Rull ataca al Constitucional: ‘Se ha dejado instrumentalizar por el Gobierno contra el independentismo’

El exconsejero catalán Josep Rull ha acusado hoy al Tribunal Constitucional de falta de «legitimidad moral», porque, a su juicio, ha sido «instrumentalizado» por el Gobierno contra el independentismo catalán.

Así lo ha manifestado durante su declaración en el juicio del ‘procés’, en la que ha recurrido a una resolución del Tribunal Supremo de Canadá para justificar las continuas desobediencias al Constitucional cuando suspendió las leyes de desconexión.

Rull ha contestado al interrogatorio de la que fuera fiscal general del Estado Consuelo Madrigal, y ha dicho que no respondería a la acusación popular, ejercida por VOX, por respeto a las mujeres y a las personas «que sufren homofobia, racismo y transfobia».

PROTESTA POR LA AUSENCIA DE TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA 

Ha comenzado su declaración quejándose por no poder declarar en catalán con traducción simultánea, ya que el tribunal denegó esta posibilidad aunque habilitó la presencia de un intérprete en la sala para una traducción consecutiva.

El exconsejero dice que se vulneran sus derechos por afectar esta circunstancia a la «oralidad y a la fluidez de su declaración», cuando se enfrenta a peticiones de cárcel muy altas.

16 años reclama la Fiscalía por rebelión agravada con malversación de caudales públicos y otros 16 de inhabilitación; la Abogacía del Estado pide 11 años y medio, mientras que VOX reclama 74 años y 75 años de inhabilitación.

BASA SU DESOBEDIENCIA EN UNA RESOLUCIÓN DEL SUPREMO DE CANADÁ, SIN JURISPRUDENCIA EN ESPAÑA

En el interrogatorio de la fiscal Consuelo Madrigal, Rull ha admitido que fue advertido hasta en seis ocasiones por el Constitucional en los meses previos al referéndum del 1 de octubre de 2017, desde la aprobación del proceso constituyente hasta la ley de transitoriedad, pero ha criticado que el TC recurriese en tantas ocasiones al artículo 16.2, según el cual una norma autonómica queda automáticamente suspendida cuando éste admite a trámite una impugnación del Ejecutivo.

«Hay una falta de legitimidad moral del Tribunal Constitucional por ser sistemáticamente instrumentalizado por el Gobierno. Hay una utilización sistemática, constante, permanente por parte del Estado, y el Constitucional se ha dejado instrumentalizar para dejar la autonomía de Cataluña absolutamente minimizada», ha afirmado.

Rull ha subrayado que el gobierno de Carles Puigdemont actuó siempre buscando la «ponderación» y el «equilibrio» entre «el imperio de la ley y el principio democrático», y para argumentar esta forma de actuación ha recurrido a una resolución del Tribunal Supremo de Canadá, según la cual «un sistema de gobierno no puede sobrevivir únicamente a través de la adhesión al Derecho», sino que también «necesita legitimidad, interacción entre imperio de la ley y el principio democrático».

«Nosotros siempre buscábamos el equilibrio entre los dos elementos. El sistema tiene que ser capaz de reflejar las aspiraciones del pueblo. El objetivo era poner a disposición de la gente el instrumento para proyectar su voluntad y hacerlo a través de las urnas», ha manifestado.

Rull ha dicho que se sintió «honrado» por participar en este proceso y aprobar las medidas que derivaron en el 1-O.

“Cuando se firmó la convocatoria del referéndum fue uno de los momentos más emotivos e importantes de mi vida política. Me sentí honrado”, ha manifestado.

Entonces la fiscal le ha preguntado si ha leído la doctrina del Supremo de Canadá y no la del Tribunal Constitucional español, y ha sido cuando el exconsejero catalán ha dicho que considera que el TC tiene un «déficit importante de autoridad moral», y ha asegurado que su opinión es «compartida por personas relevantes en el mundo jurídico».

