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Derogación de la reforma laboral e igualdad entre ambos sexos, entre los 7 retos del Gobierno en este campo para 2019

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio Cordero, en una reunión con los secretarios generales de UGT, José María Álvarez Suárez, el primero por la izquierda, y de CC.OO., Unai Sordo, y el nuevo presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi. MT.
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Derogación total o parcial de la reforma laboral, regreso a la ultraactividad de forma indefinida, endurecimiento de las condiciones para la flexibilidad interna de las empresas, registro obligatorio de la jornada de trabajo, limitación de la subcontratación, igualdad entre ambos sexos y derecho a la desconexión digital, son los temas que van a marcar el terreno de juego de lo laboral a lo largo de 2019, de acuerdo con Rafael Giménez Arnau, abogado, recién reelegido presidente del Foro Español de Laboralistas (FORELAB). 

“En primer lugar hay expectación por saber qué reformas en materia laboral va a plantear el Gobierno, como contrarreforma de la realizada en el 2012 por el Ejecutivo de Rajoy, aparte del Real Decreto de 28 de diciembre aprobado», apunta.

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Es muy probable que el Gobierno no haga una derogación total de la reforma laboral, «pero es su intención plantear cambios significativos. En primer lugar, en materia de convenios colectivos, se pretende volver a la prevalencia del convenio sectorial respecto al de empresa, medida importante del 2012 y su reforma laboral “ que trataba de otorgar a las empresas una mayor flexibilidad y adaptación de sus condiciones a su entorno”.

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El segundo elemento que se revisará tiene que ver con “la vuelta de la ultraactividad de forma indefinida. En la reforma anterior (actualmente vigente) se limitaba dicha ultraactividad de los convenios colectivos a un año (salvo pacto en contrario), ahora se quiere eliminar dicho límite. Fue una medida que se utilizó para agilizar los convenios colectivos y evitar condiciones petrificadas, e incentivar a los negociadores a actualizar los convenios. Parece que esa medida se eliminará”, explica el presidente de FORELAB.

Otra medida que se está analizando es “endurecer las condiciones para la flexibilidad interna de las empresas, lo que supondría otro paso atrás respecto a la reforma del 2012. En cuanto a las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo se podría plantear limitar  el ámbito de las materias a modificar, reforzar las causas para implementar dichas modificaciones y establecerse una indemnización por daños y perjuicios en caso de que las modificaciones sustanciales fueran injustificadas”.

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En este tema, Giménez-Arnau explica que en la misma línea se está proponiendo que “aunque exista acuerdo en las modificaciones sustanciales de trabajo de carácter colectivo, la inspección de trabajo pueda alegar una manifiesta desproporcionalidad de las causas y las medidas planteadas. Eso permitiría impugnar la modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter colectivo aunque hubiese acuerdo”.

A su juicio, parece que se quiere dar más protagonismo a la inspección de trabajo en estos temas de modificación sustancial de carácter colectivo así como en los despidos colectivos.

REGRESA EL REGISTRO OBLIGATORIO DE JORNADA

Anunciado como oposición en el Gobierno y, pese al fallo del Tribunal Supremo en el llamado caso Bankia, el Ejecutivo del presidente Pedro Sánchez bordará durante este año “el registro diario obligatorio de la jornada de trabajo. La justificación es que se estarían produciendo supuestamente abusos en las jornadas de diferentes colectivos”.

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Para Giménez-Arnau «esta medida no se adapta a los tiempos actuales, porque vamos evolucionando a un modelo flexible de relaciones laborales por la llegada de la digitalización al mundo de la empresa. Asimismo hay una tendencia creciente por parte de las empresas a fomentar la flexibilidad laboral, tanto en términos de jornada laboral como de lugar de trabajo, y tanto trabajadores como empresas piden esta flexibilidad de forma creciente”.

En opinión de este jurista, «estamos ante un tema complejo de difícil implantación práctica. Una solución sería aplicar ese control de la jornada en sectores muy concretos de actividad económica.  Pero reitera que a nivel general, la tendencia de la economía y de las empresas va en línea diferente del registro obligatorio de la jornada diaria”.

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Rafael Giménez-Arnau, presidente de FORELAB.

LIMITACIÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN

El quinto asunto que podría ser objetivo de debate, en opinión de Giménez-Arnau, tiene que ver con la propuesta de “limitación de la subcontratación en el sentido de obligar a las empresas contratistas a garantizar a sus empleados las condiciones salariales, de tiempo de descanso y otras del empresario principal.  Como si fueran contratados por la empresa principal. Este tema ha generado mucha preocupación en el sector empresarial porque podría ser un factor que tuviera un impacto muy relevante en la subcontratación y externalización de actividades.”

FOMENTO DE LA IGUALDAD

Esta es una de las banderas principales de la política del Gobierno socialista.

