Sobre estas líneas, el magistrado proindependentista Santiago Vidal. EP.
Como era de esperar, el magistrado inhabilitado y exsenador de ERC, Santiago Vidal, pregunta al CGPJ si puede volver
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17/1/2019 06:15
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Actualizado: 17/1/2019 01:18
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El magistrado y exsenador de ERC Santiago Vidal -inhabilitado por 3 años en 2015 por participar en la elaboración de una Constitución para Cataluña- ha vuelto a dirigirse al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para solicitar su reingreso en la carrera judicial, después de que el Tribunal Constitucional anulara la norma de la que se valió el órgano de gobierno de los jueces para denegar su reingreso el pasado año.
Vidal, imputado en la causa por la que el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona investiga la organización del referéndum ilegal del 1-O, ha presentado un escrito pidiendo una aclaración sobre su situación actual que será estudiado en la Comisión Permanente del CGPJ que se celebrará este jueves.
Fuentes del órgano de gobierno de los jueces han señalado que el Consejo se dará por enterado de esta pregunta pero responderá que por el momento no se puede dar a Vidal una respuesta que aclare a su situación en espera de que la sentencia del Constitucional a la que alude -relativa a otro juez pero que el exsenador reclama aplicar a su caso concreto-, no sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El pasado mes de marzo, el Consejo denegó el reingreso al servicio activo en la carrera judicial de Santiago Vidal porque sus manifestaciones e intervenciones públicas efectuadas mientras estaba suspendido en funciones por participar en la redacción para una Constitución en Cataluña, revelan su «falta de lealtad a las instituciones del Estado y a la Constitución».
Se aplicó para ello el artículo 367.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), un precepto que el tribunal de garantías ha declarado recientemente inconstitucional por la «incertidumbre insuperable» que genera la norma -que es demasiado difusa-, una ambigüedad de la que depende que un magistrado pueda volver o no a ejercer la jurisdicción.
En dicha ocasión, el CGPJ recordó a Vidal que la suspensión por tres años que sufrió como magistrado «no le disculpa de sus obligaciones básicas, cual es primera de ellas la de lealtad constitucional, un juramento que por parte de Vidal fue «repetidamente incumplido» durante el tiempo de su inhabilitación.
DECLARACIONES POLÉMICAS
Se refería entonces el CGPJ a las declaraciones realizadas por el exsenador de la formación independentista el 24 de noviembre de 2016 en el Museu de Granollers en las que explicó que el Govern obtuvo de forma ilegal los datos fiscales de los catalanes para crear una Hacienda propia.
«En este momento, el Govern de la Generalitat Catalana tiene todos vuestros datos fiscales. ¿Eso es legal? Pues no, porque eso está protegido por la Ley de Protección Bases de Datos del Gobierno español». Y a continuación, añadió: «Tontos no somos, ya sabemos que no nos lo facilitarán de manera voluntaria. Y eso sirve para el censo electoral y sirve para tantas y tantas cosas».
Aquellas declaraciones tuvieron dos efectos directos. Uno, Vidal se vio obligado a presentar su renuncia al escaño de ERC por el Senado. Y dos, dieron pie a una denuncia, por parte de un ciudadano, que cayó en el Instrucción 13 de Barcelona, del que entonces era titular el magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer, a la que siguieron después sendas querellas, una de VOX y otra del abogado Miguel Durán, que fueron la base de las investigaciones que culminaron con la instrucción de la causa del procés y el procesamiento de 11 exmiembros del gobierno autonómico -el exvicepresidente Oriol Junqueras y 8 exconsejeros, así como la expresidenta del parlamento de esa Comunidad Autónoma, Carme Forcadell, y los líderes de las organizaciones independentistas ANC y Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, cuyo juicio va a comenzar próximamente en el Tribunal Supremo.
Durante los registros llevados a cabo en 40 domicilios y despachos por orden del magistrado Ramírez Sunyer, la Policía Judicial de la Guardia Civil halló el documento «Enfocats», la hoja de ruta secreta de los separatistas hacia la independencia, así como una agenda con las reuniones llevadas a cabo por los implicados en esa conspiración.
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