Madrigal le ha preguntado por qué las leyes de desconexión -la ley del referéndum y la de transitoriedad- se aprobaron de forma tan apresurada los días 6 y 7 de septiembre de 2017, «sin firma del secretario del Parlamento catalán, sin admisión de enmiendas y desestimándose todas las consideraciones».

Rull se ha limitado a decir que «otros testigos y acusados podrán explicarlo».

Ha afirmado que se tramitaron y aprobaron «de acuerdo al reglamento» de la Cámara catalana y garantizando «la pluralidad política y democrática» del Parlamento catalán.

Ante la insistencia de la fiscal, ha admitido que la tramitación y votación tuvo lugar «de noche».

También ha dicho que el decreto de convocatoria del referéndum independentista lo firmó «en conciencia» y «en base a una ley plenamente vigente emanada de un Parlamento plenamente democrático» que expresaba la «voluntad popular».

Lo cierto es que las leyes de desconexión fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional tras su aprobación.

También ha señalado que cuando votó los presupuestos de la Generalitat que incluyeron partidas concretas para consultas populares, unas partidas que el TC también tumbó, «no tenía conciencia de hacer nada malo», y que gobierno catalán aún creía posible organizar un referéndum pactado con el Estado.

ADMITE QUE ESTUVO EN LAS REUNIONES DE ELABORACIÓN DE ‘ENFOCATS’

Al igual que otros acusados, Rull ha dicho que no conoce el documento ‘Enfocats’, pero ha admitido que estuvo en las reuniones de elaboración y firmó la hoja de ruta de 2015 que puso en marcha el proceso independentista.

Ha afirmado que no era un «documento estratégico», sino la base del programa del partido Junts pel Sí.

Asegura que esa hoja de ruta marcaba que a las elecciones de septiembre de 2015 se les iba a dar un «carácter plebiscitario» porque ya se habían «agotado los instrumentos que el Derecho español da para convocar un referéndum».

«Utilizamos todas las vías, lo intentamos más de 20 veces por todos los mecanismos que teníamos a nuestro alcance. Por eso, ¿qué mejor forma que buscar un mandato popular a través de un referéndum?», ha expresado.

NIEGA GASTO PÚBLICO EN EL 1-O Y NO SABE DÓNDE SE IMPRIMIERON LAS PAPELETAS NI DE DÓNDE SALIERON LAS URNAS

En respuesta a la fiscal Consuelo Madrigal, Rull también ha asegurado que ni su departamento ni ningún otro del gobierno catalán «gastó un euro público» en el referéndum ilegal del 1-O, y ha señalado que las cuentas estaban «totalmente controladas» por el Gobierno, debido a las exigencias del déficit.

Respecto a los acuerdos que según la Fiscalía la Generalitat firmó con Unipost para la distribución postal del 1-O, ha insistido en que «no se encontrará ninguna factura de pago de algún tipo de gasto vinculado con esa empresa, porque «no existe, no se produjo».

Ha dicho que tampoco sabía dónde se imprimieron las papeletas para el 1-O ni de dónde salieron las urnas.

Ya es el segundo acusado que niega en el juicio conocer cómo se adquirieron. También lo aseguró Jordi Turull.

Asimismo, ha censurado los escraches a las fuerzas de seguridad del Estado realizados por independentistas, porque es «inaceptable utilizar la fuerza y la presión» en esos términos, como también que los agentes salieran con sus porras.

Josep Rull es el quinto de los acusados en prestar declaración en el juicio por el proceso independentista, tras el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y a los exconsejeros Joaquim Forn, Jordi Turull y Raül Romeva.

El tribunal, presidido por el magistrado Manuel Marchena, tiene intención de concluir esta semana con todos los encausados, aunque sea necesario habilitar el viernes, ya que ha fijado el inicio de la fase testifical para el próximo martes, día 26.

Ha evitado que los testigos de carácter más político puedan coincidir con la campaña electoral que arrancará a mediados de abril.

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