El lehendakari Íñigo Urkullu, el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau declararán hoy como testigos en el juicio del ‘procés’. Hay citados 10.
El primero en comparecer es Urkullu, a quien le preguntarán sobre si llegó a ejercer como mediador entre el Gobierno y el ejecutivo autonómico catalán de Carles Puigdemont para la celebración del referéndum ilegal del 1-0, como afirmó el consejero del Interior Joaquim Forn.
Esto fue negado por el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ayer, durante su declaración.
A preguntas de Jordi Pina, el abogado de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sánchez, Rajoy reconoció que sí se había visto con Urkullu.
“¿Que si me vi con Urkullu? Sí, y con mucha más gente», contestó el expresidente.
“Pero aquí no ha habido mediador de ningún tipo. Me llamó mucha gente. A muchos los vi personalmente y con otros hablé por teléfono. Nunca hubo negociación alguna. El Gobierno lo ha advertido desde 2012”, aclaró.
Tras Urkullu comparecerán el diputado de ERC Gabriel Rufián, el exparlamentario catalán Albano Dante-Fachín y el expresidente del Parlamento catalán Ernest Benach, y Ada Colau, que está previsto sea la última persona en declarar antes del receso del mediodía.
Rufián y Dante-Fachín participaron en la movilización del 20-S frente a la Consejería de Economía catalana.
Por la tarde declararán el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido; el exportavoz de En Comú Podem Xavier Domènech; el secretario general de Trabajo de la Generalitat, Josep Ginesta; el secretario de Asuntos Sociales y Familia, Francesc Iglesias; y el director del Catsalut, Adrià Comella.
El testimonio de Zoido es, junto al de Urkullu, uno de los más esperados. En su caso por la ‘operación Copérnico’ y la actuación policial el 1 de octubre de 2017.
Ayer la actuación policial el 1-O ocupó parte parte de las declaraciones de Rajoy y de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría. Ambos manifestaron que no habían participado en el diseño del operativo policial.
Rajoy dijo que «si no se hubiera convocado un referéndum ilegal, esas lesiones no se habrían producido».
“También vi violencia hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los hoteles en los que se hospedaban. Hacia los órganos judiciales… Una situación impropia de una democracia avanzada”, señaló.
Sáenz de Santamaría también afirmó que “si no se hubiese llamado masivamente a la gente a votar” durante el referéndum para que actuaran “como murallas humanas”, no se habrían producido “algunas imágenes” de cargas policiales.
Durante el interrogatorio del abogado Andreu Van Den Eynde, defensa de Oriol Junqueras y Raül Romeva, la exvicepresidenta destacó que la actuación policial “evitó circunstancias mucho más graves” que podían haber ocurrido “bajo responsabilidad de la Generalitat”, ya que a posteriori conocieron que habían tenido informes en los que habían sido advertidos de que podían tener lugar episodios de violencia durante el 1-O.
Van Den Eynde insistió varias veces en si vio imágenes de policías o guardias civiles agrediendo a ciudadanos y Santamaría terminó contestando que ese día vio, como cualquier otra persona, “imágenes que no son agradables a la vista”, aunque también ha destacado que 93 policías tuvieron que ser atendidos.
“Son 307 menos de los que dijo”, apuntó el letrado, en referencia a las primeras cifras que facilitó el Gobierno de Rajoy sobre agentes heridos el 1-O.
“Fuimos depurando las cifras. Y que fueran atendidos, fueron 93”, replicó Santamaría.
UNA DELEGACIÓN DE EURODIPUTADOS ASISTE HOY COMO PÚBLICO
Una delegación de 13 eurodiputados y diputados de varios estados miembros de la Unión Europea (UE) asiste hoy al juicio del ‘procés’.
El Tribunal Supremo rechazó reservar espacio específico para observadores internacionales en la sala donde se celebra el juicio, como reclamaban las defensas, porque el juicio es televisado en directo y mediante ‘streaming‘.
“La consecuencia inmediata es que todo ciudadano que quiera convertirse en observador, nacional o internacional, del desarrollo del juicio podrá hacerlo. Y no en el limitado número de cinco que sugiere la defensa”, señalaron los magistrados.
De acudir a seguir el juicio, será de público, como hará esta delegación.
Esquerra comunicó al Supremo la visita de estos eurodiputados, y pidió que se le asignaran dos asientos -como se han asignado al Parlamento vasco, al catalán y al Congreso-.
Desde el Alto Tribunal se le contestó que tiene que ser el Parlamento el que lo pida, y por ahora no ha formalizado la petición.
Los miembros de esta delegación han dicho que este juicio político «no solo es un asunto interno de España, sino que tiene una clara dimensión europea, ya que choca con valores fundamentales de la UE, como la democracia, la libertad de expresión, la libertad de reunión y el derecho a la participación política».
La delegación está integrada por miembros de la Plataforma de Diálogo UE-Cataluña, diputados de la Red Parlamentaria de Grupos de Amistad con Cataluña, el presidente del Consejo Ejecutivo de Córcega, Gilles Simeoni, y el diputado francés Paul Molac.
Acuden los eurodiputados José Bove (Greens- EFA), Mark Demesmaeker (ECR), María Lidia Senra (GUE/NGL), Jordi Solé (Greens- EFA), Indrek Tarand (Greens- EFA), Josep-Maria Terricabras (Greens- EFA), Ramon Tremosa (ALDE) y Marie-Pierre Vieu (GUE / NGL), así como los diputados Magni Arge (Dinamarca), Pelle Dragsted (Dinamarca) y Peter Luykx (Flandes), entre otros.
