La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha solicitado hoy a la Fiscalía General del Estado que le informe sobre las diligencias abiertas en los tribunales «por agresiones y abusos sexuales a menores cometidos en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otro tipo de institución religiosa».
Según ha informado el Ministerio de Justicia, la ministra ha enviado un escrito al Ministerio Fiscal, organismo que dirige María José Segarra, en el que le expone que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 28 de diciembre en primera vuelta el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia cuyo objetivo es «otorgar una mayor protección a niños, niñas y adolescentes frente a cualquier tipo de maltrato físico, psicológico y emocional”.
Delgado señala que uno de los aspectos de ese anteproyecto es la reforma de las agresiones y los abusos sexuales cometidos a menores.
Explica que esta modificación cambia el régimen de prescripción de estos delitos para que el plazo empiece a contar a partir de que la víctima cumpla 30 años y no a los 18 como actualmente.
La ministra justifica estos cambios por los “efectos especialmente graves para el desarrollo de la personalidad de los niños y niñas que los sufren, efectos que perduran durante gran parte de su vida adulta”.
Señala que su objetivo es “garantizar que el perjudicado o perjudicada haya alcanzado suficiente madurez para vencer la vergüenza y el miedo que generan estas execrables agresiones y pueda afrontar con solvencia la denuncia de los hechos y el proceso penal al que, en su caso, dé lugar”.
Delgado también expone a Segarra que «en los últimos meses, los medios de comunicación han divulgado numerosos casos de supuestas agresiones sexuales cometidas en el seno de congregaciones e instituciones religiosas» y dice que estas instituciones «en muchos casos han contribuido a la ocultación de esos delitos y a la protección de los victimarios”.
Le indica que dichas informaciones periodísticas «han generado una importante alarma social» y «una fuerte demanda» para que el Gobierno aborde este fenómeno.
La petición de información de la ministra a la Fiscalía General del Estado se enmarca en el artículo 9.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que establece que la Fiscal General del Estado “informará al Gobierno, cuando éste lo interese y no exista obstáculo legal, respecto a cualquiera de los asuntos en que intervenga el Ministerio Fiscal, así como sobre el funcionamiento, en general, de la Administración de Justicia”.
