La letrada judicial Montserrat del Toro, que fue interrogada ayer en el Tribunal Supremo, ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Guardia de Barcelona por los mensajes publicados en redes sociales, junto con su imagen, que incitan de forma expresa al ejercicio de la violencia física sobre su persona, además de ser ofensivos y vejatorios.
La denuncia ha caído, finalmente, en el Juzgado de Instrucción 16 de Barcelona, que ha abierto diligencias previas.
Del Toro declaró ayer en la causa que está enjuiciando al exvicepresidente de la Generalitat, 8 exconsejeros, la expresidenta del parlamento autonómico y a dos líderes de asociaciones independentistas, acusados de delitos que van de la rebelión, la malversación de fondos públicos hasta la desobediencia.
La letrada judicial fue la funcionaria que dirigió el registro de la Consejería de Economía del gobierno autonómico, el 20 de septiembre de 2017, que llevó a cabo un grupo de la Policía Judicial de la Guardia Civil y que se vio atrapada en el interior por una multitud coordinada y organizada a través de los móviles.
Antes de declarar pidió al tribunal que hiciera una excepción con ella y que no transmitiera su imagen porque tenía miedo, ya que podrían reconocerla en Barcelona, y hacer su vida más difícil.
El presidente del tribunal, Manuel Marchena, accedió a su petición y sus declaraciones fueron cubiertas, en imagen, por planos de la sala y de las partes.
Determinados individuos independentistas respondieron poco después, en las redes, publicando su foto junto con mensajes ofensivos y soeces.
EL FISCAL SUPERIOR DE CATALUÑA Y LA FISCAL JEFE DE BARCELONA HABÍAN ABIERTO DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN
Antes de que Del Toro presentara su denuncia, el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres Santos, había abierto unas diligencias de investigación sobre dichos hechos, lo mismo que la fiscal jefe de Barcelona, Concepción Talón.
Con ese fin, Bañeres había ordenado a los Mossos d’Esquadra que investigaran para identificar «a sus autores materiales» con el fin de interrogarlos como investigados para, si así procede, ejercer «las acciones correspondientes».
«Los aludidos mensajes, además de incompatibles con los mínimos estándares de convivencia exigibles en una sociedad pretendidamente democrática, constituyen una execrable reacción con relación a la actuación de la señora Toro en el referido procedimiento judicial», decía dicho decreto.
Desde el punto de vista del Ministerio Fiscal, pueden ser «constitutivos del delito de obstruccióna la justicia, prevenido en el artículo 464 del Código Penal, y ello sin perjuicio de la eventual comisión de otros como los de descubrimiento y revelación de secretos (artículo 197 del Código Penal) e injurias con publicidad a funcionario público (artículos 208, 211 y 215 del Código Penal)», añade.
La denuncia presentada por Del Toro judicializa el caso por lo que las mencionadas diligencias de investigación quedan en suspenso al asumir el juez de instrucción que le corresponda la investigación.
