La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCL) de paralizar cautelarmente la caza, al suspender tanto la orden como el reglamento, agrava el ya de por sí existente y generalizado problema de despoblación y abandono de lo rural de esta Comunidad Autónoma, ha advertido la abogada Pilar Martínez, socia directora del bufete que lleva su nombre, especializado en medioambiental y urbanismo.
A su juicio, el TSJCL debería haber impuesto una caución, tal y como establece la ley -que es lo habitual-, teniendo en cuenta que el daño económico infringido por esta decisión va a ser de 11 millones de euros, según cálculos realizados por la Junta de Castilla y León.
Los perjuicios económicos son tanto para la Administración Pública (cobro de canon de la caza y otros ingresos derivados de la misma), como para los particulares titulares de los cotos (cacerías contratadas) y también para los aficionados en general.
“Lo más sorprendente es el tipo de argumentos en que basa el Auto es la no imposición de esta caución cuando afirma, por un lado, que la actora (el Partido Animalista) defiende el interés de toda la sociedad y, por otro, que su situación económica no puede permitirse una caución», explica Martínez.
«Es decir, para el tribunal, el interés más necesitado de protección es el de la conservación de la fauna silvestre, que no ha demostrado la actora, por encima incluso de los derechos ya consolidados de las personas titulares de derechos de caza, en el momento en que va a iniciarse la campaña de caza mayor; y, por otro lado, la situación económica del Partido Animalista resulta de mayor relevancia que el interés económico de la población de la zona y de la Administración pública de la Junta de Castilla León”, añade.
MULTIPLICACIÓN DE NORMAS PROTECCIONISTAS
La abogada afirma que en España las normas proteccionistas se han multiplicado en los últimos años.
“En paralelo, los lobos, los jabalíes, los conejos y otros animales se han convertido en una verdadera plaga y en un problema para quienes viven del campo, que se ven desamparados, puesto que no se les compensa por la aportación que se les exige, la entrega gratuita de su patrimonio privado, en beneficio del llamado interés público de la protección”, puntualiza Martínez.
En su opinión, el sistema de pago de daños por animales salvajes es ineficaz y no proporcionado al daño que causan a la población rural.
“Mientras ven que se reparte dinero público y se protege el interés económico de movimientos ecologistas, a quien nadie pide cuentas ni examina si su razón de ser es la defensa de intereses sociales o de intereses ideológicos y económicos propios”, remacha.
La abogada apercibe a los tribunales para que tengan en cuenta un problema serio y acuciante para el campo de Castilla y León y de España en general, como es la despoblación.
Y recuerda, asimismo, que la actividad cinegética está perfectamente controlada por una normativa específica, reglada y exigente.
Constituye, además, un medio de vida y sostén de una parte relevante de la zona rural que, de ver prohibida esta actividad tradicional y ancestral, tendría una nueva causa para el abandono.
Otro de los puntos en los que se basa la abogada para solicitar racionalidad a la hora de dictar sentencias relacionadas con las actividades tradicionales en el campo es que todas, incluyendo la caza, son fundamentales para el equilibrio de la naturaleza y el desarrollo del ecosistema.
