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Delgado se compromete a que las mejoras pactadas con jueces y fiscales vayan reflejadas en el Real Decreto para la prórroga de los PGE

Las asociaciones están ahora a la espera de que cumpla con los compromisos adquiridos La ministra de Justicia, Dolores Delgado, durante su reunión con 3 asociaciones de jueces y 2 de fiscales. Foto: MJ.
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La ministra de Justicia, Dolores Delgado, informó ayer a las asociaciones de jueces y fiscales que aprobará un Real Decreto para la prórroga de los presupuestos en el que irán reflejadas las mejoras pactadas para las carreras judicial y fiscal.

Entre ellas, 7 millones para jueces y fiscales; un fondo adicional de 1’2 millones que se distribuirá entre jueces y abogados fiscales; la creación de 80 plazas de fiscales y de las unidades judiciales que puedan ponerse en marcha por contar con un edificio o bien crear plazas en órganos colegiados.

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Tiene por delante dos Consejos de Ministros, el de mañana y el del 1 de marzo.

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«Hay un compromiso, pero hasta que no se apruebe ese Real Decreto no sabremos con certeza si se recogen o no estas partidas», ha señalado a Confilegal la presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus.

El jarro de agua fría lo recibieron respecto a las 300 plazas de jueces y fiscales. No se prorroga la enmienda a los presupuestos de 2018 sobre esta convocatoria, pero Delgado se ha comprometido a conseguir una convocatoria con el mayor número de plazas posibles.

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Desde Foro Judicial Independiente consideran que «esta reunión ha sido más productiva que la de enero de este año y algunas anteriores».

«Pero no podemos engañarnos porque el balance general de estos meses de gestión del Ministerio es indudablemente pobre y quedan pendientes muchas cuestiones, tanto en materia retributiva como en otras que afectan a nuestro día a día en los juzgados», ha manifestado a este diario su presidenta, Concepción Rodríguez.

Ha destacado que una vez que se celebren elecciones generales deben «retomar el trabajo pendiente, que es mucho y muy importante».

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La reunión tuvo lugar ayer tarde en el Ministerio. Por las asociaciones asistieron los representantes de cinco de las siete asociaciones, el la Asociación  Profesional de la Magistratura (APM), Juezas y Jueces para la Democracia (JpD), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

Del otro lado estaban la ministra de Justicia; el Secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz; el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Viejo; y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Esmeralda Rasillo, y asesores ministeriales.

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La Asociación Judicial Francisco de Vitoria y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales no asistieron porque el Gobierno estará en breve en funciones, una vez que se disuelvan las cámaras el 5 de marzo, consideran que al entrar en situación de interinidad su capacidad de maniobra es prácticamente nula.

Según han informado a Confilegal las asociaciones, la ministra les dijo que la situación política tras el rechazo a los presupuestos y la convocatoria de elecciones generales era ya conocida por todos, pero que desde el Ministerio tienen intención de seguir trabajando antes de que se conviertan en gobierno en funciones, que está prevista la celebración de dos Consejos de Ministros antes de las elecciones, uno mañana y otro el próximo 1 de marzo, aunque «su capacidad de maniobra es limitada», y que aprobará un Real Decreto para la prórroga de los presupuestos y acometer mejoras para las carreras judicial y fiscal.

Sobre la partida de siete millones de euros para jueces y fiscales, la ministra les informó que había obtenido ya la autorización del ministerio de Hacienda y que el expediente está en tramitación.

Dicha partida se destinará a las retribuciones variables, no de forma lineal. 

Supone un incremento del porcentaje de masa salarial que se destina a esta partida, que actualmente estaba para los jueces en el 1,49% y que pasa a situarse en un 2,65%, de manera, además, consolidable para ejercicios sucesivos.

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La distribución de esta cuantía se viene realizando en los últimos años por acuerdo del CGPJ con las asociaciones judiciales, en tres tramos de cuantía similar, y el Ministerio no ha puesto ninguna objeción a que se siga utilizando el mismo sistema de reparto.

Concepción Rodríguez, presidenta de Foro Judicial Independiente, valora positivamente esta subida, pero recuerda que el porcentaje máximo previsto por la Ley de retribuciones es de un 5%, por lo que destaca que «el margen de mejora es aún considerable».

