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El colectivo de personas con discapacidad reclama un marco normativo que proteja sus derechos

Mari Luz Sanz del CERMIN Navarra y los diputados Ignacio Tremiño (PP), Joan Ruiz (Grupo Socialista) y Marcial Marín (Ciudadanos).
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Trabajar en un marco normativo inclusivo y eliminar las barreras existentes que ocasionan un claro déficit de derechos para la ciudadanía con discapacidad son dos de las conclusiones del II Congreso Nacional del Derecho de la Discapacidad que concluyó el pasado viernes en Pamplona después de tres días de celebración.

Han 72 horas de intensa programación académica, cultural y social.

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Más de 150 congresistas, más de 20 ponentes estructurados en paneles especializados, 17 comunicaciones y dos mesas debate han dado forma al II Congreso Nacional, cargado de reflexiones y reivindicaciones

A la clausura de este evento acudieron  la presidenta del Parlamento de Navarra, Ainhoa Aznárez, la presidenta del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra, CERMIN, Mariluz Sanz, el presidente de la Fundación Caja Navarra, Javier Miranda, y el patrono y comisionado de Congresos de la Fundación Derecho y Discapacidad, Antonio Luis Martínez-Pujalte.

En el Congreso se trataron temas como el derecho de las personas con discapacidad a la accesibilidad universal, la educación inclusiva, la inclusión laboral, la participación política, los derechos culturales y la devolución del derecho al voto, entre otros.

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También se puso de manifiesto muchas áreas de mejora como la escasa presencia de las personas con discapacidad en las instituciones públicas, la baja participación social y cultural, la dificultad para la inserción laboral, así como la falta de accesibilidad, que produce muchas dificultades para acceder al ejercicio de los derechos fundamentales a las personas con discapacidad.

El II Congreso Nacional de Derecho de la Discapacidad fue organizado por el CERMI Estatal, la Fundación Derecho y Discapacidad y la Fundación Caja Navarra.

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Seguir avanzando en mejora derechos

Los diputados Ignacio Tremiño (PP), Joan Ruiz (Grupo Socialista) y Marcial Marín (Ciudadanos) pusieron en valor este viernes el consenso político existente para seguir avanzando en la protección de los derechos de las personas con discapacidad.

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Así lo manifestaron durante una mesa de debate enmarcada en este Congreso.

Durante este encuentro, Tremiño recordó  su trayectoria en favor de las personas con discapacidad y puso en valor las políticas sobre discapacidad impulsadas por el PP, “incluso en los años más duros de la crisis económica”.

Desde su experiencia personal, describió como ha cambiado la concepción social de la discapacidad, “que en este país ha tenido un pasado muy oscuro, pero durante los últimos 25 años se han conseguido importantísimos avances”.

Además, destacó  el papel de las entidades de la discapacidad organizadas en torno al CERMI.

“Los avances conquistados no son solo gracias a los partidos políticos, sino a la función que realizan las organizaciones de la discapacidad”, agregó.

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Ruiz, por su parte, dijo que, pese a la “presión política que existe en esta legislatura, en materia de discapacidad impera el espíritu de entendimiento. Nuestra agenda tiene un objetivo clarísimo, que es adaptar la legislación española a la Convención Internacional de la Discapacidad”.

Entre las medidas expuestas por Ruiz, destacó  los trabajos iniciados para la reforma del artículo 49 de la Constitución.

Según explicó, “primero se iba a hacer una modificación solo para cambiar la terminología con la que el texto constitucional se refiere a las personas con discapacidad, pero después se decidió ir mucho más allá para reforzar la protección de los derechos de las personas con discapacidad”.

Marín, por último, puso  en valor avances como la dotación de carácter legislativo a la Comisión de Discapacidad del Senado, la reforma de la ley electoral para otorgar el derecho de voto a las 100.000 personas privadas del mismo por razón de discapacidad o la modificación en curso del Código Civil para adaptarlo a la Convención de la Discapacidad de la ONU.

Pero además de estas cuestiones, Marín advirtió de que “hay asuntos que, como la accesibilidad universal, no es tanto de legislar más, sino de cumplir las leyes que ya existen”.

De igual modo, se refirió  también a la iniciativa impulsada por Ciudadanos en el Parlamento para acabar con las esterilizaciones forzadas por razón de discapacidad, recogiendo así una de las principales demandas del CERMI y la Fundación CERMI Mujeres. “Legislar no es una tarea de los políticos, sino de toda la sociedad en su conjunto”, subrayó

Polémica con los internamientos involuntarios

Previamente, tuvo  lugar la ponencia ‘Internamiento involuntario y consentimiento de las personas con discapacidad a los tratamientos médicos’, impartida por Irene Muñoz, asesora jurídica de Salud Mental España.

Esta experta hizo un llamamiento para que se acabe con prácticas como los internamientos involuntarios o las esterilizaciones forzosas, en línea con la Convención Internacional de la Discapacidad.

“Cuando se produce un ingreso involuntario o se anula la capacidad jurídica de una persona con discapacidad, se trata de un fracaso del sistemasociosanitario”, recordó

 Muñoz repaso las obligaciones legales derivadas de tratados internacionales que hacen que España deba abolir este tipo de  prácticas y ha resaltado que “todavía falta sensibilización sobre cuestiones como la igualdad de derechos de las personas con discapacidad”.

Por otro lado, Isabel Urzainqui, abogada y expresidenta de la Asociación Navarra de Síndrome de Down, ofreció  la ponencia ‘La Convención de la ONU como fuente del derecho Civil Foral Navarro’, quien ha comenzado su intervención ensalzando el “gran hito” que supuso la aprobación de la Convención de la Discapacidad.

Además, explicó cómo se ha incluido la discapacidad en el Fuero de Navarra. Entre otras cuestiones, se ha reforzado la protección de las personas incapacitadas legalmente cuando se producen “abusos de influencia” y “excesos”.

Igualmente, indicó al mismo tiempo que el Fuero recoge medidas para reforzar la capacidad económica para personas con discapacidad con bajos ingresos, con el fin de luchar contra el mayor riesgo de sufrir exclusión social.