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Un nuevo paradigma para la Justicia

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, autora de esta columna, en una foto reciente. MJ.
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“Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”. Incomoda pensar que la frase de Séneca, escrita hace dos mil años, tenga vigencia hoy.

Ese es uno de los factores que ha contribuido a degradar la imagen de la Administración de Justicia española en perjuicio del servicio público que presta, que no es otro que sustentar la libertad y la igualdad de la ciudadanía.

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Es obligación del Ministerio de Justicia superar esa situación, responsabilidad que el equipo que encabezo asumió desde el primer día y para lo que ha desplegado ya una ingente labor que comienza a dar frutos positivos.

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Existe un alto consenso a la hora de identificar los problemas que acucian a la justicia española.

En anteriores legislaturas no han faltado iniciativas que buscaban atajarlos, bienintencionadas, pero ni pacíficas ni afortunadas porque adolecieron de un error común, la ausencia de diálogo real y efectivo con los operadores jurídicos que hacen funcionar la maquinaria judicial.

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No solo no ha habido diálogo; en los últimos años se dinamitaron todos los puentes y la incomunicación entre el Ministerio y todos los colectivos profesionales implicados en el sector frustró todos los pasos dados, fuesen o no en la dirección correcta.

Es cierto que la Justicia requiere reformas integrales de calado que no es fácil acometer ni siquiera en una legislatura completa.

Pero también lo es que la voluntad política puede superar espinosos obstáculos.

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UN TRABAJO DE OCHO MESES

Eso es lo que hemos hecho en apenas ocho meses: aplicar un nuevo paradigma desde el que abordar la búsqueda de soluciones mediante el debate constante y la obtención de consensos básicos con jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y personal empleado público al servicio de juzgados, tribunales y fiscalías.

Estamos reconstruyendo con ellos relaciones que jamás debieron romperse e implicándoles en la mejora de un servicio público vital para el sistema democrático.

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Ese paradigma ya no tiene marcha atrás.

Futuros equipos ministeriales podrán apostar por soluciones distintas, pero deberán contar siempre con la participación de los colectivos implicados, generar estrategias de discusión constante con ellos y cerrar acuerdos básicos, los ejes que vehiculan las iniciativas que hemos adoptado y que se articulan a partir de dos grandes planes, el de calidad y el de modernización.

Este no es un simple catálogo de buenas intenciones, es un proyecto político en marcha.

NUEVA ESTRUCTURA DEL MINISTERIO

En julio de 2018, el Ministerio modificó su estructura básica para crear una nueva Dirección General de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos, dependiente de la Secretaría General de la Administración de Justicia.

Y, en apenas seis meses, este centro directivo ha puesto en marcha un ambicioso plan de calidad para dotar a las oficinas judiciales y fiscales de un sistema de gestión administrativa cuyos elementos motrices son la orientación a resultados y a la mejora continua, en el que la calidad esté integrada en todos y cada uno de los procesos, procedimientos o actividades que se desarrollan.

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Tampoco es un proyecto impuesto con criterios verticales desde el ministerio. Desde hace meses operan ya seis grupos multidisplinares de trabajo que diseccionan el funcionamiento de las oficinas judicial y fiscal y detectan los problemas de estructura, implantación, dotación informática y mejoras que es necesario solventar.

La dirección general ha programado visitas a las 27 sedes judiciales adscritas al Ministerio y en ellas ha reproducido la composición de estos grupos para, a partir de la realidad de cada oficina judicial, introducir de manera progresiva instrumentos que reorientan el patrón de gestión existente en cada plaza hacia un modelo de calidad.

Estos equipos, que incluyen a jueces, fiscales, letrados de la administración de Justicia y funcionarios, analizan de qué manera se gestiona la Justicia y cuáles son los resultados obtenidos, cuáles son los puntos fuertes y qué áreas sería necesario mejorar.

UNA AUDITORÍA PARA UN PLAN DE CALIDAD

Es una auditoría en toda regla imprescindible para conocer la situación de partida de cada oficina y elaborar un plan de calidad específico adaptado.

