El fiscal del juicio en el que se está enjuiciando al expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, por los delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, no secundó la decisión del tribunal de la Audiencia Nacional de ponerlo en libertad sin fianza, junto a su socio, Joan Besolí.
El tribunal, presidido por Concepción Espejel -presidenta, a su vez, de la Sala de lo Penal-, tomó esa decisión en consideración a que llevaban en prisión provisional 21 meses.
En 30 días cumplirían el máximo de prisión preventiva, la cual habría podido prolongarse por otros dos años, hasta los 4, que es el máximo para delitos por los que tienen que responder los encausados y para los que el Ministerio Fiscal solicita penas de 11 y 10 años respectivamente.
Contrariamente a la idea que se ha generalizado, el fiscal del caso, José Javier Polo, mantuvo su oposición a la excarcelación, según ha podido saber Confilegal de fuentes jurídicas.
«La prisión provisional no afecta a la imparcialidad ni al derecho de defensa», afirmó el fiscal durante la vista, lo que quedó grabado en formato audiovisual, argumentó en su defensa de que permaneciera en la cárcel.
Además, el tribunal tiene en su poder los dos escritos del Ministerio Fiscal solicitando que se mantuvier la prisión provisional hasta después del juicio, que se espera que termine el 27 de marzo, y se conozca la sentencia.
De acuerdo con dichas fuentes, la prisión provisional se puede modificar en cualquier momento.
Lo normal es que sea antes o después del juicio.
Lo insólito ha sido que la decisión tomada por el tribunal, durante el juicio.
El caso ha tenido, desde su inicio, tres fiscales encargados, Vicente González Mota, que desde 2017 está destinado en La Haya, en Eurojust, como experto nacional para el contraterrorismo; María Antonia Sanz, que el pasado año fue nombrada teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, y ahora José Javier Polo, exfiscal jefe de Madrid, a quien le corresponde elaborar las conclusiones al final del juicio.
Un cometido que es solo suyo.
Rosell y Besolí, a los que el tribunal les ha retirado el pasaporte, tienen la obligación de asistir a todas y cada una de las sesiones del juicio y a comparecer ante el Juzgado o la comisaría más cercana a su residencia los primeros y terceros lunes de cada mes.
