Justicia dice que lo ‘increíble’ no son los presupuestos para 2019, sino que PP y Cs ‘bloqueen’ medidas que benefician a jueces y fiscales

PP y Ciudadanos han asegurado que el presupuesto presentado es «increíble» y que así lo han dicho las autoridades competentes de analizar los presupuestos: la Comisión Europea, el Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

Para la portavoz ‘popular’ de Justicia, María Jesús Moro, las cantidades que el Gobierno prevé destinar al Ministerio que dirige Dolores Delgado ponen de manifiesto que, «afortunadamente», son «números continuistas» y, por tanto, «hacen bueno lo que en el ejercicio pasado criticaba el grupo socialista».

Pero también la «ausencia de proyecto para Justicia», pues, según ha dicho, «no hay nada para las reivindicaciones de los colectivos de Justicia», relativas a la subida de sueldo o retribuciones por las guardias de jueces y fiscales, ni tampoco una mejora salarial de los letrados de la Administración de Justicia.

«¿Qué ha pasado con los 7 millones de euros?» en los que se incrementaron los presupuestos del Gobierno de Mariano Rajoy para hacer frente a las «reivindicaciones profesionales», se ha preguntado María Jesús Moro.

He dicho a Secretario Estado y a Subsecretaria, q intentamos impedir q suban impuestos y q nos endeuden de nuevo ?Justicia dice que lo ‘increíble’ no son los presupuestos para 2019, sino que PP y Cs ‘bloqueen’ medidas que benefician a jueces y fiscales https://t.co/iyneCD6KWG

— mjesus moro almaraz (@MoroMjesus) 30 de enero de 2019

No han sabido ejecutar lo presupuestado en 2018 ni gestionar partidas que incorporamos para jueces, fiscales y LAJs.
No han sabido gestionar modelo de pagos del turno de oficio.
No han incrementado partida de justicia gratuita.El @PPopular hizo su trabajo y no lo han aprovechado pic.twitter.com/h2UQzsG9ZK

— mjesus moro almaraz (@MoroMjesus) 30 de enero de 2019

En la misma línea se ha pronunciado  Ignacio Prendes, vicepresidente primero de la Cámara Baja y portavoz de Justicia de Ciudadanos.

Prendes ha recordado que en el pacto de gobernabilidad firmado con los ‘populares’ ya planteó la necesidad de hacer un «esfuerzo inversor» en este sentido y que por ello en 2018 la cantidad dirigida a esta Administración fue un 7% más que el año anterior, contrastándolo con la subida del 5% por ciento para 2019.

Asimismo, ha trasladado al secretario de Estado el malestar que las asociaciones de jueces y fiscales han venido manifestando tras los encuentros mantenidos con la ministra de Justicia, que les ha llevado a convocar nuevas acciones de protestas.

«Cuando el PSOE llegó al Gobierno prometió cambios sustanciales en todos los aspectos de la vida política, pero han pasado meses para advertir que estas palabras bonitas han quedado en nada», ha criticado Prendes.

El portavoz de Justicia de Podemos, Jaume Moya, también ha hecho referencia a la «línea de continuidad» de los presupuestos, y ha destacado que el incremento del 5% en el presupuesto «en realidad» se traduce en la creación de la Dirección General de Memoria Histórica y a un aumento salarial de funcionarios que el Gobierno de Mariano Rajoy pactó con los sindicatos.

DOLZ HABLA DE ‘BLOQUEO POLÍTICO’ DE PP Y CS

Dolz ha contestado que lo «increíble» no son los Presupuestos Generales del Estado para 2019, como dicen PP y Cs; sino que estos grupos parlamentarios mantengan un «bloqueo político» que está «impidiendo una aprobación de una senda de déficit que beneficia al conjunto de la ciudadanía y a las comunidades autónomas», así como la paralización de la tramitación de iniciativas legislativas que responden a las exigencias de las asociaciones de jueces y fiscales, entre otros profesionales.

