Raül Romeva durante su deposición ayer. EP.
Romeva calcó la estrategia de defensa de Junqueras: «Esto es un juicio político»
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20/2/2019 06:15
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Actualizado: 19/2/2019 23:24
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«En coherencia con lo que he hecho durante la instrucción, voy a declarar sólo a las preguntas de mi abogado. Y porque considero que esto es un juicio político. Me considero un juicio político», afirmó ayer el exconsejero catalán de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalidad de Cataluña, Raül Romeva, quien también expresó su queja por no contar con una traducción simultánea del catalán durante su interrogatorio.
En consecuencia comunicó al tribunal que únicamente respondería a las cuestiones que le planteara su abogado, Andreu Van Den Eynde, quien también defiende a Junqueras.
Durante su intervención, Romeva señaló que el momento relevante del proceso separatista fue la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña de 2010. Porque supuso una «ruptura emocional dramática» para él.
«Yo hasta 2010, como otra mucha gente, no estuve independentista, estaba federalista», afirmó. Ese fue el punto de inflexión. Porque representó la «ruptura de un pacto importante, del pacto constitucional de 1978 de forma unilateral por parte de un TC politizado».
VIOLENCIA
Romera negó cualquier tipo de violencia en el proceso separatista. El Govern, según él, no hizo «nunca jamás» ninguna «incitación a la violencia».
«Rotundamente no», añadió.
«Ante la represión, no violencia», ese era el «mandato cívico, político e institucional» que, según Romeva, la Generalitat predicó ante la ciudadanía.
Lo hizo, no solo por convicción ideológica.sino porque «es mucho mas probable conseguir el objetivo legítimo» que se plantearon «utilizando mecanismos no violentos».
«No solamente no es deseable (la violencia) sino que es del todo descartable y francamente poco inteligente», ha dicho el exconseller, que se enfrenta a una petición de 16 años de cárcel por rebelión agravada con malversación.
De esa forma, negó la violencia en los sucesos del 20 de septiembre de 2017 frente a la Conselleria de Economía, donde solo vio «una manifestación, un ejercicio lícito y pacífico del derecho a la violencia» porque «manifestarse no es alzarse, del mismo modo que protestar no es un delito», como tampoco lo es opinar.
«Las únicas armas que ha habido han sido las de la Guardia Civil», lo que fue, desde su punto de vista, «absolutamente pernicioso hablar de alzamiento cuando los hechos demuestran lo contrario».
En su opinión, sí que hubo violencia el 1-O, pero por parte de las Fuerzas de Seguridad, ejercida con «crudeza» sin justificación y de manera «contraproducente» ante la que la ciudadanía.
Esta respondió con una «resistencia pacífica», y que dio lugar a «una enorme cantidad de víctimas civiles», según el exconseller «alrededor de un millar».
MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS
Romeva ha sido acusado de los delitos de rebelión agravada y malversación de fondos públicos.
En total le piden 16 años de prisión.
Cree, sobre esta la segunda imputación, que es «delirante». Porque todos los gastos de su Departamento (como llaman en Cataluña a las Consejerías) «tienen que ver con actuaciones lícitas».
Sobre los gastos de las oficinas diplomáticas de la Generalitat en el Extranjero y el abono de los gastos a los observadores internacionales en el 1-O, dijo que «todavía» no había visto «ni una sola acción» que pudiera ser delito.
La mayoría de los gastos tienen que «ver con conferencias, participación en debates, ponencias…».
La acusación de malversación «no tiene lógica ni sentido alguno. Lo rechazo de plano», añadió.
DECLARACIÓN UNILATERAL DE INDEPENDENCIA
Como ya hicieran antes Junqueras y Turull, Romeva tildó de «política» la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña, que les daba un «mandato político» para abrir una «negociación multilateral» como solución al conflicto.
De acuerdo con sus palabras, la DUI fue «una declaración política» que dio al gobierno autonómico «un mandato político» que tenía que gestionar desde «una negociación multilateral» -término también acuñado por el exvicepresidente, con el que comparte abogado-, que es «como entendíamos entonces y entendemos hoy que debe afrontarse el conflicto».
Lo que pasó, ha dicho, es que la respuesta del Gobierno siempre fue «inexistente» o incluso «más represión» hasta tal punto que «quienes debían hacer política no lo hicieron» y pasaron a los tribunales la «responsabilidad de dar respuesta a una cuestión que les atañe a ellos».
«Les pido humildemente que no asuman esta responsabilidad y que devuelvan esta carpeta a la política», ha dicho Romeva ante el Supremo en relación al conflicto secesionista catalán, que ha calificado en varias ocasiones de una «carpeta incómoda».
HOY TOCA RULL, BASSA, BORRÁS Y QUIZÁ MUNDÓ
La sesión se reanudará hoy, a las 10.00 horas, con el interrogatorio a Jordi Turull, exconsejero de Territorio y Sostenabilidad, para quien al igual que otros miembros del anterior gobierno autonómico de Carles Puigdemont la Fiscalía pide 16 años de prisión y 16 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por la malversación de caudales públicos.
Rull será el quinto de los acusados en prestar declaración, después de que, tras solventarse las cuestiones previas, el tribunal haya empleado dos días de sesiones en interrogar al exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras y a los exconsejeros Joaquim Forn, Jordi Turull y Raül Romeva.
La Sala tiene la intención de concluir esta semana con todos los encausados -aunque sea necesario habilitar el viernes, lo que inicialmente no estaba previsto-, ya que ha fijado el inicio de la fase testifical para el martes 26.
Tras Rull la siguiente en declarar será la exconsejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia Dolors Bassa, la única mujer del exejecutivo de Carles Puigdemont que cumple prisión preventiva.
La Fiscalía también pide para ella 16 años de prisión y otros 16 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por la malversación de caudales públicos.
La Abogacía del Estado solicita 11 años y medio de cárcel por sedición y malversación; mientras que Vox pide 74 años de prisión por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.
En su escrito de calificación, la Fiscalía subraya que Bassa se responsabilizó de poner a disposición de la Generalitat los centros cívicos que dependían de su Consejería para garantizar el 1-O y que desarrolló una base de voluntarios para participar en la consulta.
Seguramente de tiempo en la sesión de mañana para escuchar también a la primera acusada en libertad que prestará declaración en esta vista, que es Meritxel Borrás, para quien se piden 7 años de prisión, 16 años de inhabilitación y multa de 30.000 euros por el delito de malversación de caudales públicos y continuado de desobediencia.
La Fiscalía señala que su departamento autorizó los contratos necesarios para el referéndum mientras que su defensa niega la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional porque, según alega, no era diputada cuando se deliberaron y aprobaron las leyes de desconexión.
Aunque ya no es tan probable, si los primeros tres testimonios no se extienden demasiado también podremos escuchar mañana al exconsejero de Justicia Carles Mundó, para quien se solicita la misma pena que para Borrás y a quien se acusa de participar en algunas de las reuniones en las que se fijaron los planes independentistas. También se dice por la Fiscalía que su departamento autorizó contratos necesarios para el referéndum, desatendiendo al Tribunal Constitucional.
Tras ellos le tocará el turno, previsiblemente el jueves, al exconsejero de Empresa y Conocimiento Santi Vila y después, en consonancia con el relato de la Fiscalía, declararán los líderes sociales Jordi Sánchez (Asamblea Nacional Catalana) y Jordi Cuixart (Ómnium Cultural).
Cerrará esta fase del juicio el interrogatorio a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. EP.
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