tarde en resolverse más de dos años, o cómo algunos progenitores han sufrido retrasos en la posibilidad de obtener la custodia de sus hijos durante más de un año por las suspensiones hasta la resolución de un asunto, eso después de otro año de tramitación. Y así miles y miles de asuntos.

Como esa huelga no fue de los profesionales de la Abogacía, ni tampoco se nos puede atribuir la pandemia, de momento, el Defensor ha encontrado la solución: los retrasos en la Administración de Justicia responden a las maniobras dilatorias maliciosas de los profesionales de la Abogacía.

LOS ÚNICOS SOMETIDOS A PLAZOS SOMOS LOS ABOGADOS

No se si el Defensor conoce que los únicos integrantes sujetos a plazos, de modo real, en esa Administración son los profesionales de la Abogacía, que, además, tienen a un cliente detrás que, como buen ciudadano que confía en su defensor (su abogado, no el del pueblo), le requiere cada poco tiempo sobre su asunto. Y no podemos decir vuelva Usted mañana.

Cuando un ciudadano se enfrenta a la maquinaria de la Administración de Justicia podemos asegurar que su impresión es descorazonadora. Y con razón.

Debe conocer el Defensor del Pueblo que la Abogacía, en palabras de uno de los padres de la Constitución, Miquel Roca, palabras que repitió el pasado día 21 de marzo de 2024 en la sede del Consejo general de la Abogacía Española, es la única que acerca la justicia al ciudadano, quien le sirve de unión con esa aspiración elemental. Imputar o señalar a esa profesión, tan cándidamente, como la razón de las dilaciones en la Administración de Justicia, no es defender al pueblo sino ocultarle la realidad.

No soy tan iluso como para desconocer que, en ocasiones, hay compañeros que maliciosamente pueden dilatar un procedimiento en interés del cliente.

Sin duda el Defensor del Pueblo, político profesional desde hace varios años, no ignora que la aplicación de la ley permite, a veces, acelerar o retrasar las cosas, según interese.

Pero también debería saber el Defensor del Pueblo, que la Abogacía sanciona a quienes, vulnerando la ley, retrasan maliciosamente los procedimientos. Esa actuación ya la ponen en conocimiento de los Colegios los Jueces cuando se produce.

Y nuestro Código Deontológico consagra la obligación de contribuir a la diligente tramitación de los procedimientos en que se intervenga, sancionando nuestro Estatuto hechos como la incomparecencia injustificada a diligencias judiciales y, en definitiva, todo aquello que suponga una ofensa grave a la dignidad de la profesión. Y esas obligaciones o se cumplen o se sanciona la infracción.

Alguien de su talante conciliador, que conoce que no todo vale y que no todo da igual, seguro que comprenderá la profunda injusticia que supone atribuir la responsabilidad por retrasos a quienes personalmente y en representación de sus clientes sufren, día tras día, las dilaciones, debidas e indebidas, de la Administración de Justicia. Y muchas más cosas.

Al igual que indicaba Ortega para la Universidad, la reforma de la Justicia no puede realizarse ni consistir, simplemente, en la corrección de abusos. Debe ser más profunda.

Quizá no tuviese razón Bilardo y no sea necesario ser muy alto para ser un buen defensa. Beckenbauer sólo medía 1,81 metros, y he conocido a otros más altos bastante malos.

La conclusión es que para ser un buen defensor quizá no sólo se necesite altura física.

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