«De hecho el partido en el Gobierno tiene presentadas dos proposiciones de ley: Proposición de Ley para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, y Proposición de Ley para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en materia retributiva. También existen otras proposiciones parlamentarias«, explica.

«Las mismas plantean medidas tales como equiparar el tratamiento de mujeres y hombres ante cuestiones como los permisos de maternidad y paternidad, u otras como el deber de realizar auditorías de igualdad retributiva a partir de un número de empleados, obligatoriedad de plan de igualdad para un mayor número de empresas, y en general fomento de nuevas medidas de igualdad y conciliación”, cuenta Giménez-Arnau.

DERECHO A LA DESCONEXIÓN DIGITAL

Junto con estos temas, el presidente de FORELAB,  el ya vigente derecho a la desconexión digital, incluido en la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales en su título décimo junto con otros derechos.

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“Esta medida ya está implementada en países como Francia o Italia y se esperaba que llegase a nuestro país”, precisa.

Sobre su aplicación cree que dependerá de la negociación colectiva “los convenios colectivos podrán regular este derecho y ya hay empresas que lo han hecho. Las empresas tendrán que plantear planes para su regulación”.

EL TJUE, SIEMPRE PRESENTE, Y LA REFORMA DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES

A lo largo de este año, los expertos en derecho laboral seguirán pendientes de los fallos del TJUE, a nivel europeo, así como de las resoluciones del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Constitucional, y del resto de tribunales y  juzgados de lo social.

Para los laboralistas el TJUE es esencial, porque la doctrina que emana de sus resoluciones viene siendo aplicada de forma prácticamente directa por los tribunales españoles. Este año seguro que tendremos nuevas sentencias procedentes de Europa que incidirán en nuestro modelo de relaciones laborales”, sostiene.

Respecto a un posible cambio del Estatuto de los Trabajadores para hacerlo más digital con los tiempos que vivimos, Giménez-Arnau reitera que “la reforma del Estatuto de los Trabajadores se viene hablando desde hace años, no en vano muchos de sus artículos tienen ya una antigüedad considerable. Hablar de un Estatuto de los Trabajadores digital quizá sea aún prematuro. Lo lógico es ir adoptando medidas en aspectos concretos que ayuden a esa adaptación de las relaciones laborales al proceso de digitalización que llega a la sociedad y al mismo tiempo a las empresas”.

La economía colaborativa y el impulso de nuevas relaciones de servicios, diferente de las tradicionales, será otra cuestión importante para los expertos en derecho del trabajo. Ya hay diferentes juicios fijados en nuestro país para analizar la laboralidad o no de profesionales adscritos a empresas de reparto a domicilio.

“Es una materia que exigiría cierta regulación para dar seguridad jurídica a los operadores económicos. De momento solo tenemos resoluciones judiciales contradictorias ante un fenómeno que evoluciona todos los días”, aclara el presidente de FORELAB.

REVALORIZACIÓN DEL ABOGADO LABORALISTA

En este contexto, Rafael Gimenez-Arnau, como ya han opinado otros expertos, dice que “la figura del abogado laboralista se ha revalorizado de forma notable por el contexto que vivimos y las novedades que hemos analizado. El laboralista es un profesional muy vinculado al mundo de la empresa y muy especializado. Por ello puede ofrecer soluciones al abogado interno en muchas cuestiones de las relaciones laborales, que cada vez son más complejas y cambiantes”.

Giménez-Arnal es socio del socio del departamento Laboral de Garrigues.  Su renovación en la presidencia de FORELAB se produjo en la última reunión, en diciembre. 

La asociación también ha renovado como secretario a Iván López García de la Riva, socio director del área Laboral de Abdón Pedrajas & Molero Abogados y Asesores Tributarios, y a Francisco Conde, socio del área Laboral de Cuatrecasas, como tesorero.

Los socios de Forelab también eligieron al  nuevo comité ejecutivo, que ha quedado formado por Juan Calvente (Clifford Chance), Francisco Conde (Cuatrecasas), Luis Enrique de la Villa de la Serna (Hogan Lovells), Ignacio García-Perrote (Uría Menéndez), Iván López–García de la Riva (Abdón Pedrajas & Molero Abogados y Asesores Tributarios), Rafael Giménez-Arnau (Garrigues), Fermín Guardiola (Baker & McKenzie),Pilar Menor (DLA Piper), Iñigo Sagardoy (Sagardoy Abogados), Luis Enrique Fernández Pallarés (Pérez-Llorca) y Alberto Bueno (Antrás Abogados, Barcelona).

FORELAB es una asociación independiente de cualquier partido político, asociación patronal o sindical, formada por destacados abogados y juristas del ámbito del Derecho del Trabajo, que representa a abogados laboralistas españoles, y les proporciona  un lugar de encuentro que les permita intercambiar experiencias profesionales, así como analizar la evolución de las relaciones laborales en España.