El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, el presidente, Ángel Garrido, y la Consejera de Justicia, Yolanda Ibarrola.
La creación de una Consejería de Justicia específica, clave de la mejora en la Comunidad de Madrid
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20/2/2019 06:15
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Actualizado: 19/2/2019 20:07
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Dice el Libro del Eclesiastés que «Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora». Para Ángel Garrido, presidente saliente de la Comunidad de Madrid, este es el tiempo de hacer balance.
Y lo hizo ayer, tras el Consejo de Gobierno, acompañado del vicepresidente Pedro Rollán y la consejera de Justicia, Yolanda Ibarrola.
El balance, desde su punto de vista, ha sido positivo, aunque pasó por malos momentos a primeros del pasado año, cuando se incendió una de las sedes judiciales de Torrejón de Ardoz, localidad al este de Madrid.
A pesar de todo, esta ha sido una legislatura donde, finalmente, ha brillado con luz propia la Consejería de Justicia que ha centrado los esfuerzos de concentración de sedes, inversiones para mejorar algunas de ellas y la Mesa de Trabajo por el Pacto por la Justicia, integrada por todos los operadores jurídicos y sindicatos, donde se han llegado a acuerdos importantes como la creación del propio Instituto de Medicina Legal.
AGRUPACIÓN DE SEDES
A falta de una ciudad de la Justicia en Madrid, al estilo de la de Barcelona o la de Valencia, debido a cuestiones económicas, se ha optado por la agrupación de sedes en tres núcleos específicos dentro de la capital: el núcleo civil, en el entorno de la calle del poeta Joan Maragall (antes Capitán Haya), que estará operativo en el segundo semestre del año y en el que se concentrarán en tres edificios, 97 Juzgados de Primera Instancia, de los 103 existentes, el 95 % del total; el núcleo penal, en el área de San Blas, al este de Madrid, donde se agrupan en tres edificios, 56 Juzgados de lo Penal, de Violencia sobre la mujer y de menores; y, por último, la Audiencia Provincial -civil y penal-, en la calle de Santiago de Compostela, en el norte de Madrid, en dos edificios.
Pero no ha sido solo Madrid. El Plan regional de Modernización de las Infraestructuras Judiciales ha comprendido también la agrupación en Aranjuez y Alcobendas.
Y en otros partidos judiciales de la región avanzan también proyectos, en la misma línea, en Collado Villalba, Getafe, Móstoles, Navalcarnero, San Lorenzo de El Escorial y Valdemoro, quedando pendiente únicamente el inicio de las actuaciones en Majadahonda y Torrelaguna.
También comentó que se habían puesto en marcha diez juzgados de nueva creación, el juzgado especializado de cláusulas suelo y el especializado de familia en la Audiencia Provincial.
LA EXISTENCIA DE UNA CONSEJERÍA ÚNICA FACILITA LA INTERLOCUCIÓN
Para el presidente madrileño ha sido un acierto disponer de una Consejería específica de Justicia por primera vez en la historia de la Comunidad, lo que facilita la interlocución con todos los agentes implicados y permite una mayor visibilidad de un servicio público del que depende la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos.
Prueba del compromiso del Gobierno regional es que el presupuesto en Justicia ha aumentado un 27 % desde el inicio de la legislatura en 2015, lo que supone un incremento de más de 120 millones de euros, hasta alcanzar la cifra histórica de 500 millones de euros para 2019.
Garridoincidió en el Plan de Modernización de las InfraestructurasJudiciales de la región que desarrolla la Comunidad de Madrid. Este programacuenta este año con un presupuesto cercano a los 23,6 millones de euros, lo que supone casi un 20 % más que en 2018 y 37 veces más que al inicio de la legislatura, con el objetivo tanto de actualizar las sedes judiciales como de agrupar aquellas que estaban dispersas.
De cara al futuro, se ha logrado el acuerdo de la Mesa del Pacto para la Justicia, que agrupa a todos los actores del mundo judicial, para destinar cerca de 90 millones hasta 2025 para la unificación y construcción de nuevas sedes según explico la consejera Ibarrola a pregunta de este periodista, con lo cual podría estar garantizado el ritmo de inversiones en el futuro
En cuanto a la adecuación de las sedes, se han mejorado respecto a accesibilidad, climatización, construcción de salas específicas para cada función judicial, seguridad, iluminación y modernización tecnológica, partida para la que se han invertido 50 millones de euros desde el inicio de la legislatura.