El número dos de Justicia ha aludido también a la tramitación de la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que marca los plazos de instrucción de las causas penales, y que reclaman las asociaciones de jueces y fiscales.

«¿Qué ocurre señores del grupo popular y Ciudadanos?», ha preguntado al respecto.

Dolz ha lamentado que se «acuse» al «Gobierno que siempre ha apostado por el diálogo» de tener «bloqueado prácticamente» las reivindicaciones de los jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia, aún teniendo en cuenta la «frecuencia» con la que el Ministerio se reúne con las asociaciones de estos colectivos.

«Diálogo abierto, pero no pueden ser monólogos por una de las partes», ha solicitado.

JUECES Y FISCALES HAN HECHO 11 PROPUESTAS BÁSICAS AL MINISTERIO PARA MEJORAR LA JUSTICIA

Por su parte, jueces y fiscales consideran el aumento del 5% «insuficiente», “dadas las necesidades que tiene la administración de Justicia».

El pasado lunes, las cuatro asociaciones de jueces –la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente(FJI) y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD)- y las tres de fiscales –Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales (UPF) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) – trasladaron al Gobierno 11 propuestas básicas para “mejorar la Justicia”.

Las hicieron públicas en un comunicado en el que indican que “en ningún caso implican una renuncia a las 18 propuestas suscritas por las cuatro asociaciones judiciales y las tres de fiscales”.

Además, han puesto fecha a las movilizaciones. Anuncian un primer paro de tres días en horario de audiencia (entre las 10.00 y las 14.00 horas) para los días 5, 6 y 7 de marzo.

“El resto de paros y medidas se irán concretando según vayan evolucionando las negociaciones con el Gobierno”, informaron las asociaciones, y advirtieron que “en el caso de no avanzarse en ellas, los paros podrán verse repetidos en meses sucesivos, pudiendo incrementarse la frecuencia a paros quincenales, semanales e, incluso, paros indefinidos”.

Las propuestas que han trasladado a Justicia son las siguientes:

Desarrollo reglamentario del artículo 437.2 en órganos judiciales sobrecargados, asignándoles dos jueces de manera permanente, con el correlativo aumento de plazas de fiscales en las mismas condiciones.

“Derogación urgente” del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, recurriendo al Real decreto ley si es necesario, evitando casos de impunidad en casos de corrupción como los de Murcia y Granada.

Paralización de la “Justicia Digital”, replanteo de su implantación, aplicaciones y solución de problemas de la herramienta informática.

Convocatoria de 300 plazas en las carreras judicial y fiscal.

Efectivo incremento de unidades judiciales (75) y de la plantilla de fiscales (80) previsto en el ejercicio presupuestario del año pasado.

Retribución de las guardias conforme a la responsabilidad del cargo, modificando para ello la Orden PRE/1416/2003, de 3 de junio, por la que se regula las retribuciones complementarias por servicios de guardia de las carreras judicial y fiscal.

Retribución de las sustituciones de manera completa, conforme al Real Decreto 431/2004, de 12 de marzo.

Desarrollo del complemento de carrera profesional, introducido en la reciente reforma de la LOPJ (art. 403.2), para fijar sus criterios, requisitos y cuantías de este nuevo concepto retributivo.

Recuperación del exceso de bajada retributiva sufrido “injustificadamente” por las carreras fiscal y judicial con relación a la media de bajada que sufrió la función pública, aceptando un plan progresivo en este ejercicio y en los inmediatamente siguientes.

Inclusión de la partida de 7.000.000 € en el capítulo I de los PGE o, en su caso, la autorización del Ministerio de Hacienda, para su reparto entre las carreras judicial y fiscal.

Derogación “urgente” de la nueva redacción de los artículos 307, 326 y 347 bis LOPJ, operada por la LO 4/2018 de 28 de diciembre, para volver a la anterior redacción.

Son propuestas “claras, firmes y de posible acometida sin necesidad de reformas legislativas de calado y no precisamente todas ellas con específica dotación presupuestaria” y “estarán sometidas a un plazo de ejecución breve como condición para cesar en las movilizaciones”.