La Fiscalía Anticorrupción pide 50 años y siete meses de prisión para el expresidente de la empresa semipública de venta de armas Defex José Ignacio Encinas Charro. Es uno de los 27 acusados por la operación de presunta venta irregular de armas de Defex a Angola por más de 152 millones de euros.
El Ministerio Público ha presentado hoy su escrito de conclusiones provisionales, en el que reclama para ellos penas de entre 2 y 50 años, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, malversación, apropiación indebida, blanqueo de capitales, falsedad documental, corrupción en las transacciones comerciales internacionales y organización criminal.
También acusa a tres sociedades, Defex, Comercial Cueto y Global Reach, para las que pide más de 390 millones de euros en multas.
Entre los acusados también están el director comercial de Defex Manuel Iglesias Sarria Fernández de Navarrete -primo hermano del cantante Julio Iglesias-, para quien solicita otros 50 años y siete meses de cárcel, y Beatriz García Paesa, sobrina del célebre espía Francisco Paesa, que fue la consultora que firmó aquellos contratos, para quien pide 50 años de prisión.
La misma pena la solicita para el CEO de Comercial Cueto, Juan Carlos Cueto; 44 años y 7 meses para el exdirector financiero de Defex Enrique Gómez Cuesta y otros 44 años para su homóloga en Comercial Cueto, Icíar de Yraola.
Otro de los acusados es el coronel retirado Ángel María Larumbe, que en aquella época era el director de Operaciones de Defex, para el que el Ministerio Público pide 35 años de cárcel.
MULTAS
La Fiscalía Anticorrupción pide que se condene a DEFEX a multas por encima de los 315 millones de euros, para Comercial Cueto solicita una responsabilidad que en total supera los 382,1 millones, y para Global Reach, una sanción de 9,1 millones.
La de Angola es una de las numerosas piezas que ha investigado la Audiencia Nacional sobre contratos de venta de armas a cargo de Defex en diferentes países. En concreto, se trata de contratos firmados en 2008 por la Unión Temporal de Empresas (UTE) Cueto-Defex y el comando general de Policía Nacional de Angola de suministro de equipamientos y material policial por importe superior a los 152 millones de euros (152.991.438), cuyo coste de ejecución fue de algo más de 59 millones (59.165.070), el 38,6%, y el beneficio obtenido de casi 94 millones (93.826.368), el 61,3%.
Los investigados habrían destinado a las empresas sólo una parte del beneficio y el resto se habría dedicado tanto a pagar comisiones a autoridades y funcionarios públicos angoleños, como al beneficio propio mediante una «estructura compleja» de empresas pantalla.
Según señala la Fiscalía, en 2008 Defex y Comercial Cueto decidieron constituir una Unión Temporal de Empresas para la obtención y ejecución del contrato de suministro de material policial al Comando General de Policía Nacional de Angola.
«A los efectos de conseguir este contrato público y dos operaciones comerciales más sin contrato, así como la validación de su ejecución, los acusados pagaron comisiones por importe superior a seis millones de euros, regalos por importe superior a dos millones y medio de euros, gratificaciones, operaciones quirúrgicas y asistencias médicas, estancias hoteleras y servicio con conductor, y sumas de dinero transferidas a Suiza, Angola, Islas Cayman, Portugal, Italia y Francia, a autoridades y funcionarios públicos de aquel país y sus familiares», detalla.
Además de la operación antes citada, el Ministerio Público indica esta UTE también «realizó dos operaciones comerciales sin contrato con la Policía angoleña, concretamente con la Unidad de Seguridad Presidencial».
Indica que una fue de suministro de material policial a la Unidad de Seguridad Presidencial por la visita del Papa en 2009, por importe de 1.952.082 euros. Señala que en este caso, el coste de la operación fue de 911.854 euros (46,71%), y el beneficio obtenido de 1.040.228 euros (53,29%).
La otra, según explica, fue de suministro de inhibidores a la Unidad de Seguridad Presidencial en 2011, por importe de 1.975.171 euros. Señala que el coste de esta operación fue de 763.348 euros (38,65%), y el beneficio obtenido de 1.211.822 euros (61,35%).
CAMERÚN
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata también imputó el pasado 30 de enero a Defex como persona jurídica, y a su director comercial Manuel Iglesias Sarriá por la operativa de contratación y facturación desarrollada para conseguir contratos públicos de forma irregular en Camerún mediante supuestamente el pago de comisiones ilícitas a autoridades y funcionarios públicos del país africano.