Al mismo tiempo, resaltó que la Consejería de Justicia ha dotado de cámaras de videoconferencia a todas las salas de vistas de la región y está instalando también visores de documentos y pruebas.
Asimismo, se ha renovado la práctica totalidad de los equipos informáticos, favoreciendo la extensión de la firma digital, y se ha dotado de ordenadores portátiles a todos los magistrados, jueces y fiscales.
En toda esta estrategia diseñada subraya la idea de ofrecer a los ciudadanos una Administración de Justicia ágil, eficiente y accesible a todos, “porque contar con una Justicia ágil, eficiente y accesible es clave para crear el marco de estabilidad que permite la seguridad jurídica, la garantía de los derechos y, también, el crecimiento económico y la creación de empleo en la región”, destaco Garrido.
PAGO MENSUAL AL TURNO DE OFICIO
Esta política de acuerdos también ha alcanzado esta legislatura a los abogados y procuradores del turno de oficio, que han recuperado el 20 % rebajado en el año 2012 y que además han logrado que se incrementen sus remuneraciones.
De cara a este año, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobaba este martes destinar 7 millones de euros para garantizar los pagos del turno de oficio en la región durante el presente año 2019.
De esta cantidad, seis millones de euros corresponden a los abogados de la región que participan en este servicio, mientras que los procuradores recibirán un millón de euros.
Según señaló la consejera de Justicia, Ibarrola, en esos importes ya viene contemplada la actualización de los baremos del Turno de Oficio.
Por otra parte, el pasado año 2018, los abogados de la región llevaron a cabo un total de 21.000 actuaciones relacionadas con el turno de oficio, mientras que los procuradores realizaron alrededor de 10.000.
Otra de las consecuciones ha sido el pago mensual a los miembros del turno de oficio, en contraposición al trimestral.
50,6 MILLONES DE EUROS PARA LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
En total, los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2019 contemplan una partida de 50,6 millones de euros destinada a asistencia jurídica gratuita, lo que supone un incremento de más del 58 % desde el inicio de la legislatura.
Este concepto incluye los pagos por justicia gratuita y por turno de oficio, así como la financiación del servicio de orientación jurídica que prestan los abogados y del servicio de representación procesal que proporcionan los procuradores.
La Comunidad de Madrid es la segunda Comunidad Autónoma en inversión en asistencia jurídica gratuita, según el XII Informe del Observatorio de Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española.
Además, y en cuanto a la gestión de los recursos humanos, el Gobierno regional ha firmado con los sindicatos un acuerdo sectorial para el periodo 2017-2020 que mejora las condiciones laborales de los empleados públicos de la Comunidad de Madrid al servicio de la Administración de Justicia.
Ese acuerdo sienta las bases para la convocatoria, por primera vez desde 2009, de una bolsa de interinos en la que se valora la experiencia y el conocimiento del derecho de quienes se incorporan a las oficinas judiciales.
Además, acordaba un incremento de las retribuciones de 120 euros mensuales, entre otras mejoras.
También en el capítulo de pactos con los sindicatos, la Consejería de Justicia firmó la semana pasada el acuerdo que permite la puesta en marcha de un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, como ya adelantara Confilegal hace unos días.
Se trata de un organismo independiente, pionero y de vanguardia, que trabajará para la Administración de Justicia con criterios técnicos y científicos. Dispondrá de una plantilla integrada por más de 380 empleados públicos entre médicos forenses, psicólogos judiciales y trabajadores sociales.
Ahora, el ejecutivo madrileño espera que «en breves días» lleguen los informes favorables del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia, puesto que ya cuenta extraoficialmente con su aprobación, que se les ha comunicado de forma verbal.
Dispondrá de una plantilla integrada por más de 380 empleados públicos entre médicos forenses, psicólogos judiciales y trabajadores sociales.
Supondrá una inversión de más de 2 millones de euros y contará con más de 2.450 metros cuadrados de instalaciones adicionales en el nuevo núcleo penal de Madrid, situado en el distrito de San Blas.
En estos momentos, uno de los arquitectos de la Dirección General de Infraestructuras Judiciales está diseñando la implantación del personal, según Ibarrola.
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