Para este diagnóstico, que recoge las percepciones y valoraciones de los colectivos vinculados a las oficinas judicial y fiscal, hemos aplicado el modelo de Evaluación, Aprendizaje y Mejora en la Administración Pública (EVAM) de la Agencia Estatal de Evaluación y Calidad (AEVAL), herramienta de diagnosis que proporciona recomendaciones y orientaciones prácticas para su mejora, lo que permitirá avanzar en la mejora gradual de las oficinas judiciales y fiscales a través de la aplicación de criterios de calidad.

Instrumento fundamental para ello es la autoevaluación conforme a modelos de excelencia, un proceso de reflexión colectiva sobre la organización en el que, insisto, están representados todos los operadores jurídicos. Autoevaluación porque es el personal que desarrolla sus funciones en las oficinas judicial o fiscal quien la realiza.

Sus conclusiones permitirán elaborar mapas de procesos administrativos, elemento básico para la implantación de sistemas de calidad.

En cierta manera, los protagonistas de la administración judicial se apropian así del proceso de implantación de modelos de calidad.

Es, no me cabe duda, la herramienta más potente para identificar puntos débiles o áreas de mejora y generar los correspondientes planes de perfeccionamiento.

MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD

A continuación, será necesario implantar sistemas de medición de la actividad porque una organización que no mide lo que hace no puede mejorar, ya que desconoce que está haciendo bien o mal, e implantar modelos de excelencia requiere fijar indicadores que permitan conocer los resultados.

Es un mecanismo que generará además información útil para la toma de decisiones por parte del ministerio, de las secretarías de gobierno de los tribunales superiores, de la Fiscalía y de otros ámbitos de gestión.

Queremos impulsar también programas de calidad complementarios que mejoren la relación de las oficinas con los usuarios de la Justicia.

Hay que potenciar el sistema de quejas y sugerencias, redactar cartas de servicios que recojan los compromisos de calidad que la organización asume más allá de las obligaciones normativas, e introducir mecanismos de análisis de las demandas y el nivel de satisfacción de los ciudadanos.

UN SERVICIO PÚBLICO DE CALIDAD

Como servicio público que es, la Justicia debe aspirar a ser un servicio de calidad bien valorado por la ciudadanía.

Por eso perseguimos una administración accesible, fiable, segura y con capacidad de respuesta, eficaz y eficiente, preparada para incorporar las expectativas y valoraciones que efectúan sus usuarios.

En el segundo semestre del año, y a la vista de los resultados obtenidos en tres experiencias piloto que queremos poner en marcha de inmediato, estaríamos en condiciones de acometer la implantación progresiva de la gestión de calidad en todas las oficinas judiciales y fiscales del territorio gestionado por el ministerio.

El elemento culminante del proceso será la certificación del nivel de excelencia de la administración de Justicia.

No es un fin en sí mismo: el objetivo final es la mejora continua de la organización, no la obtención de una certificación.

Pero sirve para reconocer el trabajo y esfuerzo realizado por la organización para mejorar sus servicios a los ciudadanos.

Esta nuclear implicación de los profesionales de la Justicia en los proyectos del ministerio para su mejora es también la estrategia utilizada en el plan de modernización.  Es, insisto, un radical cambio de paradigma en la política judicial desarrollada hasta la fecha.

Y reitero que ya no tiene marcha atrás.

En resumen, queremos capacitar a todos los trabajadores de la Administración de Justicia para que mejoren de forma continua y participativa sus procesos organizativos con el objetivo de satisfacer o exceder las expectativas de los usuarios.

Sentenció sir Francis Bacon que «si no preservamos la Justicia, la Justicia no nos preservará a nosotros».

No hay mejor forma de preservar la Justicia que mejorarla, y la mejor manera de mejorarla es implicándonos todos los que estamos a su servicio.

O, lo que es lo mismo, al servicio de los ciudadanos.