El secretario general de Justicia les dijo que en el Real Decreto también estaría incluida la modificación de la normativa que regula la retribución de las sustituciones internas para elevar la cuantía que se abona (actualmente un 80% del complemento de destino) e incentivar así este tipo de sustituciones y poder reducir el gasto en sustituciones externas.

Les informó de que el coste de las sustituciones externas supone algo más de 27 millones de euros y que se pretende reducir este gasto para alcanzar el 100% del complemento de destino para las sustituciones voluntarias.

Este asunto también depende de la aprobación del Real Decreto de prórroga de los presupuestos.

En cuanto a la petición de las asociaciones de la creación de grupos de trabajo en materia de guardias y grupos de población, Delgado les dijo que está de acuerdo en incorporar los documentos consensuados por todas las asociaciones a los trabajos realizados por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia con el Consejo General del Poder Judicial.

Las asociaciones también solicitaron a la ministra que amplíe esos grupos de trabajo a la nueva oficina judicial y el expediente digital. La ministra les informó que el Ministerio ha elaborado un estudio sobre el Plan de Calidad de la Justicia y las emplazó a otra reunión para exponerles sus conclusiones y los problemas que se han detectado sobre la NOJ y el expediente judicial en diversos territorios.

Las asociaciones manifestaron su conformidad a la constitución de grupos de trabajo respecto de la retribución por guardias y grupos de población, pero «dando continuidad y aprovechando todo el trabajo ya realizado durante el año pasado con el anterior Ministerio encabezado entonces por Rafael Catalá«, a lo que el Ministerio estuvo de acuerdo.

La enmienda a los presupuestos de 2018 sobre la convocatoria de 300 plazas de jueces y fiscales no se prorroga.

La ministra les expuso que desde Hacienda le habían autorizado convocar 500, pero que tras el rechazo de las cuentas no podían convocarlas, aunque se comprometió a trabajar para que este año también se convoquen oposiciones.

Las asociaciones insistieron en que hay que atender a la bolsa de opositores, así como a la tasa de reposición, y la ministra se ha comprometido a conseguir una convocatoria con el mayor número de plazas posibles.

La anterior Ley de presupuestos generales preveía en una cláusula adicional la creación de 300 plazas para oposiciones a jueces y fiscales para 2018.

«Nos dicen que lo que se prorroga son los presupuestos, no las cláusulas adicionales que les acompañan», explica Cristina Dexeus.

Indica que lo único que se puede negociar es que en la prorrogación de ese Real Decreto salga la referencia a la convocatoria de oposiciones y el número que se diga ahora.

«No es ni los 300 de 2018 ni los 100 iniciales que habían salido inicialmente en los presupuestos, el número aún estaría por determinar», detalla.

Sobre la reivindicación de las asociaciones de la creación de unidades judiciales y plazas de fiscales, Justicia les ha traslado que el expediente de creación de 80 plazas de fiscales está en el Ministerio de Hacienda.

Sobre la creación de 75 unidades judiciales, el CGPJ emitió su informe y puesto que algunas de las anteriores creaciones no se han puesto en marcha en algunas comunidades con competencias transferidas por falta de adecuación de inmuebles, se pretende crear en el citado Real Decreto únicamente las unidades judiciales que puedan ponerse en marcha por contar con un edificio o bien crear plazas en órganos colegiados.

El fondo adicional de 1’2 millones de euros para mejorar la retribución de jueces con categoría de juez y abogados fiscales también irá en el Real Decreto que se presentará al Ministerio de Hacienda.

El incremento del año anterior (800 euros) se hará en una sola paga y las correspondientes al 2019 en 12 mensualidades de 69 euros.

En este nuevo escenario político, las asociaciones han decidido desconvocar las movilizaciones que tenían previstas para marzo.

«La ministra, con un cierto tono de despedida, cerró la reunión agradeciendo el esfuerzo y disposición al diálogo de las asociaciones que habíamos asistido, y nuestra actitud constructiva durante este año, sin perjuicio de las medidas de reivindicación y protesta, huelga incluida, que legítimamente habíamos planteado», ha informado Concepción Rodríguez.