Sánchez asegura que el Estado de Derecho «no debería temer» una movilización ciudadana si «confía en sus instituciones», pero al mismo tiempo ha defendido que organizar una consulta así «no merece reproche penal». De hecho ha subrayado que ni la Fiscalía ni ninguna autoridad judicial les prohibieron hacer campaña.
Para Jordi Sànchez, «organizar un referéndum ilegal no merece reproche penal. La ciudadanía asumió de manera muy mayoritaria su voluntad de votar. Creemos que todo el mundo tenía el derecho a participar como en una manifestación».
«En ningún caso se nos prohibió ni se nos dijo que no podíamos llamar a participar»
Y además, ha insistido varias veces en que la ANC, Òmnium Cultural y otras organizaciones hicieron campaña «de forma muy activa» durante los 15 días previos al 1-O: «Lo hicimos de forma pública, pidiendo permiso para cada acto. Y en ningún caso, a pesar de la publicidad, de que alquilamos espacios, se nos prohibió ni se nos dijo que no podíamos llamar a participar. Hicimos una campaña pública, visible«.
Jordi Sànchez reconoce que llamó a la movilización ante la Consejería de Economía el 20-S
El expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez se ha definido ante el tribunal del ‘procés’ como un «preso político y de conciencia», considera que el juicio es un proceso «político», y ha dicho que va a dar al tribunal la «oportunidad» de demostrar su imparcialidad.
El Ministerio Público pide 17 años de prisión para él por un delito de rebelión; la Abogacía del Estado, 8 años por sedición; mientras que VOX lo acusa de dos delitos de rebelión y uno de organización criminal y reclama 62 años.
«GIRO DE 180 GRADOS» DE LA MAGISTRADA DEL TSJC
Jordi Sànchez sí que ha admitido que sabía que la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Mercedes Armas había dado órdenes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que no permitieran la celebración de la consulta.
También se ha diferenciado entre lo que pedía la Fiscalía sobre el cierre de los colegios durante todo el fin de semana para evitar que se utilizasen como centros electorales y la decisión de la magistrada que, a su juicio, «dio un giro de 180 grados«, ya que únicamente ordenó la prohibición de organizar un referéndum pero no la realización de otras actividades.
Además, el acusado ha reconocido que entregó a ciudadanos catalanes papeletas del referéndum al igual que instó a imprimirlas para que «pudieron ejercer su derecho democrático«. Lo que sí ha negado es que la ANC escondiese urnas.
