Juan Carlos Campo (PSOE), María Jesús Moro (PP), José Ignacio Prendes (Ciudadanos) y Jaume Moya (Unidos Podemos-En Comú Podem-En Mareas), los portavoces de los principales grupos mayoritarios.
El sistema de elección de los vocales jueces del CGPJ truncó una Legislatura que pudo hacer historia
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28/2/2019 06:15
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Actualizado: 28/2/2019 16:46
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Porque fue, sin duda, eso lo que trunco la Subcomisión para el estudio y la definición de una Estrategia Nacional de Justicia, creada, en marzo de 2017, en el marco de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, con ese objetivo.
La salida de su seno del Grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Mareas, en diciembre de 2017, primero, argumentando que no era más que «una mera operación de maquillaje», la de Ciudadanos, en enero de 2018, reivindicando la elección de los vocales jueces por votación directa y secreta por sus 5.500 compañeros después.
Y la del PSOE, al filo del 1 de marzo de 2018 hicieron que lo que debía ser un Pacto consensuado para la reforma de la Justicia se quedara en agua de borrajas.
El texto final, 103 propuestas divididas en cuatro bloques: agilización y reorganización de la Justicia, profesionalización, justicia para las perosnas, acorde con la realidad social y fortalecimiento de la independencia del poder judicial, fue aprobado con los votos del PP y el PNV solo.
Sin embargo, hay que reconocer que parte de aquellas propuestas se han hecho realidad merced a la aprobación de la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Eso ha sido posible gracias al trabajo y al entendimiento personal de los portavoces de los cuatro principales partidos en esa comisión: María Jesús Moro, por el PP, doctora en derecho, profesora titular de derecho civil en la Universidad de Salamanca y directora del Grupo de Investigación sobre Derecho y Nuevas Tecnologías; Juan Carlos Campo, por el PSOE, magistrado, exsecretario de Estado de Justicia y exvocal del Consejo General del Poder Judicial -uno de los grandes expertos y conocedores del planeta justicia-, Jaume Moya, diputado de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Mareas; y José Ignacio Prendes, Ciudadanos, vicepresidente del Congreso y abogado.
Y es de justicia reconocerlo
Buena parte de esas propuestas han formado parte de la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada el pasado mes de diciembre, que enterró el «presidencialismo» dentro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y le devolvió su espíritu organizativo colegiado, potenciando el Pleno y reduciendo el poder de la Comisión Permanente.
También introduce medidas para impedir el «dedazo», confiriendo al CGPJ la responsabilidad de elegir a los hombres y mujeres que opten a cargos gubernativos partiendo de unos baremos objetivos que tienen que elaborar para que sea lo más objetivo posible.
Son dos meros ejemplos.
También hay unanimidad en la necesidad de aprobar un nuevo código procesal penal que sustituya al que escribió de su puño y letra don Manuel Alonso Martínez, a la sazón ministro de Gracia y Justicia, que es como se llamaba esa cartera en 1882, cuando lo materializó con el nombre de Ley de Enjuiciamiento Criminal. Una Ley que tiene ya 137 años. Casi nada.
Y la elaboración de un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, reconociendo su independencia jurídica y económica del Gobierno, así como la elección del fiscal general del Estado de una forma más consensuada que en la actualidad, que lo elige el partido del Gobierno.
Sin olvidar la reforma estructural de la Administración de Justicia, sobre la que existen soluciones, como el Plan Estratégico de Modernización que el último ministro socialista del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Francisco Caamaño, puso en práctica. Ahí está, con Campo, su impulsor, para ser reactivado. Es una idea.
El dilema que se presenta ahora
Las próximas elecciones, como es de esperar, va a suponer un tsunami para muchos. Y un cambio de caras y de responsables. También en Justicia. Si eso ocurriera sería una auténtica tragedia.
El conocimiento acumulado no sólo por los cuatro diputados mencionados, también por Mikel Legarda, del Grupo Vasco, Lourdes Ciuró, del PdeCat, o Carolina Telechea, del Grupo de Esquerra Republicana, junto con el resto de los miembros de la Comisión, representa un acerbo a preservar para aprobar en «próximo curso» la asignatura pendiente de la Justicia.
¿Será la definitiva? El futuro no está escrito. Pero debería. Porque esto es difícil que se aguante por mucho tiempo sin afectar a la calidad democrática de nuestro sistema político.
Y eso, al margen, de la renovación obligada del órgano de gobierno de los jueces.
La Comisión de Justicia, hoy, en el bar del Congreso, en la foto final; en el centro, la presidenta, Isabel Rodríguez.
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